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Información reservada
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 21, 2012
Son tan pocas las inversiones de los potosinos en los parques industriales de la capital y de Villa de Reyes que nuestra economía depende –en gran medida- de la iniciativa de los empresarios extranjeros y de otras regiones del país que invierten y arriesgan sus capitales en San Luis. Se calcula que son más de 80 mil las personas que trabajan en esta área, más los miles de empleos indirectos que se crean alrededor de esta actividad. Sin la zona industrial seríamos un pueblote de poca relevancia y con una población que no alcanzaría ni los 300 mil habitantes; por eso, se le debe de dar a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), encargada de crear las condiciones necesarias para alentar la inversión y el establecimiento de nuevas industrias, toda la importancia que se merece.
El 27 de abril de 2011, el gobierno de Guanajuato anunció que la fábrica de motores Mazda se instalaría en el municipio de Salamanca, con una inversión de 500 millones de dólares y que generaría 3 mil empleos. Para esto, el gobierno de esa entidad les había donado un terreno de 340 hectáreas con todos los servicios municipales y acceso a las vías de ferrocarril, más otros apoyos y subsidios. Nada teníamos que hacer en esta competencia. De cualquier manera nos dimos a la tarea de averiguar qué tanto le habíamos ofrecido a los japoneses y por qué habían desechado nuestra invitación. La instalación de Mazda en San Luis habría contribuido a resarcir la deteriorada imagen que la mayoría de los potosinos tiene del gobierno del doctor Fernando Toranzo, que no ha podido despegar ni realizar una obra o acción que impacte nuestra economía. El hecho era que los guanajuatenses nos habían ganado, una vez más, una detonante inversión en el ramo de la industria automotriz.
El 14 de julio de 2011 le solicitamos a la SEDECO que nos entregara una copia de los compromisos que el gobierno de San Luis había hecho, en la que se anexara la documentación relacionada con los antecedentes de la negociación y los subsidios ofrecidos a Mazda, así como el comunicado, si lo había, de su no aceptación. También le solicitamos en esa misma fecha una copia del convenio firmado con la empresa L’Oreal, en el que se detallaran las facilidades y ventajas ofrecidas, que en este caso se comprometía a construir su planta en San Luis. La gestión iniciada por el gobierno de Marcelo de los Santos había tenido éxito, la firma francesa de productos colorantes para el cabello invertiría en su segunda planta en México, 50 millones de dólares y crearía 400 empleos directos. El gobierno del Estado nunca informó de los apoyos que le otorgó a la nueva empresa para que eligiera San Luis. La Auditoría Superior del Estado no auditó la cuenta pública de la SEDECO correspondiente a ese ejercicio. Se suscribieron cláusulas de confidencialidad en el convenio que los obligaba a guardar el secreto, aunque más tarde nos enteramos por la prensa internacional que el gobierno estatal la apoyaría con becas de capacitación en el extranjero para los trabajadores potosinos que se iban a contratar, y que además le habían otorgado beneficios fiscales con cargo al paupérrimo municipio de Villa de Reyes, donde se instalaría, para que no le cobraran la licencia de construcción, el traslado de dominio y que gozaría de importantes reducciones en el pago del impuesto predial. De esta manera le cancelaba a ese municipio un ingreso histórico que le habría permitido mejorar los servicios que presta a la comunidad. El gobierno del Estado nunca precisó el monto de su contribución, ni informó si por su cuenta habían corrido el pago del terreno y las obras de infraestructura que se requerían.
Para concretar ésta y otras operaciones se violentó la Constitución del Estado, pues los diputados aprobaron en una sesión celebrada el 28 de febrero de 2011, una iniciativa del Presidente Municipal de Villa de Reyes, no del Ayuntamiento que es el que tiene derecho a iniciar un proceso legislativo, en la que reformaba su Ley de Ingresos, exentando a las macro empresas que se instalaran en ese lugar, durante 10 años, del pago del impuesto predial y otras contribuciones, con lo que de nueva cuenta se violaba la Constitución federal y estatal que prohíben expresamente estas afectaciones tributarias, ya que sólo pueden estar exentos de impuestos territoriales los bienes del dominio público de la federación, estados y municipios.
Después de un largo litigio en contra de la SEDECO para que nos entregara la información solicitada, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), siempre sumisa y haciendo méritos para que le incrementen su presupuesto, resolvió el pasado 27 de septiembre que nuestros agravios eran infundados y que la Secretaría estaba en lo correcto al habernos negado la copia del convenio y haber clasificado la información como reservada. Prevalecieron las cláusulas de confidencialidad que se convinieron con las empresas que el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de acceder a la información pública del gobierno.
La CEGAIP consideró que difundir esta información podría causarle perjuicio a los intereses públicos del Estado y le podría complicar las negociaciones con otras empresas. Ni siquiera en el caso de L’Oreal que recibió recursos públicos se ordenó la entrega de una versión pública del documento con el monto y concepto de los gastos que se cubrieron por cuenta del erario. Fue tan obsequiosa la CEGAIP con la SEDECO, que aunque resolvió modificar el acuerdo de reserva, la mantuvo como estaba redactada, conminándola inútilmente para que citara de manera precisa los preceptos legales en que apoyó su reserva, y le dio 10 días para que expresara correctamente las causas y los nombres de las personas que serían afectadas si se daba a conocer la información que solicitamos; con la incongruente advertencia de que una vez que hiciera la modificación se determinaría lo conducente respecto a la clasificación de la información que ya para entonces había quedado reservada. En pocas palabras: se contradijo, se rindió a las presiones y se le hizo bolas el engrudo.
Octubre 21, 2012
Son tan pocas las inversiones de los potosinos en los parques industriales de la capital y de Villa de Reyes que nuestra economía depende –en gran medida- de la iniciativa de los empresarios extranjeros y de otras regiones del país que invierten y arriesgan sus capitales en San Luis. Se calcula que son más de 80 mil las personas que trabajan en esta área, más los miles de empleos indirectos que se crean alrededor de esta actividad. Sin la zona industrial seríamos un pueblote de poca relevancia y con una población que no alcanzaría ni los 300 mil habitantes; por eso, se le debe de dar a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), encargada de crear las condiciones necesarias para alentar la inversión y el establecimiento de nuevas industrias, toda la importancia que se merece.
El 27 de abril de 2011, el gobierno de Guanajuato anunció que la fábrica de motores Mazda se instalaría en el municipio de Salamanca, con una inversión de 500 millones de dólares y que generaría 3 mil empleos. Para esto, el gobierno de esa entidad les había donado un terreno de 340 hectáreas con todos los servicios municipales y acceso a las vías de ferrocarril, más otros apoyos y subsidios. Nada teníamos que hacer en esta competencia. De cualquier manera nos dimos a la tarea de averiguar qué tanto le habíamos ofrecido a los japoneses y por qué habían desechado nuestra invitación. La instalación de Mazda en San Luis habría contribuido a resarcir la deteriorada imagen que la mayoría de los potosinos tiene del gobierno del doctor Fernando Toranzo, que no ha podido despegar ni realizar una obra o acción que impacte nuestra economía. El hecho era que los guanajuatenses nos habían ganado, una vez más, una detonante inversión en el ramo de la industria automotriz.
El 14 de julio de 2011 le solicitamos a la SEDECO que nos entregara una copia de los compromisos que el gobierno de San Luis había hecho, en la que se anexara la documentación relacionada con los antecedentes de la negociación y los subsidios ofrecidos a Mazda, así como el comunicado, si lo había, de su no aceptación. También le solicitamos en esa misma fecha una copia del convenio firmado con la empresa L’Oreal, en el que se detallaran las facilidades y ventajas ofrecidas, que en este caso se comprometía a construir su planta en San Luis. La gestión iniciada por el gobierno de Marcelo de los Santos había tenido éxito, la firma francesa de productos colorantes para el cabello invertiría en su segunda planta en México, 50 millones de dólares y crearía 400 empleos directos. El gobierno del Estado nunca informó de los apoyos que le otorgó a la nueva empresa para que eligiera San Luis. La Auditoría Superior del Estado no auditó la cuenta pública de la SEDECO correspondiente a ese ejercicio. Se suscribieron cláusulas de confidencialidad en el convenio que los obligaba a guardar el secreto, aunque más tarde nos enteramos por la prensa internacional que el gobierno estatal la apoyaría con becas de capacitación en el extranjero para los trabajadores potosinos que se iban a contratar, y que además le habían otorgado beneficios fiscales con cargo al paupérrimo municipio de Villa de Reyes, donde se instalaría, para que no le cobraran la licencia de construcción, el traslado de dominio y que gozaría de importantes reducciones en el pago del impuesto predial. De esta manera le cancelaba a ese municipio un ingreso histórico que le habría permitido mejorar los servicios que presta a la comunidad. El gobierno del Estado nunca precisó el monto de su contribución, ni informó si por su cuenta habían corrido el pago del terreno y las obras de infraestructura que se requerían.
Para concretar ésta y otras operaciones se violentó la Constitución del Estado, pues los diputados aprobaron en una sesión celebrada el 28 de febrero de 2011, una iniciativa del Presidente Municipal de Villa de Reyes, no del Ayuntamiento que es el que tiene derecho a iniciar un proceso legislativo, en la que reformaba su Ley de Ingresos, exentando a las macro empresas que se instalaran en ese lugar, durante 10 años, del pago del impuesto predial y otras contribuciones, con lo que de nueva cuenta se violaba la Constitución federal y estatal que prohíben expresamente estas afectaciones tributarias, ya que sólo pueden estar exentos de impuestos territoriales los bienes del dominio público de la federación, estados y municipios.
Después de un largo litigio en contra de la SEDECO para que nos entregara la información solicitada, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), siempre sumisa y haciendo méritos para que le incrementen su presupuesto, resolvió el pasado 27 de septiembre que nuestros agravios eran infundados y que la Secretaría estaba en lo correcto al habernos negado la copia del convenio y haber clasificado la información como reservada. Prevalecieron las cláusulas de confidencialidad que se convinieron con las empresas que el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de acceder a la información pública del gobierno.
La CEGAIP consideró que difundir esta información podría causarle perjuicio a los intereses públicos del Estado y le podría complicar las negociaciones con otras empresas. Ni siquiera en el caso de L’Oreal que recibió recursos públicos se ordenó la entrega de una versión pública del documento con el monto y concepto de los gastos que se cubrieron por cuenta del erario. Fue tan obsequiosa la CEGAIP con la SEDECO, que aunque resolvió modificar el acuerdo de reserva, la mantuvo como estaba redactada, conminándola inútilmente para que citara de manera precisa los preceptos legales en que apoyó su reserva, y le dio 10 días para que expresara correctamente las causas y los nombres de las personas que serían afectadas si se daba a conocer la información que solicitamos; con la incongruente advertencia de que una vez que hiciera la modificación se determinaría lo conducente respecto a la clasificación de la información que ya para entonces había quedado reservada. En pocas palabras: se contradijo, se rindió a las presiones y se le hizo bolas el engrudo.