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Mecenas y números de "mentiritas"
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 25, 2010
Consulte la respuesta que dio el CEEPC a través de la CEGAIP
Ni el más despistado e ingenuo de los potosinos podría aceptar como razonable y válido el informe de las aportaciones de los militantes y simpatizantes del PRI y del PAN que contribuyeron a soportar los gastos originados en la contienda electoral del 2009 para la gubernatura del Estado, y que los responsables de las finanzas de estos partidos políticos dieron a conocer al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC). No son ciertos los números que presentaron. Es evidente el ocultamiento de importantes apoyos en efectivo y en especie que se captaron y que están plenamente identificados.
Ganamos el recurso de queja y al CEEPC no le quedó más remedio que acatar la resolución de la CEGAIP que le ordenó revelar los nombres de las personas que aportaron recursos a las campañas electorales. Su resistencia para entregarnos esta información no era otra que la de proteger los intereses de los partidos políticos -a quienes realmente sirven-, encubriendo la identidad de sus bienhechores, y así, seguir haciendo méritos para que alguno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización se convierta en el sucesor de Rodolfo Aguilar Gallegos, en la presidencia. Su principal argumento: que si se daba a conocer esa información se causaría un menoscabo a los datos personales de los donadores porque se sabría su ideología y opiniones políticas, fue desechado de pleno. Como si no supieran los consejeros que la mayoría de los aportantes no tiene más ideología que congraciarse con el candidato que resulte ganador para sacarle provecho económico y asegurar sus relaciones e influencias en el siguiente gobierno. Y en esta elección, muchos de ellos cooperaron con los dos candidatos punteros para no equivocarse. Por eso no aparecen los nombres y montos de muchos contribuyentes que sabemos que les financiaron sus campañas. Fue tal la resistencia del CEEPC para entregarnos la información, -que se puede consultar aquí- que en lugar de entregarnos directamente la resolución, como lo ordena la Ley, lo hicieron a través de la CEGAIP, a quien le pidieron que como no compartían su dictamen, los relevara de cualquier responsabilidad. El organismo responsable de garantizar la transparencia en el estado atendió nuestros argumentos, en el sentido de que se sobrepone el interés público al costo que podría implicar la entrega de esa información. Demostramos también que la Ley de Transparencia y la Electoral lo permite como una medida que procura evitar prácticas malsanas de financiamiento privado, y porque dar a conocer los nombres de los donantes no revela necesariamente su ideología política, y si así fuera, no se trataría de información confidencial sino pública porque los partidos políticos están obligados a exhibir las listas de su membrecía.
Acción Nacional declaró el 11 de septiembre de 2009 que el total de las aportaciones que recibió de particulares para la elección de gobernador sumaban $3,426,200.10; sin embargo, en el informe extemporáneo que presentó hasta el 23 de diciembre pasado, con el detalle de los aportantes y sus montos, --“Atendiendo a su llamada telefónica del día 22 de Diciembre, se Adjunta (sic) al presente escrito, respaldos contables de las campañas políticas a gobernador…”, así se les requirió y así se dirigieron al organismo electoral-- modificó algunas cifras que en un principio había proporcionado, sin que el organismo fiscalizador lo cuestionara. Un cálculo conservador nos indica que faltaron por declarar, por lo menos, 50 millones de pesos; situación en la que también se encuentra el ex candidato del PRI, Fernando Toranzo Fernández.
Finalmente conocemos la identidad de los dos únicos militantes del PAN, cuyos nombres aparecían testados en el listado que en un principio nos entregó el CEEPC y que aportaron recursos para financiar la campaña de Alejandro Zapata Perogordo. Se trata de Santiago Maza Moheno, ex director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo, que fue cesado de su cargo por participar en actividades proselitistas a favor de Zapata a horas de oficina. Como desempleado tuvo la capacidad económica de contribuir con $2,056.100.00. Toda indica que se trata de un prestanombres. El otro aportante fue Oliver Meade Hervert, con $404,600.10. Es un abogado egresado del ITAM, coautor con Zapata de un libro de derecho. La aportación de los dos en el primer informe sumaba $1,916.100.00. Esto es $544,600,00 menos de lo que ahora declaran. La aportación en especie de Alfredo Martín Esper Canavati se cuantificó en 15 mil pesos; probablemente se refiera a un avión que estuvo a disposición de Zapata durante varios meses. Si es así, el valor de la aportación en especie sería de unos 20 mil pesos por día, que habría que multiplicar por los tres meses que duró la campaña. Contribuyó además con 150 mil en efectivo. Los 30 mil pesos que le fijan a la aportación en especie de la señora María de los Angeles Valle Echenique, es inaceptable, si es que se refiere a la residencia que le prestó a su candidato en la calle de Amado Nervo. Una finca como esa se rentaría en no menos de 50 mil pesos mensuales. En la relación de aportaciones aparecen otras diez bienhechores que lo apoyaron con dinero, como Antonio Curiel Cerda, Ernesto Robles Alvarez, Juan Salvador Zárate Boker, Ignacio López González y Mario Guemes Pérez, con 30 mil pesos cada uno. David Rangel Lozano con 100 mil, Silvia Aguilar Diosdado con 300 mil, Luis Fernando Torres Corzo con 30 mil y Roberto Ulices Mendoza Padrón con 180 mil. En la parte final del documento consta una anotación manuscrita que le suma otros 30 mil pesos, sin mencionar el nombre del donante. Se está preparando una denuncia ciudadana que se presentará ante los tribunales electorales para que investiguen el monto real y el origen de los recursos que se utilizaron en esa campaña y en la de Toranzo, así como la situación patrimonial de todos los involucrados.
Abril 25, 2010
Consulte la respuesta que dio el CEEPC a través de la CEGAIP
Ni el más despistado e ingenuo de los potosinos podría aceptar como razonable y válido el informe de las aportaciones de los militantes y simpatizantes del PRI y del PAN que contribuyeron a soportar los gastos originados en la contienda electoral del 2009 para la gubernatura del Estado, y que los responsables de las finanzas de estos partidos políticos dieron a conocer al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC). No son ciertos los números que presentaron. Es evidente el ocultamiento de importantes apoyos en efectivo y en especie que se captaron y que están plenamente identificados.
Ganamos el recurso de queja y al CEEPC no le quedó más remedio que acatar la resolución de la CEGAIP que le ordenó revelar los nombres de las personas que aportaron recursos a las campañas electorales. Su resistencia para entregarnos esta información no era otra que la de proteger los intereses de los partidos políticos -a quienes realmente sirven-, encubriendo la identidad de sus bienhechores, y así, seguir haciendo méritos para que alguno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización se convierta en el sucesor de Rodolfo Aguilar Gallegos, en la presidencia. Su principal argumento: que si se daba a conocer esa información se causaría un menoscabo a los datos personales de los donadores porque se sabría su ideología y opiniones políticas, fue desechado de pleno. Como si no supieran los consejeros que la mayoría de los aportantes no tiene más ideología que congraciarse con el candidato que resulte ganador para sacarle provecho económico y asegurar sus relaciones e influencias en el siguiente gobierno. Y en esta elección, muchos de ellos cooperaron con los dos candidatos punteros para no equivocarse. Por eso no aparecen los nombres y montos de muchos contribuyentes que sabemos que les financiaron sus campañas. Fue tal la resistencia del CEEPC para entregarnos la información, -que se puede consultar aquí- que en lugar de entregarnos directamente la resolución, como lo ordena la Ley, lo hicieron a través de la CEGAIP, a quien le pidieron que como no compartían su dictamen, los relevara de cualquier responsabilidad. El organismo responsable de garantizar la transparencia en el estado atendió nuestros argumentos, en el sentido de que se sobrepone el interés público al costo que podría implicar la entrega de esa información. Demostramos también que la Ley de Transparencia y la Electoral lo permite como una medida que procura evitar prácticas malsanas de financiamiento privado, y porque dar a conocer los nombres de los donantes no revela necesariamente su ideología política, y si así fuera, no se trataría de información confidencial sino pública porque los partidos políticos están obligados a exhibir las listas de su membrecía.
Acción Nacional declaró el 11 de septiembre de 2009 que el total de las aportaciones que recibió de particulares para la elección de gobernador sumaban $3,426,200.10; sin embargo, en el informe extemporáneo que presentó hasta el 23 de diciembre pasado, con el detalle de los aportantes y sus montos, --“Atendiendo a su llamada telefónica del día 22 de Diciembre, se Adjunta (sic) al presente escrito, respaldos contables de las campañas políticas a gobernador…”, así se les requirió y así se dirigieron al organismo electoral-- modificó algunas cifras que en un principio había proporcionado, sin que el organismo fiscalizador lo cuestionara. Un cálculo conservador nos indica que faltaron por declarar, por lo menos, 50 millones de pesos; situación en la que también se encuentra el ex candidato del PRI, Fernando Toranzo Fernández.
Finalmente conocemos la identidad de los dos únicos militantes del PAN, cuyos nombres aparecían testados en el listado que en un principio nos entregó el CEEPC y que aportaron recursos para financiar la campaña de Alejandro Zapata Perogordo. Se trata de Santiago Maza Moheno, ex director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo, que fue cesado de su cargo por participar en actividades proselitistas a favor de Zapata a horas de oficina. Como desempleado tuvo la capacidad económica de contribuir con $2,056.100.00. Toda indica que se trata de un prestanombres. El otro aportante fue Oliver Meade Hervert, con $404,600.10. Es un abogado egresado del ITAM, coautor con Zapata de un libro de derecho. La aportación de los dos en el primer informe sumaba $1,916.100.00. Esto es $544,600,00 menos de lo que ahora declaran. La aportación en especie de Alfredo Martín Esper Canavati se cuantificó en 15 mil pesos; probablemente se refiera a un avión que estuvo a disposición de Zapata durante varios meses. Si es así, el valor de la aportación en especie sería de unos 20 mil pesos por día, que habría que multiplicar por los tres meses que duró la campaña. Contribuyó además con 150 mil en efectivo. Los 30 mil pesos que le fijan a la aportación en especie de la señora María de los Angeles Valle Echenique, es inaceptable, si es que se refiere a la residencia que le prestó a su candidato en la calle de Amado Nervo. Una finca como esa se rentaría en no menos de 50 mil pesos mensuales. En la relación de aportaciones aparecen otras diez bienhechores que lo apoyaron con dinero, como Antonio Curiel Cerda, Ernesto Robles Alvarez, Juan Salvador Zárate Boker, Ignacio López González y Mario Guemes Pérez, con 30 mil pesos cada uno. David Rangel Lozano con 100 mil, Silvia Aguilar Diosdado con 300 mil, Luis Fernando Torres Corzo con 30 mil y Roberto Ulices Mendoza Padrón con 180 mil. En la parte final del documento consta una anotación manuscrita que le suma otros 30 mil pesos, sin mencionar el nombre del donante. Se está preparando una denuncia ciudadana que se presentará ante los tribunales electorales para que investiguen el monto real y el origen de los recursos que se utilizaron en esa campaña y en la de Toranzo, así como la situación patrimonial de todos los involucrados.