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¡Cómo te atreves!
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 24, 2010
Son mínimas -para no decir que nulas- las posibilidades de que Rodolfo Aguilar Gallegos llegue a formar parte del selecto grupo de consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (IFE). Su inscripción en esa competencia obedece a una burda maniobra curricular con la que pretende llamar la atención de aquellos medios de comunicación a los que centavea para que lo ensalcen y publiquen que tiene la estatura para ocupar un cargo de esa relevancia. La desvergüenza del actual presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC) no tiene límites y nos ofende, pues a pesar de su reprobable conducta al frente de este organismo, ahora se apunta para ocupar uno de los tres asientos que se disputan en el más alto organismo electoral del país, sin importarle que es el principal responsable de la degradación y envilecimiento de una Institución que se obtuvo tras una enorme esfuerzo del pueblo potosino.
Este siniestro personaje que desvirtuó la naturaleza ciudadana del CEEPC hasta convertirla en un changarro al servicio de los intereses de los dirigentes de los partidos políticos, se ha encargado de propagar que de 143 aspirantes al cargo pasó a la lista de los 20 finalistas que registran las mejores calificaciones. Lo que es totalmente falso porque hasta el próximo 30 de octubre se darán a conocer los nombres de los candidatos que obtuvieron los mejores resultados, y aún así, habrá otros filtros que no permitirán que individuos con los antecedentes de Aguilar incursionen en el Consejo General del IFE; por lo pronto, la convocatoria que lanzó la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside uno de los diputados de mayor prestigio y valor en México, el panista Javier Corral Jurado, invitó a los ciudadanos a denunciar los ilícitos e impedimentos de los candidatos, y aunque el término para presentar nuestras objeciones ya feneció, esto no nos impide entregarle al diputado chihuahuense un voluminoso expediente de las fechorías y atropellos del que ahora quiere saltar a otro puesto público que concluiría en el 2019.
De esta manera queremos colaborar con el presidente de la Comisión de Gobernación que trata de evitar, igual que algunos de sus 29 integrantes, que los partidos políticos se repartan una vez más esas posiciones como ha venido ocurriendo desde el segundo Consejo General que se designó, y procurar así que a estos cargos sólo accedan los ciudadanos más aptos e independientes, aquellos que tengan un prestigio que arriesgar para mejorar la confianza de los electores.
La mediocridad y falta de valor civil de la mayoría de los consejeros ciudadanos que lo acompañaron durante estos últimos 6 años en el CEEPC le permitieron que incurriera en una serie de conductas delictivas como las que a continuación exponemos y que estamos entregando, debidamente documentadas, a la Comisión que dictaminará la propuesta de los nuevos consejeros que se votará en el pleno de la Cámara de Diputados en fecha próxima.
Como era previsible, los candidatos del PRI y del PAN al gobierno del Estado se excedieron con mucho de los topes autorizados para los gastos de campaña. Se calcula conservadoramente que cada uno de ellos erogó hasta 4 veces más de lo permitido. Las autoridades electorales mansamente aceptaron las declaraciones de los partidos políticos, no obstante que estaban enterados de una serie de actividades que no declararon ni cuantificaron. La equidad democrática se perdió y era causa suficiente para que los tribunales declararan la invalidez de todo el proceso. Desde la contienda interna observamos que el CEEPC toleraría cualquier cifra, la que fuera, como la que presentó el PRI en la que aseguraba que la victoria de Toranzo le había costado 222 mil 600 pesos; o la de Zapata, en la que sus financiadores habían aportado 1 millón 225 mil pesos, cuando todos fuimos testigos del derroche que hubo. Sólo los 200 mil pendones que colgó Zapata en todo el territorio potosino para la elección del 5 de julio de 2009 se calcula que tuvieron un costo superior a los 14 millones de pesos, cuando el tope de su campaña no debía rebasar esa suma. En su cuenta pública del 2007 se le fincaron 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 que a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros.
Rodolfo Aguilar Gallegos, no pudo convencer con sus sospechas y chismes a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que borraran al licenciado Antonio Barrera Morales de su lista de propuestas para ocupar una de las magistraturas electorales de San Luis Potosí; aunque después consiguió que lo neutralizaran, reubicándolo en la Primera Sala de la zona del Altiplano, en la que pocos y triviales asuntos se ventilan. Su objetivo era eliminar a este incómodo personaje de quien sospecha es el autor intelectual que activó una campaña de desprestigio en su contra, a través del combativo navista Rafael Aguilar Fuentes.
Se le perdióel respeto y las consideraciones debidas, carece de la autoridad que demanda su posición, y es incapaz de hacer valer sus propios acuerdos. En varias de las sesiones del pleno del Consejo, los incidentes lo han rebasado, pues ha permitido las ofensas e insultos a su persona porque no sabe cómo hacerse respetar. En una sesión festejó los agravios que se le infirieron al “chiquilín” al que trataron de despojarlo de su ropa. Y nada hizo, sino festejarlo.
Se le detectó por parte de la Auditoría Superior del Estado un desvío de recursos por más de 5 millones de pesos que obsequió a los consejeros suplentes. La Procuraduría General de Justicia tiene entre sus pendientes la suerte de esa denuncia que presentó un ciudadano. Y con todo esto, y más, se atreve a aspirar a un cargo que para individuos de su calaña sería impensable.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 24, 2010
Son mínimas -para no decir que nulas- las posibilidades de que Rodolfo Aguilar Gallegos llegue a formar parte del selecto grupo de consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (IFE). Su inscripción en esa competencia obedece a una burda maniobra curricular con la que pretende llamar la atención de aquellos medios de comunicación a los que centavea para que lo ensalcen y publiquen que tiene la estatura para ocupar un cargo de esa relevancia. La desvergüenza del actual presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC) no tiene límites y nos ofende, pues a pesar de su reprobable conducta al frente de este organismo, ahora se apunta para ocupar uno de los tres asientos que se disputan en el más alto organismo electoral del país, sin importarle que es el principal responsable de la degradación y envilecimiento de una Institución que se obtuvo tras una enorme esfuerzo del pueblo potosino.
Este siniestro personaje que desvirtuó la naturaleza ciudadana del CEEPC hasta convertirla en un changarro al servicio de los intereses de los dirigentes de los partidos políticos, se ha encargado de propagar que de 143 aspirantes al cargo pasó a la lista de los 20 finalistas que registran las mejores calificaciones. Lo que es totalmente falso porque hasta el próximo 30 de octubre se darán a conocer los nombres de los candidatos que obtuvieron los mejores resultados, y aún así, habrá otros filtros que no permitirán que individuos con los antecedentes de Aguilar incursionen en el Consejo General del IFE; por lo pronto, la convocatoria que lanzó la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside uno de los diputados de mayor prestigio y valor en México, el panista Javier Corral Jurado, invitó a los ciudadanos a denunciar los ilícitos e impedimentos de los candidatos, y aunque el término para presentar nuestras objeciones ya feneció, esto no nos impide entregarle al diputado chihuahuense un voluminoso expediente de las fechorías y atropellos del que ahora quiere saltar a otro puesto público que concluiría en el 2019.
De esta manera queremos colaborar con el presidente de la Comisión de Gobernación que trata de evitar, igual que algunos de sus 29 integrantes, que los partidos políticos se repartan una vez más esas posiciones como ha venido ocurriendo desde el segundo Consejo General que se designó, y procurar así que a estos cargos sólo accedan los ciudadanos más aptos e independientes, aquellos que tengan un prestigio que arriesgar para mejorar la confianza de los electores.
La mediocridad y falta de valor civil de la mayoría de los consejeros ciudadanos que lo acompañaron durante estos últimos 6 años en el CEEPC le permitieron que incurriera en una serie de conductas delictivas como las que a continuación exponemos y que estamos entregando, debidamente documentadas, a la Comisión que dictaminará la propuesta de los nuevos consejeros que se votará en el pleno de la Cámara de Diputados en fecha próxima.
Como era previsible, los candidatos del PRI y del PAN al gobierno del Estado se excedieron con mucho de los topes autorizados para los gastos de campaña. Se calcula conservadoramente que cada uno de ellos erogó hasta 4 veces más de lo permitido. Las autoridades electorales mansamente aceptaron las declaraciones de los partidos políticos, no obstante que estaban enterados de una serie de actividades que no declararon ni cuantificaron. La equidad democrática se perdió y era causa suficiente para que los tribunales declararan la invalidez de todo el proceso. Desde la contienda interna observamos que el CEEPC toleraría cualquier cifra, la que fuera, como la que presentó el PRI en la que aseguraba que la victoria de Toranzo le había costado 222 mil 600 pesos; o la de Zapata, en la que sus financiadores habían aportado 1 millón 225 mil pesos, cuando todos fuimos testigos del derroche que hubo. Sólo los 200 mil pendones que colgó Zapata en todo el territorio potosino para la elección del 5 de julio de 2009 se calcula que tuvieron un costo superior a los 14 millones de pesos, cuando el tope de su campaña no debía rebasar esa suma. En su cuenta pública del 2007 se le fincaron 37 observaciones cuantitativas, de las cuales le borraron 15 que a juicio de los auditores quedaban aclaradas. El ocultamiento de los ilícitos de la cuenta pública de Aguilar fracasó porque un grupo de indignados auditores no lo permitió al filtrar a “Pulso” el trabajo que habían realizado algunos de sus compañeros.
Rodolfo Aguilar Gallegos, no pudo convencer con sus sospechas y chismes a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que borraran al licenciado Antonio Barrera Morales de su lista de propuestas para ocupar una de las magistraturas electorales de San Luis Potosí; aunque después consiguió que lo neutralizaran, reubicándolo en la Primera Sala de la zona del Altiplano, en la que pocos y triviales asuntos se ventilan. Su objetivo era eliminar a este incómodo personaje de quien sospecha es el autor intelectual que activó una campaña de desprestigio en su contra, a través del combativo navista Rafael Aguilar Fuentes.
Se le perdióel respeto y las consideraciones debidas, carece de la autoridad que demanda su posición, y es incapaz de hacer valer sus propios acuerdos. En varias de las sesiones del pleno del Consejo, los incidentes lo han rebasado, pues ha permitido las ofensas e insultos a su persona porque no sabe cómo hacerse respetar. En una sesión festejó los agravios que se le infirieron al “chiquilín” al que trataron de despojarlo de su ropa. Y nada hizo, sino festejarlo.
Se le detectó por parte de la Auditoría Superior del Estado un desvío de recursos por más de 5 millones de pesos que obsequió a los consejeros suplentes. La Procuraduría General de Justicia tiene entre sus pendientes la suerte de esa denuncia que presentó un ciudadano. Y con todo esto, y más, se atreve a aspirar a un cargo que para individuos de su calaña sería impensable.