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San Luis tiene miedo
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 12, 2012
A la memoria de Ana Rebeca González Argüelles, Néstor Alfonso, Valente y Cristina Zumaya Hervert, víctimas inocentes de la delincuencia demencial.
Felipe Calderón deja tras de sí –a menos de cuatro meses de que concluya su sexenio- un país doliente y aterrorizado por los estragos de su infructuosa guerra contra el crimen organizado que ha afectado a casi todos los mexicanos, con amplias zonas de ingobernabilidad y enfrascado en un conflicto de inseguridad que pretende resolverlo mediante el ejercicio de la más cruenta y despiadada violencia de que se tenga memoria desde la época revolucionaria. Ha llenado las cárceles de culpables e inocentes, y la criminalidad en lugar de disminuir se ha incrementado. Muchos mexicanos se lo han reclamado y lo seguirán haciendo después del 1 de diciembre, fecha en la que abandonará el poder para que los tribunales internacionales lo juzguen y castiguen por su violación sistemática a los derechos humanos. La historia no se lo perdonará y será tristemente recordado por las decenas de miles de victimas que ha dejado su lucha fratricida.
Su estrategia ha sido un rotundo fracaso y lo seguirá siendo mientras que millones de norteamericanos y cada vez más mexicanos tengan la necesidad de consumir estupefacientes. La ley de la oferta y la demanda es la que inevitablemente regula este fenómeno. Las drogas, como aseguran muchos de los analistas de la realidad social: “son un asunto de salud pública, de libertades y de controles del mercado y del Estado, jamás un asunto de seguridad pública”. Su feroz golpeteo sólo ha traído el incremento de la criminalidad y la brutalidad de las ejecuciones. Los responsables de la seguridad pública federal y estatal han querido justificar la existencia de las victimas con un “se están matando entre ellos”; “algo habrán hecho” y en el mejor de los casos con un falso reconocimiento de “daños colaterales que reducen al uno por ciento”.
Los 985 asesinatos ocurridos en la entidad del 15 de enero de 2011 al del pasado lunes 6, en el que fue ejecutada la señora María Luisa García Quintero, mientras dirigía su vehículo al estacionamiento de hotel Camino Real, nos colocan entre los 8 estados más violentos e inseguros del país; y son una muestra de la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado para resolver estos crímenes de alto impacto, que en este caso pretende explicar o justificar presumiendo –sin mayores pruebas ni razonamientos- que pudo haber sucedido por una posible venganza porque la occisa mantenía una relación sentimental con un reo federal del penal de La Pila. En la cuenta anterior, que dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún no sumaba las 14 personas que aparecieron ejecutadas dentro de una camioneta el jueves por la mañana en las inmediaciones de San Luis, sobre la carretera a Zacatecas, ni el impreciso número de bajas de la balacera ocurrida ese mismo día en la zona residencial de la capital, que tanto pánico y desconcierto provocó entre los potosinos.
Es muy lamentable que el gobernador del estado no haya dado la cara ni se haya solidarizado con la población en esos momentos tan difíciles en los que hubo tantos rumores, incertidumbre y miedo, pues bien podía haber aparecido esa noche en una rueda de prensa con su gabinete de Seguridad enviando un mensaje en el que informara que la situación estaba controlada y que todos podían continuar con sus actividades normales, o bien advertir que se esperaban más enfrentamientos y que lo más recomendable era que tomaran todo tipo de precauciones, y hasta anunciar, si era necesario, la clausura de la FENAPO. Aquí salta una pregunta para los 4 ex gobernadores que a principios del 2008 cuestionaron duramente a Marcelo de los Santos por la balacera ocurrida en el Centro Histórico de la capital, exigiéndole a través de un desplegado que firmaron Horacio Sánchez, Fausto Zapata, Fernando Silva Nieto y Guillermo Fonseca, que informara qué era lo que realmente estaba ocurriendo en San Luis; a qué atenernos y qué medidas estaba tomando su administración para combatir el crimen organizado. La pregunta para ese grupo de farsantes oportunistas sería: ¿por qué ahora no le exigen lo mismo a Toranzo, si la situación está peor que antes?
La masacre ocurrida en Tanquián el viernes 27 de julio es otro ejemplo de la irresponsabilidad del gobierno estatal al plantear que ese evento pudo haber sucedido por las rencillas que existen entre los cárteles que se pelean el control de las huastecas, e insinuando que las victimas podían haber estado relacionadas con alguno de esos grupos, sin considerar los antecedentes y conductas de los caídos que nada tienen que ver con esas actividades; y sin importarle el daño moral que provocan estos temerarios juicios a los inconsolables familiares. No podemos aceptar la tesis gubernamental de que aquellas personas que aparecen salvajemente asesinadas hayan tenido algo que ver con el crimen organizado. Esa zona del territorio potosino está paralizada por el miedo y por la inactividad de muchos empresarios agrícolas y ganaderos que han preferido emigrar a lugares más seguros que a exponerse a los peligros que permanentemente los asechan. La sensación de vulnerabilidad y miedo bloquea cualquier iniciativa productiva. El nuevo arzobispo de San Luis, Jesús Carlos Cabrero Romero, con toda la buena fe del mundo que lo caracteriza, pero seguramente que influenciado por la información oficial declaró al siguiente domingo que: “Aunque hayan muerto de esa manera hay una esperanza para ellos, espero la misericordia de Dios y más para quienes cometen estos actos sin sentido y deshumanos”. Una desafortunada postura que se puede interpretar como si las victimas hubieran estado involucradas en alguno de los grupos criminales. Si le hubiera preguntado al párroco local que ofició la misa con los 4 cuerpos presentes y que sabía muy bien quiénes eran esas personas, seguramente que su juicio hubiera sido muy distinto. Aunque hay que reconocer que don Carlos concluyó su entrevista con un valioso mensaje que lo posiciona entre nosotros como verdadero pastor, cuando cuestionó que: “¿Cómo es posible que los potosinos nos estemos conformando con el oír cada día muertes y muertes y no hacemos nada?”
Agosto 12, 2012
A la memoria de Ana Rebeca González Argüelles, Néstor Alfonso, Valente y Cristina Zumaya Hervert, víctimas inocentes de la delincuencia demencial.
Felipe Calderón deja tras de sí –a menos de cuatro meses de que concluya su sexenio- un país doliente y aterrorizado por los estragos de su infructuosa guerra contra el crimen organizado que ha afectado a casi todos los mexicanos, con amplias zonas de ingobernabilidad y enfrascado en un conflicto de inseguridad que pretende resolverlo mediante el ejercicio de la más cruenta y despiadada violencia de que se tenga memoria desde la época revolucionaria. Ha llenado las cárceles de culpables e inocentes, y la criminalidad en lugar de disminuir se ha incrementado. Muchos mexicanos se lo han reclamado y lo seguirán haciendo después del 1 de diciembre, fecha en la que abandonará el poder para que los tribunales internacionales lo juzguen y castiguen por su violación sistemática a los derechos humanos. La historia no se lo perdonará y será tristemente recordado por las decenas de miles de victimas que ha dejado su lucha fratricida.
Su estrategia ha sido un rotundo fracaso y lo seguirá siendo mientras que millones de norteamericanos y cada vez más mexicanos tengan la necesidad de consumir estupefacientes. La ley de la oferta y la demanda es la que inevitablemente regula este fenómeno. Las drogas, como aseguran muchos de los analistas de la realidad social: “son un asunto de salud pública, de libertades y de controles del mercado y del Estado, jamás un asunto de seguridad pública”. Su feroz golpeteo sólo ha traído el incremento de la criminalidad y la brutalidad de las ejecuciones. Los responsables de la seguridad pública federal y estatal han querido justificar la existencia de las victimas con un “se están matando entre ellos”; “algo habrán hecho” y en el mejor de los casos con un falso reconocimiento de “daños colaterales que reducen al uno por ciento”.
Los 985 asesinatos ocurridos en la entidad del 15 de enero de 2011 al del pasado lunes 6, en el que fue ejecutada la señora María Luisa García Quintero, mientras dirigía su vehículo al estacionamiento de hotel Camino Real, nos colocan entre los 8 estados más violentos e inseguros del país; y son una muestra de la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado para resolver estos crímenes de alto impacto, que en este caso pretende explicar o justificar presumiendo –sin mayores pruebas ni razonamientos- que pudo haber sucedido por una posible venganza porque la occisa mantenía una relación sentimental con un reo federal del penal de La Pila. En la cuenta anterior, que dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún no sumaba las 14 personas que aparecieron ejecutadas dentro de una camioneta el jueves por la mañana en las inmediaciones de San Luis, sobre la carretera a Zacatecas, ni el impreciso número de bajas de la balacera ocurrida ese mismo día en la zona residencial de la capital, que tanto pánico y desconcierto provocó entre los potosinos.
Es muy lamentable que el gobernador del estado no haya dado la cara ni se haya solidarizado con la población en esos momentos tan difíciles en los que hubo tantos rumores, incertidumbre y miedo, pues bien podía haber aparecido esa noche en una rueda de prensa con su gabinete de Seguridad enviando un mensaje en el que informara que la situación estaba controlada y que todos podían continuar con sus actividades normales, o bien advertir que se esperaban más enfrentamientos y que lo más recomendable era que tomaran todo tipo de precauciones, y hasta anunciar, si era necesario, la clausura de la FENAPO. Aquí salta una pregunta para los 4 ex gobernadores que a principios del 2008 cuestionaron duramente a Marcelo de los Santos por la balacera ocurrida en el Centro Histórico de la capital, exigiéndole a través de un desplegado que firmaron Horacio Sánchez, Fausto Zapata, Fernando Silva Nieto y Guillermo Fonseca, que informara qué era lo que realmente estaba ocurriendo en San Luis; a qué atenernos y qué medidas estaba tomando su administración para combatir el crimen organizado. La pregunta para ese grupo de farsantes oportunistas sería: ¿por qué ahora no le exigen lo mismo a Toranzo, si la situación está peor que antes?
La masacre ocurrida en Tanquián el viernes 27 de julio es otro ejemplo de la irresponsabilidad del gobierno estatal al plantear que ese evento pudo haber sucedido por las rencillas que existen entre los cárteles que se pelean el control de las huastecas, e insinuando que las victimas podían haber estado relacionadas con alguno de esos grupos, sin considerar los antecedentes y conductas de los caídos que nada tienen que ver con esas actividades; y sin importarle el daño moral que provocan estos temerarios juicios a los inconsolables familiares. No podemos aceptar la tesis gubernamental de que aquellas personas que aparecen salvajemente asesinadas hayan tenido algo que ver con el crimen organizado. Esa zona del territorio potosino está paralizada por el miedo y por la inactividad de muchos empresarios agrícolas y ganaderos que han preferido emigrar a lugares más seguros que a exponerse a los peligros que permanentemente los asechan. La sensación de vulnerabilidad y miedo bloquea cualquier iniciativa productiva. El nuevo arzobispo de San Luis, Jesús Carlos Cabrero Romero, con toda la buena fe del mundo que lo caracteriza, pero seguramente que influenciado por la información oficial declaró al siguiente domingo que: “Aunque hayan muerto de esa manera hay una esperanza para ellos, espero la misericordia de Dios y más para quienes cometen estos actos sin sentido y deshumanos”. Una desafortunada postura que se puede interpretar como si las victimas hubieran estado involucradas en alguno de los grupos criminales. Si le hubiera preguntado al párroco local que ofició la misa con los 4 cuerpos presentes y que sabía muy bien quiénes eran esas personas, seguramente que su juicio hubiera sido muy distinto. Aunque hay que reconocer que don Carlos concluyó su entrevista con un valioso mensaje que lo posiciona entre nosotros como verdadero pastor, cuando cuestionó que: “¿Cómo es posible que los potosinos nos estemos conformando con el oír cada día muertes y muertes y no hacemos nada?”