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¿Dónde quedó la bolita?
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 14, 2010
Consulte la Cuenta Pública del Estado 2009
Lo más destacado del informe de la cuenta pública estatal del 2009 es el capítulo relativo al crédito de los 1,500 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizó al ex gobernador Marcelo de los Santos unos días antes de que concluyera su mandato, porque no se justificó el destino que se le dio a esos recursos que se desviaron para sanear y regularizar las finanzas públicas, y no se aplicaron en inversiones públicas productivas que previamente tenían que haberse desglosado y justificado con un estudio técnico, social y financiero de cada una de las obras proyectadas. Haber pagado pasivos que supuestamente se originaron por inversiones de esta naturaleza, contraviene el artículo 56 fracción III de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, así como otras disposiciones legales porque no se pueden contraer compromisos sin previa autorización presupuestal, esto es que deben existir los recursos para cubrirlos. Es muy contundente la observación que en este sentido invoca el gobierno de Fernando Toranzo que tiene que hacerla valer por conducto de su órgano de fiscalización.
Esta indicación obliga también al Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Mayorga, -que se ha caracterizado como un encubridor de los ilícitos de los funcionarios públicos- a confirmarla en el dictamen que tendrá que presentar al pleno del Congreso del Estado antes del próximo 16 de junio. La desviación de recursos públicos es un delito que debe ser castigado. Los diputados de la anterior Legislatura tienen una enorme responsabilidad en este asunto porque le entregaron a Marcelo de los Santos un cheque en blanco al no exigirle que detallara y justificara lo que quería hacer con el dinero. Les bastó que les dijera que se destinaría a cumplir con obligaciones financieras que había contraído su gobierno en inversiones públicas productivas para que mansamente aprobaran el dictamen. Hasta el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara, pudo chamaquearlos con el cuento de que la línea de crédito de los 1,500 millones contratada se reduciría considerablemente pues pronto recibirían 300 millones por el producto de la venta de los Invernaderos de Santa Rita que se abonarían íntegros a la deuda, sin reparar que el decreto legislativo que autorizaba la enajenación de esos activos no permitía que los recursos se destinaran al pago de pasivos. Y fue más lejos con sus mentiras, pues les aseguró que el gobierno federal compensaría una buena parte de los recortes que habían originado el déficit presupuestal con la aportación extraordinaria de unos 600 millones de pesos que se recibirían antes de que concluyera el ejercicio fiscal, de tal manera que el siguiente gobierno podría disponer de inmediato de 900 millones de pesos para iniciar sus propias obras.
Con todo y los 1,500 millones de pesos que supuestamente se utilizaron para tapar algunos de los hoyos provocados por esa desastrosa administración, el informe de la cuenta pública reporta que Marcelo de los Santos nos dejó $929,595.000.00 de pasivos generados por insuficiencias presupuestales que deben ser observados. Habrá que investigar por qué se eligió a Banco del Bajío como opción para que otorgara el último crédito, que sólo por la apertura de esa operación se embolsó una comisión de más de 8 millones de pesos, pues los intereses que cobra están muy por arriba de los que se generan en Banorte, que es el banco acreedor que detenta el resto de la deuda pública estatal, ya que el primer banco cobra una tasa del TIIE+2.00%, mientras que en el segundo es de TIIE+0.45%.
El gobierno del doctor Fernando Toranzo puede a través de su contralor general, Alfonso Anaya, fincarle observaciones cuantitativas y cualitativas a las cuentas del ex gobernador por los ilícitos detectados, independientemente de lo que resuelva la ASE, pero no se atreve, no obstante, que los torancistas se quejan de las dificultades que tuvieron que superar para identificar el destino que se le dio a ese crédito por la inmediata dispersión de los recursos en diversas cuentas bancarias, lo que ocurrió –según relatan- inmediatamente después de que se depositó el dinero en sus cuentas por Banco del Bajío; con el que se cubrieron los cheques que ya habían sido expedidos para entregarlos a sus beneficiarios. Esta información nos indica que se conocen los conceptos e identidades de los destinatarios finales del préstamo, y que como no quedó legalmente justificado su destino se resisten a contabilizarlo como un ingreso propio de ese ejercicio, por eso, en las páginas 23, 58 y 65 del informe, no lo suman a los otros ingresos que se generaron en el 2009, como se puede consultar enwww.proyectotabano.com.mx. Sin embargo, más adelante, en la página 83, contraviniendo su postura original suman los 1,500 millones de pesos a los otros ingresos para conciliarlos con los egresos al 31 de diciembre de ese año, lo que vuelve a ocurrir en la página 89 con el informe consolidado del estado de ingresos y egresos. Todo esto es tan enredado y confuso, como aquel juego que consistía en adivinar en dónde había quedado la bolita que aparecía y desaparecía en uno o en otro de los tres cucuruchos que exhibía el prestidigitador arriba de una mesa. Como tampoco suman a la contabilidad gubernamental, sin explicación alguna, los ingresos que se obtuvieron en el 2009 por la venta de los productos agrícolas de los Invernaderos de Santa Rita, pues los 411 millones de pesos que reporta la cuenta de “productos”, que es el rubro en el que deberían estar enlistados, se refiere a otras entradas que nada tienen que ver con esta empresa.
Finalmente nunca nos informaron de dónde tomaron los 100 millones de pesos que necesitaban para cumplir con los compromisos más apremiantes del ejercicio que terminaba, -a menos que todo hubiera sido un teatro- pues al 31 de diciembre de 2009, como consta en la página 92 del informe de la cuenta pública estatal, el gobierno de Toranzo disponía de más de 1 mil 717 millones en caja, bancos e inversiones en valores a la vista.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 14, 2010
Consulte la Cuenta Pública del Estado 2009
Lo más destacado del informe de la cuenta pública estatal del 2009 es el capítulo relativo al crédito de los 1,500 millones de pesos que el Congreso del Estado le autorizó al ex gobernador Marcelo de los Santos unos días antes de que concluyera su mandato, porque no se justificó el destino que se le dio a esos recursos que se desviaron para sanear y regularizar las finanzas públicas, y no se aplicaron en inversiones públicas productivas que previamente tenían que haberse desglosado y justificado con un estudio técnico, social y financiero de cada una de las obras proyectadas. Haber pagado pasivos que supuestamente se originaron por inversiones de esta naturaleza, contraviene el artículo 56 fracción III de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, así como otras disposiciones legales porque no se pueden contraer compromisos sin previa autorización presupuestal, esto es que deben existir los recursos para cubrirlos. Es muy contundente la observación que en este sentido invoca el gobierno de Fernando Toranzo que tiene que hacerla valer por conducto de su órgano de fiscalización.
Esta indicación obliga también al Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Mayorga, -que se ha caracterizado como un encubridor de los ilícitos de los funcionarios públicos- a confirmarla en el dictamen que tendrá que presentar al pleno del Congreso del Estado antes del próximo 16 de junio. La desviación de recursos públicos es un delito que debe ser castigado. Los diputados de la anterior Legislatura tienen una enorme responsabilidad en este asunto porque le entregaron a Marcelo de los Santos un cheque en blanco al no exigirle que detallara y justificara lo que quería hacer con el dinero. Les bastó que les dijera que se destinaría a cumplir con obligaciones financieras que había contraído su gobierno en inversiones públicas productivas para que mansamente aprobaran el dictamen. Hasta el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara, pudo chamaquearlos con el cuento de que la línea de crédito de los 1,500 millones contratada se reduciría considerablemente pues pronto recibirían 300 millones por el producto de la venta de los Invernaderos de Santa Rita que se abonarían íntegros a la deuda, sin reparar que el decreto legislativo que autorizaba la enajenación de esos activos no permitía que los recursos se destinaran al pago de pasivos. Y fue más lejos con sus mentiras, pues les aseguró que el gobierno federal compensaría una buena parte de los recortes que habían originado el déficit presupuestal con la aportación extraordinaria de unos 600 millones de pesos que se recibirían antes de que concluyera el ejercicio fiscal, de tal manera que el siguiente gobierno podría disponer de inmediato de 900 millones de pesos para iniciar sus propias obras.
Con todo y los 1,500 millones de pesos que supuestamente se utilizaron para tapar algunos de los hoyos provocados por esa desastrosa administración, el informe de la cuenta pública reporta que Marcelo de los Santos nos dejó $929,595.000.00 de pasivos generados por insuficiencias presupuestales que deben ser observados. Habrá que investigar por qué se eligió a Banco del Bajío como opción para que otorgara el último crédito, que sólo por la apertura de esa operación se embolsó una comisión de más de 8 millones de pesos, pues los intereses que cobra están muy por arriba de los que se generan en Banorte, que es el banco acreedor que detenta el resto de la deuda pública estatal, ya que el primer banco cobra una tasa del TIIE+2.00%, mientras que en el segundo es de TIIE+0.45%.
El gobierno del doctor Fernando Toranzo puede a través de su contralor general, Alfonso Anaya, fincarle observaciones cuantitativas y cualitativas a las cuentas del ex gobernador por los ilícitos detectados, independientemente de lo que resuelva la ASE, pero no se atreve, no obstante, que los torancistas se quejan de las dificultades que tuvieron que superar para identificar el destino que se le dio a ese crédito por la inmediata dispersión de los recursos en diversas cuentas bancarias, lo que ocurrió –según relatan- inmediatamente después de que se depositó el dinero en sus cuentas por Banco del Bajío; con el que se cubrieron los cheques que ya habían sido expedidos para entregarlos a sus beneficiarios. Esta información nos indica que se conocen los conceptos e identidades de los destinatarios finales del préstamo, y que como no quedó legalmente justificado su destino se resisten a contabilizarlo como un ingreso propio de ese ejercicio, por eso, en las páginas 23, 58 y 65 del informe, no lo suman a los otros ingresos que se generaron en el 2009, como se puede consultar enwww.proyectotabano.com.mx. Sin embargo, más adelante, en la página 83, contraviniendo su postura original suman los 1,500 millones de pesos a los otros ingresos para conciliarlos con los egresos al 31 de diciembre de ese año, lo que vuelve a ocurrir en la página 89 con el informe consolidado del estado de ingresos y egresos. Todo esto es tan enredado y confuso, como aquel juego que consistía en adivinar en dónde había quedado la bolita que aparecía y desaparecía en uno o en otro de los tres cucuruchos que exhibía el prestidigitador arriba de una mesa. Como tampoco suman a la contabilidad gubernamental, sin explicación alguna, los ingresos que se obtuvieron en el 2009 por la venta de los productos agrícolas de los Invernaderos de Santa Rita, pues los 411 millones de pesos que reporta la cuenta de “productos”, que es el rubro en el que deberían estar enlistados, se refiere a otras entradas que nada tienen que ver con esta empresa.
Finalmente nunca nos informaron de dónde tomaron los 100 millones de pesos que necesitaban para cumplir con los compromisos más apremiantes del ejercicio que terminaba, -a menos que todo hubiera sido un teatro- pues al 31 de diciembre de 2009, como consta en la página 92 del informe de la cuenta pública estatal, el gobierno de Toranzo disponía de más de 1 mil 717 millones en caja, bancos e inversiones en valores a la vista.