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La ruptura panista
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 20, 2010
La moderación en sus declaraciones y críticas era -hasta hace unos cuantos días- una de las características que distinguía al senador Alejandro Zapata Perogordo, pues lo más que se había atrevido a decirle al gobernador Fernando Toranzo, era que “no le hemos visto una definición que le permita dar rumbo al estado”, pero que “como persona no es negativo” (La Revista, edición número 134 del pasado mes de mayo). No inmiscuirse en los asuntos de su administración, ni en su momento, en los de Marcelo de los Santos, era una de las disciplinas que más practicaba el panista para no hacerse de enemigos y mantener sus buenas relaciones con la gente del poder. Se advertía que había habido un conveniente arreglo con su ex contrincante a la gubernatura que no le permitía comportarse como un verdadero opositor, hasta que el encanto de esa civilizada y tersa convivencia se rompió por el encarcelamiento de su amigo y ex tesorero Joel Azuara –pues la suerte de su compañero de celda, Humberto Picharra, no le importó un comino-, pero también le sirvió de bandera para justificar las lamentaciones y rasgaduras panistas que le permitirán formar un frente común con el director de la Casa de la Moneda, y consolidarse políticamente como líder indiscutible del PAN para un tercer intento por la gubernatura del Estado, pasando primero por la presidencial municipal capitalina (2012-2015). No hay que perder de vista que ninguno de los procesados se ha distinguido por su participación y fervor al partido, por eso, vemos tan artificial el apoyo desmesurado de los dirigentes y diputados panistas que lo que realmente les preocupa es que los priístas vayan por más.
Zapata Perogordo no se ha repuesto de los estragos de su derrota electoral que le caló hondo, profundamente hondo; y a quién no le calaría después de ir veinte puntos porcentuales por encima de su rival más cercano y perder la elección. Debe ser traumático. Haber derrochado tantos recursos, frustrado tantas ilusiones, y sentirse y comportarse como gobernador del Estado; y después nada, debe ser frustrante para un personaje con esa soberbia. No tuvo ni siquiera la oportunidad de chistar el resultado e impugnar el proceso electoral, porque no podía denunciar que el priísta le había hecho trampa al haberse excedido de los topes autorizados para los gastos de campaña, ya que él incurrió en el mismo ilícito. Así que prefirió callarse, regresar a su curul al senado y digerir con toda dignidad su fracaso. Ni siquiera cuando Marcelo de los Santos lo desbancó a la mala de la candidatura del PAN al gobierno del Estado en el 2003 había hecho tanto ruido, nunca lo habíamos visto tan radical y enojado como ahora. Soportó en silencio los embates de Eugenio Govea que contribuyeron en buena medida a su derrota. Pareció no importarle que el ex presidente municipal, Jorge Lozano, renunciara escandalosamente a su partido, con lo que procuró hacerle el mayor daño posible a sus aspiraciones. Por eso me extraña ahora la sobre reacción del senador en un asunto endeble y mal fundamentado, que más bien parece que se trata de una especie de arraigo judicial mientras que se integran otras averiguaciones derivadas de las observaciones que se le han hecho a la cuenta pública del 2009, pero que la justicia federal puede revertir en cualquier momento otorgándoles a los reos el amparo y protección que solicitan. Este es un asunto que puede tener mucho fondo si el gobierno de Toranzo se decidiera pronto a destapar la enorme cloaca de corrupción y despilfarro que caracterizó a la administració0n de su antecesor, y porque el senador, como pocos, sabe que la riqueza que exhibe su ex colaborador no corresponde ni remotamente a los ingresos que pudo haber ahorrado como funcionario público durante los doce años que se desempeñó, primero como tesorero municipal en dos trienios, y posteriormente, como encargado de las finanzas públicas en el sexenio de Marcelo de los Santos. Zapata fue el que lo sacó de un modesto despacho de contadores que atendía con un hermano de su esposa para llevárselo de tesorero. Aquí fue donde inició su prosperidad económica injustificada. El caso del otro ex funcionario detenido en el penal es muy distinto, se trata de un simple “firmón” que no se enriqueció en su puesto, pero que autorizaba todo lo que el ex gobernador le ponía enfrente. Por eso, en la defensa que hace de su amigo Joel y que analizaremos en la siguiente entrega no hace referencia alguna al ex oficial mayor, y justifica que el helicóptero se adquirió “mediante un arrendamiento financiero con un valor de 30 millones de pesos en total y para poderlo adquirir al final se tenían que pagar otros 7 millones, pues resulta –según consta en la versión estenográfica de la entrevista- que el gobierno no paga porque no le llegaron los recursos y queda a deber de esos 30 millones 7 de ellos, más otros 7 que tenía que pagar para que el helicóptero fuera propiedad del gobierno del estado, entonces se hace una renegociación”. Y agrega que “no son ni con mucho los 46 millones de pesos que dice el gobierno estatal, el que ha falseado las cosas”.
El pasado martes 15, un día antes de que el juez segundo penal dictara el auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios marcelistas, Zapata, acompañado por los dirigentes estatal y municipal de su partido, así como por los coordinadores de las bancadas panistas en la Cámara de Diputados y en el Congreso local; en un último y desesperado esfuerzo por presionar al gobernador para que se desistiera de sus acciones, convocaron a una rueda de prensa en la que el senador rompió con Toranzo y le dirigió acusaciones muy serias; acusaciones que para que hubieran tenido toda la fuerza y calidad moral que se requería debieron haberse planteado desde hace varios meses, cuando algunos medios de comunicación le insistían que opinara sobre diversos temas de la administración priísta, y que se rehusaba tocar o que trataba perimetralmente porque sabía que sus señalamientos podían molestar al gobernador.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 20, 2010
La moderación en sus declaraciones y críticas era -hasta hace unos cuantos días- una de las características que distinguía al senador Alejandro Zapata Perogordo, pues lo más que se había atrevido a decirle al gobernador Fernando Toranzo, era que “no le hemos visto una definición que le permita dar rumbo al estado”, pero que “como persona no es negativo” (La Revista, edición número 134 del pasado mes de mayo). No inmiscuirse en los asuntos de su administración, ni en su momento, en los de Marcelo de los Santos, era una de las disciplinas que más practicaba el panista para no hacerse de enemigos y mantener sus buenas relaciones con la gente del poder. Se advertía que había habido un conveniente arreglo con su ex contrincante a la gubernatura que no le permitía comportarse como un verdadero opositor, hasta que el encanto de esa civilizada y tersa convivencia se rompió por el encarcelamiento de su amigo y ex tesorero Joel Azuara –pues la suerte de su compañero de celda, Humberto Picharra, no le importó un comino-, pero también le sirvió de bandera para justificar las lamentaciones y rasgaduras panistas que le permitirán formar un frente común con el director de la Casa de la Moneda, y consolidarse políticamente como líder indiscutible del PAN para un tercer intento por la gubernatura del Estado, pasando primero por la presidencial municipal capitalina (2012-2015). No hay que perder de vista que ninguno de los procesados se ha distinguido por su participación y fervor al partido, por eso, vemos tan artificial el apoyo desmesurado de los dirigentes y diputados panistas que lo que realmente les preocupa es que los priístas vayan por más.
Zapata Perogordo no se ha repuesto de los estragos de su derrota electoral que le caló hondo, profundamente hondo; y a quién no le calaría después de ir veinte puntos porcentuales por encima de su rival más cercano y perder la elección. Debe ser traumático. Haber derrochado tantos recursos, frustrado tantas ilusiones, y sentirse y comportarse como gobernador del Estado; y después nada, debe ser frustrante para un personaje con esa soberbia. No tuvo ni siquiera la oportunidad de chistar el resultado e impugnar el proceso electoral, porque no podía denunciar que el priísta le había hecho trampa al haberse excedido de los topes autorizados para los gastos de campaña, ya que él incurrió en el mismo ilícito. Así que prefirió callarse, regresar a su curul al senado y digerir con toda dignidad su fracaso. Ni siquiera cuando Marcelo de los Santos lo desbancó a la mala de la candidatura del PAN al gobierno del Estado en el 2003 había hecho tanto ruido, nunca lo habíamos visto tan radical y enojado como ahora. Soportó en silencio los embates de Eugenio Govea que contribuyeron en buena medida a su derrota. Pareció no importarle que el ex presidente municipal, Jorge Lozano, renunciara escandalosamente a su partido, con lo que procuró hacerle el mayor daño posible a sus aspiraciones. Por eso me extraña ahora la sobre reacción del senador en un asunto endeble y mal fundamentado, que más bien parece que se trata de una especie de arraigo judicial mientras que se integran otras averiguaciones derivadas de las observaciones que se le han hecho a la cuenta pública del 2009, pero que la justicia federal puede revertir en cualquier momento otorgándoles a los reos el amparo y protección que solicitan. Este es un asunto que puede tener mucho fondo si el gobierno de Toranzo se decidiera pronto a destapar la enorme cloaca de corrupción y despilfarro que caracterizó a la administració0n de su antecesor, y porque el senador, como pocos, sabe que la riqueza que exhibe su ex colaborador no corresponde ni remotamente a los ingresos que pudo haber ahorrado como funcionario público durante los doce años que se desempeñó, primero como tesorero municipal en dos trienios, y posteriormente, como encargado de las finanzas públicas en el sexenio de Marcelo de los Santos. Zapata fue el que lo sacó de un modesto despacho de contadores que atendía con un hermano de su esposa para llevárselo de tesorero. Aquí fue donde inició su prosperidad económica injustificada. El caso del otro ex funcionario detenido en el penal es muy distinto, se trata de un simple “firmón” que no se enriqueció en su puesto, pero que autorizaba todo lo que el ex gobernador le ponía enfrente. Por eso, en la defensa que hace de su amigo Joel y que analizaremos en la siguiente entrega no hace referencia alguna al ex oficial mayor, y justifica que el helicóptero se adquirió “mediante un arrendamiento financiero con un valor de 30 millones de pesos en total y para poderlo adquirir al final se tenían que pagar otros 7 millones, pues resulta –según consta en la versión estenográfica de la entrevista- que el gobierno no paga porque no le llegaron los recursos y queda a deber de esos 30 millones 7 de ellos, más otros 7 que tenía que pagar para que el helicóptero fuera propiedad del gobierno del estado, entonces se hace una renegociación”. Y agrega que “no son ni con mucho los 46 millones de pesos que dice el gobierno estatal, el que ha falseado las cosas”.
El pasado martes 15, un día antes de que el juez segundo penal dictara el auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios marcelistas, Zapata, acompañado por los dirigentes estatal y municipal de su partido, así como por los coordinadores de las bancadas panistas en la Cámara de Diputados y en el Congreso local; en un último y desesperado esfuerzo por presionar al gobernador para que se desistiera de sus acciones, convocaron a una rueda de prensa en la que el senador rompió con Toranzo y le dirigió acusaciones muy serias; acusaciones que para que hubieran tenido toda la fuerza y calidad moral que se requería debieron haberse planteado desde hace varios meses, cuando algunos medios de comunicación le insistían que opinara sobre diversos temas de la administración priísta, y que se rehusaba tocar o que trataba perimetralmente porque sabía que sus señalamientos podían molestar al gobernador.