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¿Qué quieren saber los potosinos?
Segunda parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 31, 2011
Uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción y fiscalizar el gasto público es obligando a las autoridades a transparentar sus operaciones, y para eso tenemos los ciudadanos el derecho constitucional de acceder a casi toda la información pública gubernamental. Son excepcionales los asuntos que no se pueden mostrar porque están clasificados como reservados o son confidenciales. En San Luis Potosí cada día son más las personas interesadas en indagar sus movimientos a través del Sistema Infomex, en su modalidad de acceso remoto a través del Internet, que indebidamente atiende la Contraloría General del gobierno del doctor Fernando Toranzo; la que mediante una supuesta falla técnica justificó que dejara de operar durante 17 días desapareciendo 835 respuestas emitidas por diferentes instancias del gobierno, las que Proyecto Tábano tuvo el tino de capturar y subir a su página web antes de que las borraran para que cualquier interesado pudiera consultarlas; por eso, es inaceptable que el contralor Alfonso Anaya Olalde contrate los servicios de una empresa especializada para recuperar la información cuando puede fácilmente obtenerla sin ningún costo aprovechando el trabajo de esta organización ciudadana que promueve la transparencia en la entidad.
Hay que reconocer que el derecho a husmear en los papales y recovecos del gobierno y obligarlo a que suelte la información solicitada nos cayó del cielo. No hubo movilizaciones ciudadanas ni luchas populares para lograr ese objetivo. Hace apenas 14 años el diputado panista Javier Corral Jurado presentó una iniciativa para regular a los medios de comunicación en la que introducía por primera vez el tema de la transparencia a través del derecho ciudadano de acceso a la información. Los grandes consorcios se le echaron encima y su propuesta quedó congelada. En el 2000 se celebró en Morelia un Congreso en el que ya no se tocó a los medios, y en cambio se definieron las bases de la transparencia gubernamental. En el 2002, en Oaxaca, se reunió un grupo de intelectuales con los directivos de los diarios y televisoras más influyentes del país para insistir y promover este tema. Ese mismo año, Sinaloa, Querétaro y Jalisco aprobaron las primeras leyes de la materia con enormes vacíos y errores. Unos meses después, el gobierno de Vicente Fox hizo otro tanto. Los lineamientos del Fondo Monetario Internacional influyeron para introducir esta figura en nuestra vida política. El 21 de marzo de 2003 entró en vigor la Ley de Transparencia para el Estado de San Luis Potosí, igualmente con muchas restricciones porque ni siquiera había una autoridad que garantizara su cumplimiento. En el 2004, la Legislatura en la que participé como diputado trabajó en una nueva Ley que se aprobó hasta el 30 de mayo de 2007, a la que se le han hecho algunas modificaciones, En el 2007, el gobierno de Felipe Calderón elevó a rango constitucional este derecho.
Hasta hace muy poco era impensable que las autoridades entregaran a cualquier solicitante algún tipo de información que pudiera exhibirlos; la vigilaban y ocultaban celosamente, y pobre de aquel que se atreviera a filtrarla a menos que alguien muy poderoso lo permitiera, y cuando esto ocurría era para exhibir los ilícitos de sus enemigos políticos. En la mayoría de los casos las investigaciones no se centraban en la gravedad del contenido de los documentos filtrados sino en la identidad del delator para castigarlo.
En mi colaboración de hace dos semanas mencionaba que no podíamos aceptar como valida la justificación oficial de que toda esa información se había perdido debido a una falla en los discos duros que se encuentran en el Centro Nacional de Supercomputo del IPICYT, y conjeturaba que más bien se estaba intentando esconder alguna información comprometedora para los intereses de algún funcionario que no le convenía difundir y que se había ido en el montón de papeles y datos publicados en ese período; y que ante tal situación habían decidido borrarla de la página oficial de Infomex mediante esta artimaña; y agregaba además, que para sostener mi tesis era necesario analizar algunas de las preguntas que formularon los usuarios durante esos días de oscuridad, así como las respuestas correspondientes para entender la razón del ocultamiento.
Pues bien, pueden ser varios los asuntos que originaron que el gobierno de Toranzo reaccionara de esta manera, entre los que podemos observar los siguientes: 1).- El señor Fernando Cortes Yazpec presentó el 12 y 13 de mayo, 52 solicitudes a otras tantas dependencias del gobierno potosino, en las que les pedía los contratos celebrados en el 2010 con todos los medios de comunicación, lo que, de haber sido atendidas, nos habría permitido enterarnos del monto que se les paga a cada uno por cubrir la fuente gubernamental. Varios de ellos reciben una generosa y discrecional cuota mensual por “cobertura noticiosa”, esto es, una remuneración para que hablen bien del gobierno. Tenemos conocimiento que el coordinador de Comunicación Social, Juan Antonio Hernández Varela, reunió a un grupo de funcionarios de la administración pública centralizada para anunciarles que, de ahora en adelante, una parte de los pagos a los medios los realizarían directamente aquellas dependencias que aparecieran en sus publicaciones -sin que exista para esto partida presupuestal que se los autorice-, y les advertía que los recursos en verdad saldrían de una de las tantas cuentas que maneja la administración pública. Posteriormente les informó el acuerdo anterior a los representantes de los medios. De esta manera no se enterarían unos de lo que facturan los otros, pues la disparidad en los pagos podría provocar inconformidades, ya que algunos medios, con muy poca difusión y credibilidad presentan para su cobro cuentas mucho más pesadas que otros con mayor tiraje y penetración. Puede ser también que Hernández Varela haya calculado que los observadores de la página de Infomex le darían seguimiento a este asunto que lo comprometía, lo que lo obligó a maniobrar para que tal cosa no ocurriera. El caso es que la caída del sistema borró todas las respuestas y ya no hay forma de que le vuelvan a contestar a peticionario.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 31, 2011
Uno de los instrumentos más efectivos para combatir la corrupción y fiscalizar el gasto público es obligando a las autoridades a transparentar sus operaciones, y para eso tenemos los ciudadanos el derecho constitucional de acceder a casi toda la información pública gubernamental. Son excepcionales los asuntos que no se pueden mostrar porque están clasificados como reservados o son confidenciales. En San Luis Potosí cada día son más las personas interesadas en indagar sus movimientos a través del Sistema Infomex, en su modalidad de acceso remoto a través del Internet, que indebidamente atiende la Contraloría General del gobierno del doctor Fernando Toranzo; la que mediante una supuesta falla técnica justificó que dejara de operar durante 17 días desapareciendo 835 respuestas emitidas por diferentes instancias del gobierno, las que Proyecto Tábano tuvo el tino de capturar y subir a su página web antes de que las borraran para que cualquier interesado pudiera consultarlas; por eso, es inaceptable que el contralor Alfonso Anaya Olalde contrate los servicios de una empresa especializada para recuperar la información cuando puede fácilmente obtenerla sin ningún costo aprovechando el trabajo de esta organización ciudadana que promueve la transparencia en la entidad.
Hay que reconocer que el derecho a husmear en los papales y recovecos del gobierno y obligarlo a que suelte la información solicitada nos cayó del cielo. No hubo movilizaciones ciudadanas ni luchas populares para lograr ese objetivo. Hace apenas 14 años el diputado panista Javier Corral Jurado presentó una iniciativa para regular a los medios de comunicación en la que introducía por primera vez el tema de la transparencia a través del derecho ciudadano de acceso a la información. Los grandes consorcios se le echaron encima y su propuesta quedó congelada. En el 2000 se celebró en Morelia un Congreso en el que ya no se tocó a los medios, y en cambio se definieron las bases de la transparencia gubernamental. En el 2002, en Oaxaca, se reunió un grupo de intelectuales con los directivos de los diarios y televisoras más influyentes del país para insistir y promover este tema. Ese mismo año, Sinaloa, Querétaro y Jalisco aprobaron las primeras leyes de la materia con enormes vacíos y errores. Unos meses después, el gobierno de Vicente Fox hizo otro tanto. Los lineamientos del Fondo Monetario Internacional influyeron para introducir esta figura en nuestra vida política. El 21 de marzo de 2003 entró en vigor la Ley de Transparencia para el Estado de San Luis Potosí, igualmente con muchas restricciones porque ni siquiera había una autoridad que garantizara su cumplimiento. En el 2004, la Legislatura en la que participé como diputado trabajó en una nueva Ley que se aprobó hasta el 30 de mayo de 2007, a la que se le han hecho algunas modificaciones, En el 2007, el gobierno de Felipe Calderón elevó a rango constitucional este derecho.
Hasta hace muy poco era impensable que las autoridades entregaran a cualquier solicitante algún tipo de información que pudiera exhibirlos; la vigilaban y ocultaban celosamente, y pobre de aquel que se atreviera a filtrarla a menos que alguien muy poderoso lo permitiera, y cuando esto ocurría era para exhibir los ilícitos de sus enemigos políticos. En la mayoría de los casos las investigaciones no se centraban en la gravedad del contenido de los documentos filtrados sino en la identidad del delator para castigarlo.
En mi colaboración de hace dos semanas mencionaba que no podíamos aceptar como valida la justificación oficial de que toda esa información se había perdido debido a una falla en los discos duros que se encuentran en el Centro Nacional de Supercomputo del IPICYT, y conjeturaba que más bien se estaba intentando esconder alguna información comprometedora para los intereses de algún funcionario que no le convenía difundir y que se había ido en el montón de papeles y datos publicados en ese período; y que ante tal situación habían decidido borrarla de la página oficial de Infomex mediante esta artimaña; y agregaba además, que para sostener mi tesis era necesario analizar algunas de las preguntas que formularon los usuarios durante esos días de oscuridad, así como las respuestas correspondientes para entender la razón del ocultamiento.
Pues bien, pueden ser varios los asuntos que originaron que el gobierno de Toranzo reaccionara de esta manera, entre los que podemos observar los siguientes: 1).- El señor Fernando Cortes Yazpec presentó el 12 y 13 de mayo, 52 solicitudes a otras tantas dependencias del gobierno potosino, en las que les pedía los contratos celebrados en el 2010 con todos los medios de comunicación, lo que, de haber sido atendidas, nos habría permitido enterarnos del monto que se les paga a cada uno por cubrir la fuente gubernamental. Varios de ellos reciben una generosa y discrecional cuota mensual por “cobertura noticiosa”, esto es, una remuneración para que hablen bien del gobierno. Tenemos conocimiento que el coordinador de Comunicación Social, Juan Antonio Hernández Varela, reunió a un grupo de funcionarios de la administración pública centralizada para anunciarles que, de ahora en adelante, una parte de los pagos a los medios los realizarían directamente aquellas dependencias que aparecieran en sus publicaciones -sin que exista para esto partida presupuestal que se los autorice-, y les advertía que los recursos en verdad saldrían de una de las tantas cuentas que maneja la administración pública. Posteriormente les informó el acuerdo anterior a los representantes de los medios. De esta manera no se enterarían unos de lo que facturan los otros, pues la disparidad en los pagos podría provocar inconformidades, ya que algunos medios, con muy poca difusión y credibilidad presentan para su cobro cuentas mucho más pesadas que otros con mayor tiraje y penetración. Puede ser también que Hernández Varela haya calculado que los observadores de la página de Infomex le darían seguimiento a este asunto que lo comprometía, lo que lo obligó a maniobrar para que tal cosa no ocurriera. El caso es que la caída del sistema borró todas las respuestas y ya no hay forma de que le vuelvan a contestar a peticionario.
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