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Plaqueo 2010: un ingreso fallido
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 18, 2010
La Secretaría de Finanzas podría recaudar durante el presente ejercicio más de 300 millones de pesos por concepto de derechos de plaqueo si todos los propietarios de automóviles, camionetas, ómnibus y motocicletas en el estado cumplieran oportunamente con la obligación de adquirir sus nuevas placas; aunque se estima que más del 30% de los contribuyentes no cumplirá durante este ejercicio con esa disposición. Se trata de un ingreso que, como está diseñado, conlleva un altísimo costo para el Gobierno del Estado, lo que solo le permite un pequeño margen de utilidad, pues a la troqueladora que ganó la licitación se le pagaron 116 millones 580 mil pesos por suministrar 528,646 juegos de placas. Habría que descontar también los gastos de publicidad y administración, así como el costo que representa renovar la base de datos de los dueños de los vehículos; independientemente del ingreso que este año se dejará de recibir al embodegar miles de placas como reserva para cubrir las operaciones de los siguientes ejercicios.
La política de recaudación del contador Jesús Conde Mejía, secretario de Finanzas, es una política fallida y absurda, pues si tuviera visión y oficio para el cargo hubiera dejado las mismas placas; y cobrar por la expedición de la tenencia y de la calcomanía los mismos derechos que señala la Ley, con lo que, con simples adecuaciones a la Ley de Hacienda para el Estado podría haber recaudado lo mismo pero se habría ahorrado más de cien millones de pesos. Jesús Conde es un funcionario que no sabe cómo optimizar los niveles de eficiencia recaudatoria. Es además un secretario inepto y mentiroso porque en el decreto 13, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2009, -que se refiere a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010- y que se elaboró bajo su estricta responsabilidad, aparece la siguiente exposición: “En la recaudación de los impuestos estatales se estima un ingreso por $699,104,560.00, cantidad en lo que incide de manera importante el programa de emplacamiento que será aplicado en el ejercicio 2010…” El contador sabe muy bien que este ingreso no incide en el capítulo de impuestos porque se trata de un derecho que se contabiliza en otro lugar. Pero para que no quede duda alguna de sus limitaciones, enseguida menciona que “En materia de derechos, los servicios que representan las diferentes secretarías reflejan un crecimiento por concepto de inflación. El programa de emplacamiento también tendrá un efecto importante, en este rubro se prevé recaudar la cantidad de $608,498.450.00…” Cálculo que resulta falso y muy lejano a la realidad, pues como ya señalamos, la recaudación no llegará ni a la mitad de la suma anterior, y eso, si todos los propietarios cumplieran con el pago puntual de ese gravamen.
Pero hay más contradicciones, pues prevé un ingreso de $416,654.373.00 por servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, en el que están comprendidos un poco más de 353 millones por lo que se denomina “control vehicular”, que tampoco son ciertos, pues si los 528,626 juegos de placas se vendieran a la cuota máxima de 618 pesos, que incluye la tarjeta de circulación y la calcomanía, se recaudarían aproximadamente 327 millones, cantidad a la que habría que ajustar a la baja el ingreso de 22,000 motocicletas que pagan una cuota de 186 pesos. Con errores como estos, entendemos porque el gobernador Fernando Toranzo quiere aventar la toalla; y eso que todavía no le han informado que su gobierno no ha recaudado un solo centavo por concepto del nuevo Impuesto a la Adquisición de Bienes Inmuebles Desincorporados del Régimen Ejidal, que se calculaba en 50 millones de pesos, pues la oficina de Jesús Conde no ha diseñado el formato para enterar el impuesto que los notarios deben retener.
Muchos ciudadanos reprueban que el cambio de placas se realice cada tres años cuando éstas se encuentran en perfectas condiciones y su uso se puede prolongar por muchos años más. En los países más civilizados, las placas son permanentes y sólo se reponen cuando se pierden o se deterioran. Es impresionante el número de vehículos que circulan en San Luis Potosí, alrededor de medio millón, de los cuales, el 60% se concentra en la zona metropolitana de la capital. Las bases de la licitación para la adquisición de las placas nos revelaron un número aproximado de 5,440 taxis en el estado; 3,065 ómnibus de servicio público; 1483 patrullas y motocicletas de las diferentes corporaciones policíacas; 22,000 motocicletas de particulares; 285,000 automóviles particulares; 203,998 camionetas particulares; y 1,199 placas para discapacitados; entre otros.
Todo indica que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del gobierno del doctor Toranzo realizó un trabajo impecable en el procedimiento de licitación pública que celebró para adjudicar al mejor postor el contrato de adquisición de las placas vehiculares. En la licitación no se advirtieron irregularidades porque ninguno de los concursantes impugnó el resultado y las diferencias que hubo en los presupuestos que presentaron los cuatro finalistas que cotizaron fueron mínimas; apenas un 9.37% entre el primero y cuarto lugar. Otras cuatro empresas quedaron descalificadas por no haber presentado propuestas técnicas y económicas susceptibles de evaluación; y no protestaron. Talleres Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. ganó la licitación porque fue la troqueladora que presentó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, y tiempo. Nada que ver con el contrato de prestación de servicios que celebró el gobierno de Marcelo de los Santos con la empresa que se encargará de la administración y comercialización del Centro de Convenciones que no se licitó. Se le adjudicó directamente contraviniendo la Ley, y por lo tanto es nulo. Se trata de un contrato leonino en el que la empresa no le pagará al gobierno contraprestación alguna por el inmueble, y que debido a la ineficiencia gubernamental y a los conflictos que se tienen con la constructora, se han perdido millones de pesos por los eventos que estaban programados y que no se han podido realizar.
Abril 18, 2010
La Secretaría de Finanzas podría recaudar durante el presente ejercicio más de 300 millones de pesos por concepto de derechos de plaqueo si todos los propietarios de automóviles, camionetas, ómnibus y motocicletas en el estado cumplieran oportunamente con la obligación de adquirir sus nuevas placas; aunque se estima que más del 30% de los contribuyentes no cumplirá durante este ejercicio con esa disposición. Se trata de un ingreso que, como está diseñado, conlleva un altísimo costo para el Gobierno del Estado, lo que solo le permite un pequeño margen de utilidad, pues a la troqueladora que ganó la licitación se le pagaron 116 millones 580 mil pesos por suministrar 528,646 juegos de placas. Habría que descontar también los gastos de publicidad y administración, así como el costo que representa renovar la base de datos de los dueños de los vehículos; independientemente del ingreso que este año se dejará de recibir al embodegar miles de placas como reserva para cubrir las operaciones de los siguientes ejercicios.
La política de recaudación del contador Jesús Conde Mejía, secretario de Finanzas, es una política fallida y absurda, pues si tuviera visión y oficio para el cargo hubiera dejado las mismas placas; y cobrar por la expedición de la tenencia y de la calcomanía los mismos derechos que señala la Ley, con lo que, con simples adecuaciones a la Ley de Hacienda para el Estado podría haber recaudado lo mismo pero se habría ahorrado más de cien millones de pesos. Jesús Conde es un funcionario que no sabe cómo optimizar los niveles de eficiencia recaudatoria. Es además un secretario inepto y mentiroso porque en el decreto 13, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2009, -que se refiere a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2010- y que se elaboró bajo su estricta responsabilidad, aparece la siguiente exposición: “En la recaudación de los impuestos estatales se estima un ingreso por $699,104,560.00, cantidad en lo que incide de manera importante el programa de emplacamiento que será aplicado en el ejercicio 2010…” El contador sabe muy bien que este ingreso no incide en el capítulo de impuestos porque se trata de un derecho que se contabiliza en otro lugar. Pero para que no quede duda alguna de sus limitaciones, enseguida menciona que “En materia de derechos, los servicios que representan las diferentes secretarías reflejan un crecimiento por concepto de inflación. El programa de emplacamiento también tendrá un efecto importante, en este rubro se prevé recaudar la cantidad de $608,498.450.00…” Cálculo que resulta falso y muy lejano a la realidad, pues como ya señalamos, la recaudación no llegará ni a la mitad de la suma anterior, y eso, si todos los propietarios cumplieran con el pago puntual de ese gravamen.
Pero hay más contradicciones, pues prevé un ingreso de $416,654.373.00 por servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, en el que están comprendidos un poco más de 353 millones por lo que se denomina “control vehicular”, que tampoco son ciertos, pues si los 528,626 juegos de placas se vendieran a la cuota máxima de 618 pesos, que incluye la tarjeta de circulación y la calcomanía, se recaudarían aproximadamente 327 millones, cantidad a la que habría que ajustar a la baja el ingreso de 22,000 motocicletas que pagan una cuota de 186 pesos. Con errores como estos, entendemos porque el gobernador Fernando Toranzo quiere aventar la toalla; y eso que todavía no le han informado que su gobierno no ha recaudado un solo centavo por concepto del nuevo Impuesto a la Adquisición de Bienes Inmuebles Desincorporados del Régimen Ejidal, que se calculaba en 50 millones de pesos, pues la oficina de Jesús Conde no ha diseñado el formato para enterar el impuesto que los notarios deben retener.
Muchos ciudadanos reprueban que el cambio de placas se realice cada tres años cuando éstas se encuentran en perfectas condiciones y su uso se puede prolongar por muchos años más. En los países más civilizados, las placas son permanentes y sólo se reponen cuando se pierden o se deterioran. Es impresionante el número de vehículos que circulan en San Luis Potosí, alrededor de medio millón, de los cuales, el 60% se concentra en la zona metropolitana de la capital. Las bases de la licitación para la adquisición de las placas nos revelaron un número aproximado de 5,440 taxis en el estado; 3,065 ómnibus de servicio público; 1483 patrullas y motocicletas de las diferentes corporaciones policíacas; 22,000 motocicletas de particulares; 285,000 automóviles particulares; 203,998 camionetas particulares; y 1,199 placas para discapacitados; entre otros.
Todo indica que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del gobierno del doctor Toranzo realizó un trabajo impecable en el procedimiento de licitación pública que celebró para adjudicar al mejor postor el contrato de adquisición de las placas vehiculares. En la licitación no se advirtieron irregularidades porque ninguno de los concursantes impugnó el resultado y las diferencias que hubo en los presupuestos que presentaron los cuatro finalistas que cotizaron fueron mínimas; apenas un 9.37% entre el primero y cuarto lugar. Otras cuatro empresas quedaron descalificadas por no haber presentado propuestas técnicas y económicas susceptibles de evaluación; y no protestaron. Talleres Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. ganó la licitación porque fue la troqueladora que presentó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, y tiempo. Nada que ver con el contrato de prestación de servicios que celebró el gobierno de Marcelo de los Santos con la empresa que se encargará de la administración y comercialización del Centro de Convenciones que no se licitó. Se le adjudicó directamente contraviniendo la Ley, y por lo tanto es nulo. Se trata de un contrato leonino en el que la empresa no le pagará al gobierno contraprestación alguna por el inmueble, y que debido a la ineficiencia gubernamental y a los conflictos que se tienen con la constructora, se han perdido millones de pesos por los eventos que estaban programados y que no se han podido realizar.