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Sin fusil y sin dinero
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 14, 2012
El reemplazo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Martha Elena Meade Espinosa por Fernando Macías Morales no es ninguna garantía ni esperanza de que las empresas que se disputan los estados vayan a preferir nuestra entidad para instalarse. Nos rechazan principalmente porque el gobierno de San Luis Potosí no tiene recursos ni reservas territoriales que ofrecerles para atraer sus inversiones, y en estas condiciones es muy difícil competir con otros estados que sí los tienen; por lo que es previsible que el nuevo secretario también sea un fiasco, aunque, en su caso, no tendrá la campaña mediática de descrédito que sufrió la señora Meade para que abandonara el puesto, y que fue orquestada por un grupo de empresarios cercanos al gobernador que querían colocar en su lugar a uno de sus incondicionales.
El nuevo secretario debe saber que los diputados de la anterior legislatura, 9 días antes de irse, aprobaron una injustificable reforma a la Ley de Desarrollo Urbano que favorece los intereses de un grupo de especuladores de bienes raíces, en la que se suprime la obligación que existía de ceder gratuitamente al Ayuntamiento el 10% de la superficie de los lotes de terreno de más de 5,000 metros cuadrados que se subdividían, y que ingresaba al patrimonio municipal como reserva territorial, la que más tarde podría cederse al Gobierno del Estado para ofrecerla a las empresas que decidieran instalarse entre nosotros. La reforma no tuvo consideraciones ni límites, incluyó todos los terrenos, de cualquier tamaño, como los ejidales que están adquiriendo estos terratenientes a precio de ganga, y cuyas superficies exceden en muchos casos las centenas de miles de metros cuadrados.
Parafraseando a Napoleón podríamos decir también que las guerras como las inversiones se ganan con dinero, dinero y más dinero; y nosotros no lo tenemos. No hay que perder de vista que el gobernador del Estado debe ser el principal impulsor para atraer inversiones a la entidad, pero para nuestra desgracia, al doctor Fernando Toranzo no se le da esta gracia, como lo demostró cuando quiso incursionar como promotor de funciones de box al inicio de su administración organizando una pelea por el título ligero latino, entre el nicaragüense René González y el mexicano Noé Bolaños, en el auditorio Miguel Barragán, en la que –entre sus pequeñeces- esperaba recaudar 700 mil pesos que se abonarían al enorme déficit que por más de 89 millones de pesos arrastraba el Hospital Central. El evento fue un fracaso pues ni siquiera recuperó los gastos.
Sobre la ex secretaria de Desarrollo Económico pesa una acusación en el sentido de que gastó más de 5 millones de pesos en habilitar las oficinas que actualmente ocupa esa Secretaría sin haber licitado el mobiliario y equipo; no obstante que sus críticos saben, principalmente Luis Rentería Monsiváis, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia, que esas adquisiciones las autorizó y pagó la Oficialía Mayor. Por cierto que la página de transparencia de este Consejo desapareció del internet, sustituyéndola una cuenta ramplona de Facebook que tiene muy poca información y en la que no es posible consultar las quejas que recibe. Resulta lamentable que este Consejo centre toda su atención en este asunto y descuide y tape todos los otros ilícitos que se señalan en las adquisiciones de bienes y servicios que realiza el gobierno.
Se tildó a Meade Espinosa de inepta, sin relaciones y con un perfil muy bajo para ocupar ese cargo porque Guanajuato nos ganó todas las fábricas importantes que se instalaron en esta zona del país en el 2012, como la Volkwagen de Alemania; Mazda y Honda, de Japón y Pirelli, de Italia; hasta que finalmente los grupos de presión doblegaron al gobernador que no tuvo más salida que cesar a la funcionaria. Su sustituto es un ingeniero mecánico administrador de 42 años, egresado del Tec de Monterrey, que en su currículo presume haber trabajado en por lo menos 7 empresas que van desde la venta de automóviles en una agencia de España, hasta su última chamba, en la que dice que una empresa japonesa de autopartes le confió la instalación de una planta en nuestra ciudad proveedora de la General Motors que generará 150 empleos directos y quedará concluida en el 2015.
Cualquier inversionista que pretenda arriesgar su dinero requiere de reglas y ofertas claras y serias. En San Luis Potosí no existe una ley que establezca con precisión los estímulos y apoyos que se pueden ofrecer para fomentar y fortalecer la industria. Ni siquiera contamos con una partida presupuestal destinada a este rubro. La negociación es libre y está sujeta al regateo de las partes que muchas veces desalienta al inversor porque no sabe a qué atenerse, propiciando la corrupción. Los apoyos económicos en la adquisición del terreno, urbanización, obras de infraestructura, capacitación del personal, así como la exención o reducción de impuestos y otras facilidades deben otorgarse de acuerdo al monto de la inversión y al número de empleos que se comprometen a crear; y siempre que la ley de la materia lo permita.
El principal atractivo para invertir en San Luis es su envidiable posición geográfica y la mano de obra barata y mansa de miles de empleados y obreros que están dispuestos a recibir cualquier paga por su trabajo; pero que tendrá que competir con la oferta que hacen otras plazas, también bien ubicadas y comunicadas, pero con dinero y terrenos, y que no tienen los índices de violencia y delincuencia que últimamente nos caracterizan. Cuando la General Motors estaba contratando y capacitando a su personal, antes de iniciar operaciones, recibió una solicitud del gobierno de Marcelo de los Santos -que había suscrito compromisos con la armadora para que aquí se quedara por un valor aproximado de 900 millones de pesos- pidiéndole que no fuera a ofrecer salarios superiores a los que se pagaba a los trabajadores de otras fábricas de la zona industrial porque las obligaría a incrementar sus prestaciones. Así de vil y mezquina fue su administración.
Octubre 14, 2012
El reemplazo de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Martha Elena Meade Espinosa por Fernando Macías Morales no es ninguna garantía ni esperanza de que las empresas que se disputan los estados vayan a preferir nuestra entidad para instalarse. Nos rechazan principalmente porque el gobierno de San Luis Potosí no tiene recursos ni reservas territoriales que ofrecerles para atraer sus inversiones, y en estas condiciones es muy difícil competir con otros estados que sí los tienen; por lo que es previsible que el nuevo secretario también sea un fiasco, aunque, en su caso, no tendrá la campaña mediática de descrédito que sufrió la señora Meade para que abandonara el puesto, y que fue orquestada por un grupo de empresarios cercanos al gobernador que querían colocar en su lugar a uno de sus incondicionales.
El nuevo secretario debe saber que los diputados de la anterior legislatura, 9 días antes de irse, aprobaron una injustificable reforma a la Ley de Desarrollo Urbano que favorece los intereses de un grupo de especuladores de bienes raíces, en la que se suprime la obligación que existía de ceder gratuitamente al Ayuntamiento el 10% de la superficie de los lotes de terreno de más de 5,000 metros cuadrados que se subdividían, y que ingresaba al patrimonio municipal como reserva territorial, la que más tarde podría cederse al Gobierno del Estado para ofrecerla a las empresas que decidieran instalarse entre nosotros. La reforma no tuvo consideraciones ni límites, incluyó todos los terrenos, de cualquier tamaño, como los ejidales que están adquiriendo estos terratenientes a precio de ganga, y cuyas superficies exceden en muchos casos las centenas de miles de metros cuadrados.
Parafraseando a Napoleón podríamos decir también que las guerras como las inversiones se ganan con dinero, dinero y más dinero; y nosotros no lo tenemos. No hay que perder de vista que el gobernador del Estado debe ser el principal impulsor para atraer inversiones a la entidad, pero para nuestra desgracia, al doctor Fernando Toranzo no se le da esta gracia, como lo demostró cuando quiso incursionar como promotor de funciones de box al inicio de su administración organizando una pelea por el título ligero latino, entre el nicaragüense René González y el mexicano Noé Bolaños, en el auditorio Miguel Barragán, en la que –entre sus pequeñeces- esperaba recaudar 700 mil pesos que se abonarían al enorme déficit que por más de 89 millones de pesos arrastraba el Hospital Central. El evento fue un fracaso pues ni siquiera recuperó los gastos.
Sobre la ex secretaria de Desarrollo Económico pesa una acusación en el sentido de que gastó más de 5 millones de pesos en habilitar las oficinas que actualmente ocupa esa Secretaría sin haber licitado el mobiliario y equipo; no obstante que sus críticos saben, principalmente Luis Rentería Monsiváis, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia, que esas adquisiciones las autorizó y pagó la Oficialía Mayor. Por cierto que la página de transparencia de este Consejo desapareció del internet, sustituyéndola una cuenta ramplona de Facebook que tiene muy poca información y en la que no es posible consultar las quejas que recibe. Resulta lamentable que este Consejo centre toda su atención en este asunto y descuide y tape todos los otros ilícitos que se señalan en las adquisiciones de bienes y servicios que realiza el gobierno.
Se tildó a Meade Espinosa de inepta, sin relaciones y con un perfil muy bajo para ocupar ese cargo porque Guanajuato nos ganó todas las fábricas importantes que se instalaron en esta zona del país en el 2012, como la Volkwagen de Alemania; Mazda y Honda, de Japón y Pirelli, de Italia; hasta que finalmente los grupos de presión doblegaron al gobernador que no tuvo más salida que cesar a la funcionaria. Su sustituto es un ingeniero mecánico administrador de 42 años, egresado del Tec de Monterrey, que en su currículo presume haber trabajado en por lo menos 7 empresas que van desde la venta de automóviles en una agencia de España, hasta su última chamba, en la que dice que una empresa japonesa de autopartes le confió la instalación de una planta en nuestra ciudad proveedora de la General Motors que generará 150 empleos directos y quedará concluida en el 2015.
Cualquier inversionista que pretenda arriesgar su dinero requiere de reglas y ofertas claras y serias. En San Luis Potosí no existe una ley que establezca con precisión los estímulos y apoyos que se pueden ofrecer para fomentar y fortalecer la industria. Ni siquiera contamos con una partida presupuestal destinada a este rubro. La negociación es libre y está sujeta al regateo de las partes que muchas veces desalienta al inversor porque no sabe a qué atenerse, propiciando la corrupción. Los apoyos económicos en la adquisición del terreno, urbanización, obras de infraestructura, capacitación del personal, así como la exención o reducción de impuestos y otras facilidades deben otorgarse de acuerdo al monto de la inversión y al número de empleos que se comprometen a crear; y siempre que la ley de la materia lo permita.
El principal atractivo para invertir en San Luis es su envidiable posición geográfica y la mano de obra barata y mansa de miles de empleados y obreros que están dispuestos a recibir cualquier paga por su trabajo; pero que tendrá que competir con la oferta que hacen otras plazas, también bien ubicadas y comunicadas, pero con dinero y terrenos, y que no tienen los índices de violencia y delincuencia que últimamente nos caracterizan. Cuando la General Motors estaba contratando y capacitando a su personal, antes de iniciar operaciones, recibió una solicitud del gobierno de Marcelo de los Santos -que había suscrito compromisos con la armadora para que aquí se quedara por un valor aproximado de 900 millones de pesos- pidiéndole que no fuera a ofrecer salarios superiores a los que se pagaba a los trabajadores de otras fábricas de la zona industrial porque las obligaría a incrementar sus prestaciones. Así de vil y mezquina fue su administración.