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Mayorga el Encubridor
Cuarta Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 20, 2011
¿Qué caso tiene rendir un dictamen de auditoría en el que se muestra de manera indubitable información contable falsa y pagos arbitrarios e irracionales que nadie atiende ni le da seguimiento? ¿Qué caso tiene presentar un informe con estas características en el que el auditor protege a los infractores, no les finca responsabilidades, ni se empeña en recuperar los recursos aplicados ilegalmente?
Existe información falsa en el informe final de la auditoría de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 2010 que el contador Héctor Mayorga entregó el 15 de junio al Congreso del Estado, que le resta credibilidad a su trabajo. Caso concreto es la parte relativa a la evaluación de la gestión financiera de la Secretaría de Finanzas a cargo de Jesús Conde Mejía, pues no sabemos a que información darle crédito y cual desechar o ignorar. El auditor reportó en la página 271 de su informe final que esa Secretaría manejó 174 cuentas bancarias en el ejercicio fiscal del 2010, cuando en realidad llevó 339 cuentas que se pueden consultar en la página electrónica de Proyecto Tábano. El 19 de febrero de 2011, la propia Secretaría de Finanzas detalló en un oficio los números de cuentas y bancos con los que opera, -principalmente con Banorte- que se obtuvo a través de un peticionario de información pública. ¿Qué valor le podemos dar ahora a ese informe si el auditor no contabilizó por dolo o por un error imperdonable 165 cuentas bancarias? ¿Qué saldos y qué movimientos se esconden en esos reportes? Es inútil pedirle al responsable de la fiscalización de los dineros públicos que justifique ese faltante; y menos en una sociedad en la que muy pocos participan en los asuntos públicos del estado. En la que los diputados y partidos de oposición sólo están preocupados por su futuro político y no por servir a la sociedad; y en la que los dirigentes de los organismos empresariales sólo se atreven a opinar y calificar timoratamente las actuaciones del Poder Legislativo, pero nunca las del gobernador del estado y sus secretarios por miedo a contrariarlos y caer de su gracia. Es tal su pasividad que después de varios años de que se lo propusieron no han podido instrumentar un método para evaluar técnica y políticamente el desempeño de los legisladores.
En este mismo capítulo el auditor observa los ilícitos con los que el secretario de finanzas administra los recursos que se le confían, pues denuncia un sobregiro en el saldo de 37 cuentas bancarias al expedir cheque sin fondos para su cobro. Más adelante informa que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, las cuentas e inversiones gubernamentales generaron intereses por un valor de $63,587,333 pesos, mismos–advierte- que se registraron en forma correcta en la contabilidad gubernamental; cuando en el cuarto y último informe financiero trimestral que entregó Jesús Conde al Congreso del Estado, reporta un ingreso anual por este concepto de tan sólo $50,442,000 pesos (página 7 del documento que se comenta).
En el informe final de la auditoría practicada a la Secretaríade Finanzas aparecen cifras y movimientos reveladoramente interesantes, como es el adeudo que tienen los cañeros desde el 2009 con el Gobierno del Estado por 70 millones de pesos, y que en la página 273 el auditor señala que el pasivo es a cargo de éstos y no del Grupo Santos de Monterrey, como se les había señalado. Mayorga no informa si ya se iniciaron las gestiones judiciales para recuperarlo como se comprometió el gobernador del estado, como tampoco anuncia si se le fincaron responsabilidades al ex funcionario culpable del desvío.
En auditor apunta en la página 274 de su informe que el despacho del gobernador del estado no ha comprobado el gasto de más de 2 millones de pesos de los que dispuso en ese ejercicio. Se registra un pasivo a corto plazo de casi 120 millones de pesos por concepto de impuestos retenidos por el Gobierno del Estado que no se han enterado al fisco federal. También se reporta un adeudo a la federación por 539 millones de pesos de anticipos de participaciones que se solicitaron y que habría que pagar en el mes de enero de 2011. A la Dirección de Pensiones se le deben 50 millones 755 mil pesos. Se redujo considerablemente la deuda con la Universidad Autónomade San Luis Potosí, pues según el informe queda un saldo pendiente por 5 millones 891 mil pesos. El servicio de la deuda pública –pago de capital e intereses- se redujo a 284 millones de pesos, apenas el 1.02% de los 27 mil 761 millones de pesos que ingresaron en el 2010. La reestructuración del préstamo de los 1,500 millones de pesos le permitió al gobierno de Fernando Toranzo transferir irresponsablemente el pago del capital que se adeuda a las siguientes administraciones.
Una buena parte de los 476 millones de pesos que supuestamente ingresaron por concepto del Impuesto sobre Nómina son virtuales porque el gobierno del estado es el principal contribuyente de este gravamen. Esto quiere decir que se saca el dinero de una bolsa y se lo mete a la otra. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas pagó 5 millones 703 mil pesos por este concepto. El auditor observa, como si se tratara de un suceso curioso y divertido, que en la Ley de Presupuesto de Ingresos del 2010 no se “contemplaron” 828 millones de pesos que reportarían el Hospital Central, el Centro de Producción Santa Rita y la Comisión Estataldel Agua. Señala también que algunas dependencias y organismos descentralizados no informaron a la Secretaría de Finanzas lo que recaudaron por concepto de ingresos propios. El informe no menciona quiénes incurrieron en ese ilícito ni el monto de lo que se embolsó cada uno. Se erogaron 825 mil pesos de combustible para abastecer los vehículos de la Secretaría de Finanzas, de la que dependen 878 empleados, el 39.51% de lo que gastó el Despacho del Ejecutivo con 34 trabajadores. Una observación muy delicada es la que se refiere a la aplicación de ingresos adicionales al gasto corriente autorizada por la Comisión Gasto Financiamiento que preside Conde Mejía, no obstante que están expresamente prohibidas. Pero todo esto no tiene importancia alguna porque al fin y al cabo en San Luis Potosí no pasa nada.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 20, 2011
¿Qué caso tiene rendir un dictamen de auditoría en el que se muestra de manera indubitable información contable falsa y pagos arbitrarios e irracionales que nadie atiende ni le da seguimiento? ¿Qué caso tiene presentar un informe con estas características en el que el auditor protege a los infractores, no les finca responsabilidades, ni se empeña en recuperar los recursos aplicados ilegalmente?
Existe información falsa en el informe final de la auditoría de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 2010 que el contador Héctor Mayorga entregó el 15 de junio al Congreso del Estado, que le resta credibilidad a su trabajo. Caso concreto es la parte relativa a la evaluación de la gestión financiera de la Secretaría de Finanzas a cargo de Jesús Conde Mejía, pues no sabemos a que información darle crédito y cual desechar o ignorar. El auditor reportó en la página 271 de su informe final que esa Secretaría manejó 174 cuentas bancarias en el ejercicio fiscal del 2010, cuando en realidad llevó 339 cuentas que se pueden consultar en la página electrónica de Proyecto Tábano. El 19 de febrero de 2011, la propia Secretaría de Finanzas detalló en un oficio los números de cuentas y bancos con los que opera, -principalmente con Banorte- que se obtuvo a través de un peticionario de información pública. ¿Qué valor le podemos dar ahora a ese informe si el auditor no contabilizó por dolo o por un error imperdonable 165 cuentas bancarias? ¿Qué saldos y qué movimientos se esconden en esos reportes? Es inútil pedirle al responsable de la fiscalización de los dineros públicos que justifique ese faltante; y menos en una sociedad en la que muy pocos participan en los asuntos públicos del estado. En la que los diputados y partidos de oposición sólo están preocupados por su futuro político y no por servir a la sociedad; y en la que los dirigentes de los organismos empresariales sólo se atreven a opinar y calificar timoratamente las actuaciones del Poder Legislativo, pero nunca las del gobernador del estado y sus secretarios por miedo a contrariarlos y caer de su gracia. Es tal su pasividad que después de varios años de que se lo propusieron no han podido instrumentar un método para evaluar técnica y políticamente el desempeño de los legisladores.
En este mismo capítulo el auditor observa los ilícitos con los que el secretario de finanzas administra los recursos que se le confían, pues denuncia un sobregiro en el saldo de 37 cuentas bancarias al expedir cheque sin fondos para su cobro. Más adelante informa que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, las cuentas e inversiones gubernamentales generaron intereses por un valor de $63,587,333 pesos, mismos–advierte- que se registraron en forma correcta en la contabilidad gubernamental; cuando en el cuarto y último informe financiero trimestral que entregó Jesús Conde al Congreso del Estado, reporta un ingreso anual por este concepto de tan sólo $50,442,000 pesos (página 7 del documento que se comenta).
En el informe final de la auditoría practicada a la Secretaríade Finanzas aparecen cifras y movimientos reveladoramente interesantes, como es el adeudo que tienen los cañeros desde el 2009 con el Gobierno del Estado por 70 millones de pesos, y que en la página 273 el auditor señala que el pasivo es a cargo de éstos y no del Grupo Santos de Monterrey, como se les había señalado. Mayorga no informa si ya se iniciaron las gestiones judiciales para recuperarlo como se comprometió el gobernador del estado, como tampoco anuncia si se le fincaron responsabilidades al ex funcionario culpable del desvío.
En auditor apunta en la página 274 de su informe que el despacho del gobernador del estado no ha comprobado el gasto de más de 2 millones de pesos de los que dispuso en ese ejercicio. Se registra un pasivo a corto plazo de casi 120 millones de pesos por concepto de impuestos retenidos por el Gobierno del Estado que no se han enterado al fisco federal. También se reporta un adeudo a la federación por 539 millones de pesos de anticipos de participaciones que se solicitaron y que habría que pagar en el mes de enero de 2011. A la Dirección de Pensiones se le deben 50 millones 755 mil pesos. Se redujo considerablemente la deuda con la Universidad Autónomade San Luis Potosí, pues según el informe queda un saldo pendiente por 5 millones 891 mil pesos. El servicio de la deuda pública –pago de capital e intereses- se redujo a 284 millones de pesos, apenas el 1.02% de los 27 mil 761 millones de pesos que ingresaron en el 2010. La reestructuración del préstamo de los 1,500 millones de pesos le permitió al gobierno de Fernando Toranzo transferir irresponsablemente el pago del capital que se adeuda a las siguientes administraciones.
Una buena parte de los 476 millones de pesos que supuestamente ingresaron por concepto del Impuesto sobre Nómina son virtuales porque el gobierno del estado es el principal contribuyente de este gravamen. Esto quiere decir que se saca el dinero de una bolsa y se lo mete a la otra. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas pagó 5 millones 703 mil pesos por este concepto. El auditor observa, como si se tratara de un suceso curioso y divertido, que en la Ley de Presupuesto de Ingresos del 2010 no se “contemplaron” 828 millones de pesos que reportarían el Hospital Central, el Centro de Producción Santa Rita y la Comisión Estataldel Agua. Señala también que algunas dependencias y organismos descentralizados no informaron a la Secretaría de Finanzas lo que recaudaron por concepto de ingresos propios. El informe no menciona quiénes incurrieron en ese ilícito ni el monto de lo que se embolsó cada uno. Se erogaron 825 mil pesos de combustible para abastecer los vehículos de la Secretaría de Finanzas, de la que dependen 878 empleados, el 39.51% de lo que gastó el Despacho del Ejecutivo con 34 trabajadores. Una observación muy delicada es la que se refiere a la aplicación de ingresos adicionales al gasto corriente autorizada por la Comisión Gasto Financiamiento que preside Conde Mejía, no obstante que están expresamente prohibidas. Pero todo esto no tiene importancia alguna porque al fin y al cabo en San Luis Potosí no pasa nada.
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