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Migajas para San Luis
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 16, 2011
No es creíble la versión que el gobierno del doctor Fernando Toranzo está propagando en los medios de comunicación en el sentido de que la administración de Felipe Calderón nos está asignando injusta y arbitrariamente una partida presupuestal de tan sólo 301 millones de pesos para cubrir el valor de los proyectos de inversión programados en todo el estado para el 2012. ¿Qué caso tiene advertirle a la ciudadanía de un recorte presupuestal que todavía no es definitivo y presumir que el gobernador está dando la batalla en las instancias legislativas para que se incremente? ¿Qué pretende con sus lamentaciones? ¿Acaso el médico se está curando en salud calculando que ya no habrá más recursos para San Luis o que estos serán insignificantes? Algo muy grave ha de haber ocurrido para que la federación contemple un desembolso ofensivamente miserable en su presupuesto de egresos que si acaso cubre el valor de algunas pequeñas obras que demandan los potosinos; pero lo peor que nos podría estar sucediendo es que este atropello se deba a que los programas y proyectos de inversión que elaboró la burocracia torancista no hayan cumplido los requisitos que exige la federación para autorizar la liberación de los recursos; o que la documentación la hayan entregado extemporáneamente, pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación lo entregó Calderón a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; y fue hasta el 3 de octubre cuando compareció el gobernador del estado ante ese órgano legislativo buscando que le aprobaran 281 proyectos que presentó en ese acto con un costo de 8 mil 972 millones de pesos.
Si en ese evento el doctor Toranzo hubiera conocido el monto de la mezquina inversión federal destinada al estado; seguramente que hubiera denunciado a nivel nacional el trato vejatorio y cruel del gobierno panista hacia los potosinos. El impacto mediático de una queja de esta naturaleza podía haber sido el detonante para revisar los criterios que se aplican para favorecer o castigar a ciertas entidades con el dinero público. No concibo que el gobierno federal penalice al estado sin motivo alguno, mientras que a otras entidades como a Guanajuato le asigne 9 mil 279 millones; a Chiapas 5 mil 408 millones y a Tabasco 17 mil 732 millones, más los extras que logren obtener sus gobernadores y diputados hasta antes del 15 de noviembre, fecha límite en la que debe estar aprobado el presupuesto federal en la Cámara de Diputados. De esta manera queda San Luis Potosí relegado en el último lugar de las inversiones federales.
Me parecen muy graves las acusaciones que emite el diputado federal Enrique Trejo Azuara, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con las que parece regocijarse, cuando apunta que el 90% de los proyectos que exhibió el gobernador Toranzo en esa sesión -a la que asistió el panista pero no intervino ni hizo nada para corregirlos- “son pura paja” y que “fue por las migajas”, pues asegura que la lucha entre los estados en busca de recursos extras del gasto federal programado para el 2012 “empieza desde mucho antes; y a finales de febrero ya tienes que estar viendo el presupuesto que sigue y no al cuarto para las doce”. Y que sólo 38 de los 280 proyectos están debidamente registrados en la Secretaría de Hacienda; y éstos fueron iniciados por el ex gobernador Marcelo de los Santos. Si su denuncia es cierta, el gobernador debe cesar de inmediato a todos los secretarios que incurrieron en esas anomalías, principalmente al de Finanzas, Jesús Conde; y al secretario técnico del gabinete, José Guadalupe Torres Armenta, responsables de coordinar los trabajos. Entendemos ahora la irascibilidad con la que actúa el doctor Toranzo. ¿Quién no se frustraría ante tantas y desmedidas torpezas? Serían catastróficos los daños que traería una reducción de las inversiones federales de esas dimensiones: se paralizaría la obra pública; la pobreza y el número de desempleados crecería incontrolablemente; las constructoras que atienden las obras del gobierno se arruinarían; y la inseguridad y la criminalidad en el estado alcanzarían índices insospechables de preocupación. Otras inversiones también huirían. Por eso no podemos permitir que la federación penalice al estado por las omisiones y errores de la burocracia potosina que no presentaron completos los proyectos ejecutivos de las obras presupuestadas, o que los entregaron fuera de tiempo o que no eran viables.
Por otro lado, no me explico la asignación de tan paupérrimos recursos cuando en el 2012 debían estar autorizados por lo menos cuatro mil millones de pesos para hacer frente a los compromisos de la construcción de la presa El Realito y la carretera Valles-Río Verde, entre otras obras, que arrancaron en ejercicios anteriores. Si hubiera alguien en quien confiar que nos explicara lo que realmente está pasando con la asignación de los recursos federales se podrían tomar las medidas necesarias para tratar de evitar la crisis que se avecina, delimitar responsabilidades y castigar a los culpables de la debacle; pero no la encuentro.
San Luis Potosí es uno de los estados que más depende de las participaciones y fondos federales para su gasto público, pues los ingresos propios que generamos no cubren ni el 6% de lo que gastamos; por eso, es impensable que en el 2012 desaparezca el pago del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, como se vanaglorian otras entidades. Las pretensiones de los titulares de las dependencias del gobierno, de los organismos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial que demandan más dinero, como si fueran hijos únicos, no entienden que el estado está quebrado, y que si no se aplican de inmediato medidas radicales de austeridad; pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, no habrá ni para pagarle a los trabajadores, menos para invertir en obra pública. Si no se congelan los salarios de toda la burocracia; si no se reducen por lo menos a la mitad los de los empleados de confianza, empezando por el del gobernador, el destino nos alcanzará, y seremos victimas de una crisis social como pocas veces la hemos padecido.
Octubre 16, 2011
No es creíble la versión que el gobierno del doctor Fernando Toranzo está propagando en los medios de comunicación en el sentido de que la administración de Felipe Calderón nos está asignando injusta y arbitrariamente una partida presupuestal de tan sólo 301 millones de pesos para cubrir el valor de los proyectos de inversión programados en todo el estado para el 2012. ¿Qué caso tiene advertirle a la ciudadanía de un recorte presupuestal que todavía no es definitivo y presumir que el gobernador está dando la batalla en las instancias legislativas para que se incremente? ¿Qué pretende con sus lamentaciones? ¿Acaso el médico se está curando en salud calculando que ya no habrá más recursos para San Luis o que estos serán insignificantes? Algo muy grave ha de haber ocurrido para que la federación contemple un desembolso ofensivamente miserable en su presupuesto de egresos que si acaso cubre el valor de algunas pequeñas obras que demandan los potosinos; pero lo peor que nos podría estar sucediendo es que este atropello se deba a que los programas y proyectos de inversión que elaboró la burocracia torancista no hayan cumplido los requisitos que exige la federación para autorizar la liberación de los recursos; o que la documentación la hayan entregado extemporáneamente, pues el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación lo entregó Calderón a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; y fue hasta el 3 de octubre cuando compareció el gobernador del estado ante ese órgano legislativo buscando que le aprobaran 281 proyectos que presentó en ese acto con un costo de 8 mil 972 millones de pesos.
Si en ese evento el doctor Toranzo hubiera conocido el monto de la mezquina inversión federal destinada al estado; seguramente que hubiera denunciado a nivel nacional el trato vejatorio y cruel del gobierno panista hacia los potosinos. El impacto mediático de una queja de esta naturaleza podía haber sido el detonante para revisar los criterios que se aplican para favorecer o castigar a ciertas entidades con el dinero público. No concibo que el gobierno federal penalice al estado sin motivo alguno, mientras que a otras entidades como a Guanajuato le asigne 9 mil 279 millones; a Chiapas 5 mil 408 millones y a Tabasco 17 mil 732 millones, más los extras que logren obtener sus gobernadores y diputados hasta antes del 15 de noviembre, fecha límite en la que debe estar aprobado el presupuesto federal en la Cámara de Diputados. De esta manera queda San Luis Potosí relegado en el último lugar de las inversiones federales.
Me parecen muy graves las acusaciones que emite el diputado federal Enrique Trejo Azuara, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con las que parece regocijarse, cuando apunta que el 90% de los proyectos que exhibió el gobernador Toranzo en esa sesión -a la que asistió el panista pero no intervino ni hizo nada para corregirlos- “son pura paja” y que “fue por las migajas”, pues asegura que la lucha entre los estados en busca de recursos extras del gasto federal programado para el 2012 “empieza desde mucho antes; y a finales de febrero ya tienes que estar viendo el presupuesto que sigue y no al cuarto para las doce”. Y que sólo 38 de los 280 proyectos están debidamente registrados en la Secretaría de Hacienda; y éstos fueron iniciados por el ex gobernador Marcelo de los Santos. Si su denuncia es cierta, el gobernador debe cesar de inmediato a todos los secretarios que incurrieron en esas anomalías, principalmente al de Finanzas, Jesús Conde; y al secretario técnico del gabinete, José Guadalupe Torres Armenta, responsables de coordinar los trabajos. Entendemos ahora la irascibilidad con la que actúa el doctor Toranzo. ¿Quién no se frustraría ante tantas y desmedidas torpezas? Serían catastróficos los daños que traería una reducción de las inversiones federales de esas dimensiones: se paralizaría la obra pública; la pobreza y el número de desempleados crecería incontrolablemente; las constructoras que atienden las obras del gobierno se arruinarían; y la inseguridad y la criminalidad en el estado alcanzarían índices insospechables de preocupación. Otras inversiones también huirían. Por eso no podemos permitir que la federación penalice al estado por las omisiones y errores de la burocracia potosina que no presentaron completos los proyectos ejecutivos de las obras presupuestadas, o que los entregaron fuera de tiempo o que no eran viables.
Por otro lado, no me explico la asignación de tan paupérrimos recursos cuando en el 2012 debían estar autorizados por lo menos cuatro mil millones de pesos para hacer frente a los compromisos de la construcción de la presa El Realito y la carretera Valles-Río Verde, entre otras obras, que arrancaron en ejercicios anteriores. Si hubiera alguien en quien confiar que nos explicara lo que realmente está pasando con la asignación de los recursos federales se podrían tomar las medidas necesarias para tratar de evitar la crisis que se avecina, delimitar responsabilidades y castigar a los culpables de la debacle; pero no la encuentro.
San Luis Potosí es uno de los estados que más depende de las participaciones y fondos federales para su gasto público, pues los ingresos propios que generamos no cubren ni el 6% de lo que gastamos; por eso, es impensable que en el 2012 desaparezca el pago del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, como se vanaglorian otras entidades. Las pretensiones de los titulares de las dependencias del gobierno, de los organismos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial que demandan más dinero, como si fueran hijos únicos, no entienden que el estado está quebrado, y que si no se aplican de inmediato medidas radicales de austeridad; pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, no habrá ni para pagarle a los trabajadores, menos para invertir en obra pública. Si no se congelan los salarios de toda la burocracia; si no se reducen por lo menos a la mitad los de los empleados de confianza, empezando por el del gobernador, el destino nos alcanzará, y seremos victimas de una crisis social como pocas veces la hemos padecido.
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