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¿La hora de los duros?
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 13, 2010
El encarcelamiento de dos de los colaboradores más cercanos y fieles del ex gobernador Marcelo de los Santos: Joel Azuara y Humberto Picharra, así como el proceso penal al que estarán sometidos durante los próximos años, coloca al director de la Casa de la Moneda, a su partido y a otros funcionarios de su administración, que también han sido señalados como posibles huéspedes de La Pila, en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Hay que reconocer que este golpe, espectacular e inesperado, le permitirá al gobierno del doctor Fernando Toranzo jalar aire fresco y reposicionarse en el ánimo de muchos potosinos decepcionados por su inoperancia y por su falta de oficio político. Es evidente que la línea dura de su cónyuge, la doctora María Luisa Ramos Segura; de Horacio Sánchez Unzueta; de Juan José Rodríguez y de su hermano Martín, influyó en el ánimo del médico para convencerlo a actuar de esta manera. Como sea, se ha de sentir bastante incómodo con sus ex compañeros de gabinete por la decisión que tomó, pues no es fácil hacer a un lado los lazos de amistad y convivencia que tuvo con ellos durante más de cinco años.
Nos extraña que los delitos que se le fincaron a los dos ex funcionarios hayan quedado reducidos únicamente al ejercicio indebido de las funciones públicas, con el que coincido, y que se da, pues la querella se refiere a una presunta afectación al erario por 19 millones 100 mil pesos, derivada de un contrato de arrendamiento de un helicóptero que si se hubiera comprado se hubieran podido ahorrar todo ese dinero. Realmente se me hace muy endeble la acusación habiendo tantos otros temas de donde escoger; como el destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos; o los pasivos y compromisos por 16,200 millones, que seguramente el gobierno de Marcelo de los Santos no podrá justificar; o el préstamo indebido de 70 millones que se otorgó al Grupo Santos; o las garantías fiduciarias que afectaron el patrimonio inmobiliario del INVIES para garantizar el pago de un préstamo por 290 millones que solicitaron los 10 constructores a los que se les asignó el primer paquete de casas de Ciudad Satélite; o los subsidios que el ex secretario de Finanzas autorizó discrecionalmente sin tener atribuciones, y que le causaron una merma millonaria al Estado; o por el enriquecimiento inexplicable de éste; o por la alteraciones de los decretos legislativos que sirvieron para dar como garantía las participaciones federales en la última reestructuración de la deuda pública; o porque el ex oficial mayor ocultó una serie de vuelos injustificados en la bitácora que dio a conocer, y que una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones desmintió; en fin, son tantos y tantos los delitos que se pueden armar en una buena averiguación que involucre a éstos y a otros ex empleados del gobierno de Marcelo de los Santos, que me da la impresión de que esta acusación a lo mejor no prospera porque más bien parece reducirse a una mala decisión de tipo administrativo. No sabemos si en las siguientes horas el procurador le vaya sumar más elementos al expediente que estudia el juez segundo del ramo penal que resolverá el miércoles si dicta un auto de formal prisión o de soltura.
Creo que el otro delito, el de peculado, por el que también se les consigna, no está debidamente sustentado en la querella, porque éste se tipifica cuando un servidor público distrae de su objeto, para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los ha recibido en administración o en depósito. Los hechos, como lo planteó a la prensa el procurador Cándido Ochoa, no me parece que encuadren en esta figura. En todo caso se trataría de un cohecho, que es muy difícil de probar, y que se comete cuando el servidor público, por sí o por interpósita persona, solicita o recibe indebidamente, para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Sin embargo, se evitó que figurara el delito que a estos presuntos responsables les podría corresponder si se le agregara el nombre de cualquier otro involucrado, para que de esta manera no alcanzaran el beneficio de la libertad condicional. Me refiero al de asociación delictuosa, en su modalidad de pandillerismo, que es la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común, algún delito. Me parece que hay un especial interés en no involucrar a un tercero para que no se tipifique ese delito considerado como grave. Tan fácil que hubiera sido sumar a la querella al vendedor de la nave o a cualquier otro integrante del Comité de Adquisiciones que intervino en la adjudicación directa del helicóptero, ya que no hubo licitación porque consideraron que la compra o el arrendamiento del mueble era un asunto de seguridad que urgía resolver y no podía entretenerse en trámites burocráticos. Representaría un costo enorme para el prestigio del procurador y para Toranzo que el juez resolviera el próximo miércoles en el sentido de que no se comprobó el delito de peculado.
Hay otras dudas que es necesario analizar, como es el hecho de que el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, no haya señalado ninguna observación referente a este arrendamiento en los dictámenes de las auditorías que le practicó a las cuentas públicas del 2006, 2007 y 2008. Creo que lo más conveniente hubiera sido esperarse hasta que el contador, el contralor y el despacho de auditores externos rindan sus informes, para conocer qué es lo que observaron en el ejercicio 2009. Existe también una disposición en la Ley de Auditoría que no permite volver a revisar cuentas que ya fueron dictaminadas y sancionadas a menos que sobrevinieran nuevos elementos que no se tenían cuando se practicó la auditoría. Este argumento lo aplicó recientemente el Congreso del Estado para desechar el juicio político que los integrantes de Acción Ciudadana presentamos en contra de Marcelo de los Santos, pues la mayoría de nuestras acusaciones se referían a asuntos ocurridos en ejercicios anteriores.
Junio 13, 2010
El encarcelamiento de dos de los colaboradores más cercanos y fieles del ex gobernador Marcelo de los Santos: Joel Azuara y Humberto Picharra, así como el proceso penal al que estarán sometidos durante los próximos años, coloca al director de la Casa de la Moneda, a su partido y a otros funcionarios de su administración, que también han sido señalados como posibles huéspedes de La Pila, en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Hay que reconocer que este golpe, espectacular e inesperado, le permitirá al gobierno del doctor Fernando Toranzo jalar aire fresco y reposicionarse en el ánimo de muchos potosinos decepcionados por su inoperancia y por su falta de oficio político. Es evidente que la línea dura de su cónyuge, la doctora María Luisa Ramos Segura; de Horacio Sánchez Unzueta; de Juan José Rodríguez y de su hermano Martín, influyó en el ánimo del médico para convencerlo a actuar de esta manera. Como sea, se ha de sentir bastante incómodo con sus ex compañeros de gabinete por la decisión que tomó, pues no es fácil hacer a un lado los lazos de amistad y convivencia que tuvo con ellos durante más de cinco años.
Nos extraña que los delitos que se le fincaron a los dos ex funcionarios hayan quedado reducidos únicamente al ejercicio indebido de las funciones públicas, con el que coincido, y que se da, pues la querella se refiere a una presunta afectación al erario por 19 millones 100 mil pesos, derivada de un contrato de arrendamiento de un helicóptero que si se hubiera comprado se hubieran podido ahorrar todo ese dinero. Realmente se me hace muy endeble la acusación habiendo tantos otros temas de donde escoger; como el destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos; o los pasivos y compromisos por 16,200 millones, que seguramente el gobierno de Marcelo de los Santos no podrá justificar; o el préstamo indebido de 70 millones que se otorgó al Grupo Santos; o las garantías fiduciarias que afectaron el patrimonio inmobiliario del INVIES para garantizar el pago de un préstamo por 290 millones que solicitaron los 10 constructores a los que se les asignó el primer paquete de casas de Ciudad Satélite; o los subsidios que el ex secretario de Finanzas autorizó discrecionalmente sin tener atribuciones, y que le causaron una merma millonaria al Estado; o por el enriquecimiento inexplicable de éste; o por la alteraciones de los decretos legislativos que sirvieron para dar como garantía las participaciones federales en la última reestructuración de la deuda pública; o porque el ex oficial mayor ocultó una serie de vuelos injustificados en la bitácora que dio a conocer, y que una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones desmintió; en fin, son tantos y tantos los delitos que se pueden armar en una buena averiguación que involucre a éstos y a otros ex empleados del gobierno de Marcelo de los Santos, que me da la impresión de que esta acusación a lo mejor no prospera porque más bien parece reducirse a una mala decisión de tipo administrativo. No sabemos si en las siguientes horas el procurador le vaya sumar más elementos al expediente que estudia el juez segundo del ramo penal que resolverá el miércoles si dicta un auto de formal prisión o de soltura.
Creo que el otro delito, el de peculado, por el que también se les consigna, no está debidamente sustentado en la querella, porque éste se tipifica cuando un servidor público distrae de su objeto, para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los ha recibido en administración o en depósito. Los hechos, como lo planteó a la prensa el procurador Cándido Ochoa, no me parece que encuadren en esta figura. En todo caso se trataría de un cohecho, que es muy difícil de probar, y que se comete cuando el servidor público, por sí o por interpósita persona, solicita o recibe indebidamente, para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Sin embargo, se evitó que figurara el delito que a estos presuntos responsables les podría corresponder si se le agregara el nombre de cualquier otro involucrado, para que de esta manera no alcanzaran el beneficio de la libertad condicional. Me refiero al de asociación delictuosa, en su modalidad de pandillerismo, que es la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común, algún delito. Me parece que hay un especial interés en no involucrar a un tercero para que no se tipifique ese delito considerado como grave. Tan fácil que hubiera sido sumar a la querella al vendedor de la nave o a cualquier otro integrante del Comité de Adquisiciones que intervino en la adjudicación directa del helicóptero, ya que no hubo licitación porque consideraron que la compra o el arrendamiento del mueble era un asunto de seguridad que urgía resolver y no podía entretenerse en trámites burocráticos. Representaría un costo enorme para el prestigio del procurador y para Toranzo que el juez resolviera el próximo miércoles en el sentido de que no se comprobó el delito de peculado.
Hay otras dudas que es necesario analizar, como es el hecho de que el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, no haya señalado ninguna observación referente a este arrendamiento en los dictámenes de las auditorías que le practicó a las cuentas públicas del 2006, 2007 y 2008. Creo que lo más conveniente hubiera sido esperarse hasta que el contador, el contralor y el despacho de auditores externos rindan sus informes, para conocer qué es lo que observaron en el ejercicio 2009. Existe también una disposición en la Ley de Auditoría que no permite volver a revisar cuentas que ya fueron dictaminadas y sancionadas a menos que sobrevinieran nuevos elementos que no se tenían cuando se practicó la auditoría. Este argumento lo aplicó recientemente el Congreso del Estado para desechar el juicio político que los integrantes de Acción Ciudadana presentamos en contra de Marcelo de los Santos, pues la mayoría de nuestras acusaciones se referían a asuntos ocurridos en ejercicios anteriores.