Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
¿Y la deuda de Marcelo?
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 8, 2011
El interés que ha manifestado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por proteger las zonas más oscuras del gobierno del Estado, tanto de ésta como de la anterior administración, pone en riesgo la credibilidad y funcionamiento de ese organismo. Su injustificada y perezosa morosidad, así como lo arbitrario de varias de sus resoluciones han colmado la paciencia de algunos de los principales usuarios de este servicio. El caso más reciente es el de Jesús Piña Fraga, solicitante de información del sector educativo, quien se desistió de los 163 recursos de queja que había presentado, y que desde hacía siete meses estaban sin atender. La CEGAIP, a partir de ese momento, aplicó una inusitada velocidad y acordó el sobreseimiento de todos sus asuntos en un tiempo record de tres días.
Un caso más que exaspera a otro peticionario es la confirmación de inexistencia de la información relacionada con el adeudo que el Grupo Santos tiene con el Gobierno del Estado, ya que, aunque no obre en el expediente, es del dominio público que el gobernador Fernando Toranzo ha iniciado un procedimiento legal para la recuperación de esos recursos, lo que necesariamente implica la existencia de la documentación solicitada. Por si fuera poco, el propio Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, declaró a los medios de comunicación que los documentos existen, lo que se puede constatar en la página de Global Media, en la nota publicada el pasado 18 de abril, en donde es posible escuchar un audio y ver un video de Conde Mejía con las afirmaciones que se comentan. Para que la CEGAIP sea verdadera garante del derecho de acceso a la información pública no basta con limitarse a lo que obra en los expedientes, sino que debe estar atenta a las circunstancias generales que rodean a la información pública.
Pero continuando con el asunto del préstamo de los 1,500 millones de pesos que inicié en la entrega anterior, habría que señalar que el 16 de noviembre de 2010, presenté ante la CEGAIP un recurso de queja para que ese organismo revisara si se justificaba la clasificación de la información como reservada, pues no había duda de que la ASE contaba con la documentación, pues no puede reservar documentos que no obren en sus archivos. Aunque desde el 19 de noviembre de 2010 la CEGAIP requirió a la ASE su informe justificado con un plazo de tres días hábiles para presentarlo, fue hasta el 5 de enero de 2011 que se le “tuvo por recibido el oficio ASE-UI-113/2010 firmado por el Auditor Superior del Estado” y “se le tuvo por rendido en tiempo y forma el informe solicitado”. El 7 de enero, la ASE notificó al solicitante un nuevo acuerdo de su Comité de Información en el que determinó que “los registros contables a que alude la solicitud referida, es información generada por la Secretaría de Finanzas…, por lo cual este Comité de Información no es competente para proporcionar lo requerido, en virtud de no ser esta Autoridad quien genera la información solicitada”.
La Ley de Transparencia responsabiliza a los Entes Obligados de toda la información que poseen, no sólo de la que generan. Aquí comenzaba a configurarse la actuación condescendiente de la CEGAIP que, incluso, fue más allá: el 8 de febrero, 16 días hábiles después de que se le había vencido el término legal para resolver, los comisionados agregaron a los autos el oficio ASE-UI-06/2011 recibido el 12 de enero. Los actores de esta obra modificaban la escena anterior, pues ahora el motivo de la negativa a proporcionar la información cambiaba. Dejó de ser información reservada para convertirse en información que debía solicitarse a otra dependencia: la Secretaría de Finanzas. Este capítulo lo cerró la CEGAIP el 1 de marzo de 2011 con una resolución que favoreció la opacidad al dar la razón a la ASE, liberarla de la responsabilidad de hacer público un documento que reconoce que se encuentra en sus archivos y sobre el que basó sus observaciones. La clave de la historia se mantenía oculta.
La CEGAIP y la ASE lograron así un retiro momentáneo del escenario y dieron participación a Jesús Conde, a quien se le requirió la copia del documento que los dos actores afirmaron era el indicado para proporcionarlo. El 15 de marzo se le solicitó la información y respondió hasta el 14 de abril con un ofensivo enredo en el que intervienen tres personajes secundarios. Relatado en un oficio de respuesta sin número, la Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas (SF) expuso como primer personaje a Tomás Flores Aradillas, director de Contabilidad Gubernamental, quien se limitó a decir que en sus archivos no se encontraba ninguno de los dos documentos. Enseguida presenta a Rafael Rojas Borja, director General de Planeación y Presupuesto, quien afirma que tampoco cuenta con los documentos y éste señala a Flores Aradillas como el responsable de tener en sus archivos los registros contables y a Pedro Almendarez, contralor interno, como quien debe proporcionar el escrito de justificación. En su aparición, Almendarez reitera que Flores Aradillas es quien debe entregar la copia de los registros contables y aporta el escrito de justificación que Conde entregó a Mayorga.
El documento proporcionado resultó muy revelador porque Joel Azuara Robles, según cita Conde Mejía en el escrito, presentó a la ASE un informe en el que señaló que dejaron disponibles en bancos los más de 561 millones de pesos originados en el préstamo. La aclaración fue entregada a Mayorga el 4 de junio de 2010. Once días después, al presentar su Informe Final de Auditoría 2009, Mayorga hizo prevalecer el informe de Azuara Robles aun con el desmentido de Conde Mejía y plasmó la observación en la que responsabiliza a la actual administración de una aplicación irregular del 37.46% de los recursos del préstamo de los mil 500 millones de pesos. El espectáculo montado por el trío de la opacidad ha logrado su objetivo: los registros contables se mantienen en la oscuridad, pero siguen siendo la clave para dilucidar lo ocurrido.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 8, 2011
El interés que ha manifestado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por proteger las zonas más oscuras del gobierno del Estado, tanto de ésta como de la anterior administración, pone en riesgo la credibilidad y funcionamiento de ese organismo. Su injustificada y perezosa morosidad, así como lo arbitrario de varias de sus resoluciones han colmado la paciencia de algunos de los principales usuarios de este servicio. El caso más reciente es el de Jesús Piña Fraga, solicitante de información del sector educativo, quien se desistió de los 163 recursos de queja que había presentado, y que desde hacía siete meses estaban sin atender. La CEGAIP, a partir de ese momento, aplicó una inusitada velocidad y acordó el sobreseimiento de todos sus asuntos en un tiempo record de tres días.
Un caso más que exaspera a otro peticionario es la confirmación de inexistencia de la información relacionada con el adeudo que el Grupo Santos tiene con el Gobierno del Estado, ya que, aunque no obre en el expediente, es del dominio público que el gobernador Fernando Toranzo ha iniciado un procedimiento legal para la recuperación de esos recursos, lo que necesariamente implica la existencia de la documentación solicitada. Por si fuera poco, el propio Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, declaró a los medios de comunicación que los documentos existen, lo que se puede constatar en la página de Global Media, en la nota publicada el pasado 18 de abril, en donde es posible escuchar un audio y ver un video de Conde Mejía con las afirmaciones que se comentan. Para que la CEGAIP sea verdadera garante del derecho de acceso a la información pública no basta con limitarse a lo que obra en los expedientes, sino que debe estar atenta a las circunstancias generales que rodean a la información pública.
Pero continuando con el asunto del préstamo de los 1,500 millones de pesos que inicié en la entrega anterior, habría que señalar que el 16 de noviembre de 2010, presenté ante la CEGAIP un recurso de queja para que ese organismo revisara si se justificaba la clasificación de la información como reservada, pues no había duda de que la ASE contaba con la documentación, pues no puede reservar documentos que no obren en sus archivos. Aunque desde el 19 de noviembre de 2010 la CEGAIP requirió a la ASE su informe justificado con un plazo de tres días hábiles para presentarlo, fue hasta el 5 de enero de 2011 que se le “tuvo por recibido el oficio ASE-UI-113/2010 firmado por el Auditor Superior del Estado” y “se le tuvo por rendido en tiempo y forma el informe solicitado”. El 7 de enero, la ASE notificó al solicitante un nuevo acuerdo de su Comité de Información en el que determinó que “los registros contables a que alude la solicitud referida, es información generada por la Secretaría de Finanzas…, por lo cual este Comité de Información no es competente para proporcionar lo requerido, en virtud de no ser esta Autoridad quien genera la información solicitada”.
La Ley de Transparencia responsabiliza a los Entes Obligados de toda la información que poseen, no sólo de la que generan. Aquí comenzaba a configurarse la actuación condescendiente de la CEGAIP que, incluso, fue más allá: el 8 de febrero, 16 días hábiles después de que se le había vencido el término legal para resolver, los comisionados agregaron a los autos el oficio ASE-UI-06/2011 recibido el 12 de enero. Los actores de esta obra modificaban la escena anterior, pues ahora el motivo de la negativa a proporcionar la información cambiaba. Dejó de ser información reservada para convertirse en información que debía solicitarse a otra dependencia: la Secretaría de Finanzas. Este capítulo lo cerró la CEGAIP el 1 de marzo de 2011 con una resolución que favoreció la opacidad al dar la razón a la ASE, liberarla de la responsabilidad de hacer público un documento que reconoce que se encuentra en sus archivos y sobre el que basó sus observaciones. La clave de la historia se mantenía oculta.
La CEGAIP y la ASE lograron así un retiro momentáneo del escenario y dieron participación a Jesús Conde, a quien se le requirió la copia del documento que los dos actores afirmaron era el indicado para proporcionarlo. El 15 de marzo se le solicitó la información y respondió hasta el 14 de abril con un ofensivo enredo en el que intervienen tres personajes secundarios. Relatado en un oficio de respuesta sin número, la Unidad de Información de la Secretaría de Finanzas (SF) expuso como primer personaje a Tomás Flores Aradillas, director de Contabilidad Gubernamental, quien se limitó a decir que en sus archivos no se encontraba ninguno de los dos documentos. Enseguida presenta a Rafael Rojas Borja, director General de Planeación y Presupuesto, quien afirma que tampoco cuenta con los documentos y éste señala a Flores Aradillas como el responsable de tener en sus archivos los registros contables y a Pedro Almendarez, contralor interno, como quien debe proporcionar el escrito de justificación. En su aparición, Almendarez reitera que Flores Aradillas es quien debe entregar la copia de los registros contables y aporta el escrito de justificación que Conde entregó a Mayorga.
El documento proporcionado resultó muy revelador porque Joel Azuara Robles, según cita Conde Mejía en el escrito, presentó a la ASE un informe en el que señaló que dejaron disponibles en bancos los más de 561 millones de pesos originados en el préstamo. La aclaración fue entregada a Mayorga el 4 de junio de 2010. Once días después, al presentar su Informe Final de Auditoría 2009, Mayorga hizo prevalecer el informe de Azuara Robles aun con el desmentido de Conde Mejía y plasmó la observación en la que responsabiliza a la actual administración de una aplicación irregular del 37.46% de los recursos del préstamo de los mil 500 millones de pesos. El espectáculo montado por el trío de la opacidad ha logrado su objetivo: los registros contables se mantienen en la oscuridad, pero siguen siendo la clave para dilucidar lo ocurrido.