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Sirviendo a dos amos
Segunda parte
A la memoria de don Eduardo Bustindui, hombre probo, defensor del catolicismo.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 11, 2010
Es inaceptable el número y la gravedad de los asuntos que no fueron observados por el Auditor Superior del Estado, Héctor Mayorga, en el informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal 2009, no obstante que en la información contable que aparece en ese documento, se describen operaciones irregulares o ilícitas en el manejo de los recursos públicos que el auditor consideró irrelevantes, o que de plano encubrió, y no incluyó en su listado de observaciones para que posteriormente fueran aclaradas por los responsables de los entes auditados. Algunos ejemplos: le pareció razonable que para el servicio de lavandería y limpieza de la Casa y Palacio de Gobierno se gastaran más de 3 millones y medio de pesos. Sólo en sirvientas para la residencia del ex gobernador se expidieron cheques por más de 1 millón 877 mil pesos. Consideró que era justo que se le pagaran 586 mil 500 pesos al señor Víctor Mahbub, por concepto de arrendamiento, para que permitiera que los vehículos al servicio de Marcelo de los Santos se estacionaran en un lote de terreno de su propiedad, ya que las cocheras de la residencia eran insuficientes para aparcar los automóviles de sus empleados, guaruras y familia. Por la elaboración de su retrató al óleo se erogaron 17 mil 250 pesos. Los apoyos al equipo de fútbol profesional fueron por 13 millones 500 mil pesos. Para el torneo de tenis de semana santa del Club Deportivo Potosino se contribuyó con 650 mil pesos; pero para fomentar el deporte en el interior del estado se destinaron 500 mil pesos.
No le importó al auditor que una dependencia federal, como la SENEAM, que también lleva el registro oficial de los vuelos que ocurren en el país, presentara una relación de los movimientos de las aeronaves del gobierno potosino distinta a la bitácora que le entregó ex oficial mayor, Humberto Picharra, a un peticionario de información pública, ocultando dolosamente un número importante de desplazamientos a ciudades de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Las Bahamas y playas mexicanas, que nada tienen que ver con los asuntos gubernamentales; y que sólo Marcelo de los Santos podía ordenarle que esos viajeros, cuyas identidades se desconocen, las utilizaran. Este caso quedó debidamente documentado por el peticionario, y Mayorga no lo atendió, como tampoco le hizo caso a la denuncia pública que planteó el senador Alejandro Zapata, en el sentido de que el avión y el helicóptero del gobierno se están utilizando para fines de carácter personal por funcionarios de la administración torancista. El auditor no evaluó el daño patrimonial en contra de la hacienda pública por este peculado.
No le pareció excesivo que el gobierno panista gastara 6 millones 628 mil pesos en la IV Cabalgata de las Huastecas. Ni siquiera le exigió al organizador del evento que justificara el pago de los artistas que contrató para entretener a los jinetes en sus veladas, ni los miles de litros de alcohol que se consumieron.
En la fiesta de inauguración del Centro de Las Artes, la antigua penitenciaría, el gobierno del Estado erogó 557 mil pesos para atender a sus invitados; pero en ayudas a la población vulnerable, limosnas pues, el auditor apuntó en su informe que sólo se entregaron 306 mil pesos. Le pareció equitativa la distribución del egreso. Por las alfombras de las oficinas del gobernador se pagaron 607 mil pesos. En la pasarela más grande del mundo de la modista Pineda Covalín, que organizó la Secretaría de Turismo, se dispuso de 842 mil pesos. Se compró un sistema bloqueador de señal telefónica de celular por casi 7 millones de pesos. Todo indica que se instaló en el penal de La Pila. El auditor no verificó si realmente funciona porque sabemos que un buen número de las extorsiones telefónicas se originan en ese centro penitenciario. Se compraron 808 pares de botas de super lujo para la policía estatal, cada juego tuvo un costo de 1,897 pesos. Al auditor le pareció un precio razonable, y por eso no lo observó.
El contador Mayorga observó en su auditoría que la obra del Centro de Convenciones se encuentra en proceso de construcción, con un avance del 95.71%, pero no aclaró que a ICA, la empresa constructora, se le adeudan más de 64 millones de pesos -que no tiene el gobierno- por concepto de modificaciones y adiciones al proyecto original, y que por eso no se ha formalizado la entrega recepción del inmueble. Esta dilación ha impedido que la sociedad que se contrató para prestar los servicios de comercialización y administración del Centro de Convenciones pueda operarlo para que se empiecen a generar ingresos para los prestadores de servicios turísticos de la capital. Las pérdidas son millonarias. Tampoco observó la ilegalidad de ese contrato de prestación de servicios que se adjudicó a AMH, sin licitación alguna, y con un clausulado leonino para los intereses del Estado.Y como si lo anterior no fuera suficiente, a través de la Secretaría de Turismo se le entregaron 5 millones de pesos, sin que lo estipulara el convenio, para que AMH los destinara a promover un negocio que desde hace 9 meses se encuentra inactivo. Las administraciones de Marcelo de los Santos y de Toranzo comparten responsabilidades en esta operación; el primero por contraer deudas que no estaban autorizadas; y el segundo, por su incapacidad para negociar la entrega del edificio.
La situación de la nueva cárcel distrital de Ciudad Valles es todavía peor, pues un funcionario de la SEDUVOP reveló que desde septiembre del 2009, se le están pagando a la arrendadora, una filial de ICA, más de 3 millones de pesos mensuales por concepto de arrendamiento, sin que el inmueble haya sido formalmente entregado, y sin que a sus inquilinos los hayan trasladado a ese lugar. Son más de 30 millones de pesos tirados a la basura, y el auditor no los reporta. Se está investigando de qué Secretaría sale el dinero. Este encubrimiento sería suficiente para que el Congreso del Estado iniciara un juicio político en su contra para cesarlo del cargo y exigirle responsabilidades.
A la memoria de don Eduardo Bustindui, hombre probo, defensor del catolicismo.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 11, 2010
Es inaceptable el número y la gravedad de los asuntos que no fueron observados por el Auditor Superior del Estado, Héctor Mayorga, en el informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal 2009, no obstante que en la información contable que aparece en ese documento, se describen operaciones irregulares o ilícitas en el manejo de los recursos públicos que el auditor consideró irrelevantes, o que de plano encubrió, y no incluyó en su listado de observaciones para que posteriormente fueran aclaradas por los responsables de los entes auditados. Algunos ejemplos: le pareció razonable que para el servicio de lavandería y limpieza de la Casa y Palacio de Gobierno se gastaran más de 3 millones y medio de pesos. Sólo en sirvientas para la residencia del ex gobernador se expidieron cheques por más de 1 millón 877 mil pesos. Consideró que era justo que se le pagaran 586 mil 500 pesos al señor Víctor Mahbub, por concepto de arrendamiento, para que permitiera que los vehículos al servicio de Marcelo de los Santos se estacionaran en un lote de terreno de su propiedad, ya que las cocheras de la residencia eran insuficientes para aparcar los automóviles de sus empleados, guaruras y familia. Por la elaboración de su retrató al óleo se erogaron 17 mil 250 pesos. Los apoyos al equipo de fútbol profesional fueron por 13 millones 500 mil pesos. Para el torneo de tenis de semana santa del Club Deportivo Potosino se contribuyó con 650 mil pesos; pero para fomentar el deporte en el interior del estado se destinaron 500 mil pesos.
No le importó al auditor que una dependencia federal, como la SENEAM, que también lleva el registro oficial de los vuelos que ocurren en el país, presentara una relación de los movimientos de las aeronaves del gobierno potosino distinta a la bitácora que le entregó ex oficial mayor, Humberto Picharra, a un peticionario de información pública, ocultando dolosamente un número importante de desplazamientos a ciudades de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Las Bahamas y playas mexicanas, que nada tienen que ver con los asuntos gubernamentales; y que sólo Marcelo de los Santos podía ordenarle que esos viajeros, cuyas identidades se desconocen, las utilizaran. Este caso quedó debidamente documentado por el peticionario, y Mayorga no lo atendió, como tampoco le hizo caso a la denuncia pública que planteó el senador Alejandro Zapata, en el sentido de que el avión y el helicóptero del gobierno se están utilizando para fines de carácter personal por funcionarios de la administración torancista. El auditor no evaluó el daño patrimonial en contra de la hacienda pública por este peculado.
No le pareció excesivo que el gobierno panista gastara 6 millones 628 mil pesos en la IV Cabalgata de las Huastecas. Ni siquiera le exigió al organizador del evento que justificara el pago de los artistas que contrató para entretener a los jinetes en sus veladas, ni los miles de litros de alcohol que se consumieron.
En la fiesta de inauguración del Centro de Las Artes, la antigua penitenciaría, el gobierno del Estado erogó 557 mil pesos para atender a sus invitados; pero en ayudas a la población vulnerable, limosnas pues, el auditor apuntó en su informe que sólo se entregaron 306 mil pesos. Le pareció equitativa la distribución del egreso. Por las alfombras de las oficinas del gobernador se pagaron 607 mil pesos. En la pasarela más grande del mundo de la modista Pineda Covalín, que organizó la Secretaría de Turismo, se dispuso de 842 mil pesos. Se compró un sistema bloqueador de señal telefónica de celular por casi 7 millones de pesos. Todo indica que se instaló en el penal de La Pila. El auditor no verificó si realmente funciona porque sabemos que un buen número de las extorsiones telefónicas se originan en ese centro penitenciario. Se compraron 808 pares de botas de super lujo para la policía estatal, cada juego tuvo un costo de 1,897 pesos. Al auditor le pareció un precio razonable, y por eso no lo observó.
El contador Mayorga observó en su auditoría que la obra del Centro de Convenciones se encuentra en proceso de construcción, con un avance del 95.71%, pero no aclaró que a ICA, la empresa constructora, se le adeudan más de 64 millones de pesos -que no tiene el gobierno- por concepto de modificaciones y adiciones al proyecto original, y que por eso no se ha formalizado la entrega recepción del inmueble. Esta dilación ha impedido que la sociedad que se contrató para prestar los servicios de comercialización y administración del Centro de Convenciones pueda operarlo para que se empiecen a generar ingresos para los prestadores de servicios turísticos de la capital. Las pérdidas son millonarias. Tampoco observó la ilegalidad de ese contrato de prestación de servicios que se adjudicó a AMH, sin licitación alguna, y con un clausulado leonino para los intereses del Estado.Y como si lo anterior no fuera suficiente, a través de la Secretaría de Turismo se le entregaron 5 millones de pesos, sin que lo estipulara el convenio, para que AMH los destinara a promover un negocio que desde hace 9 meses se encuentra inactivo. Las administraciones de Marcelo de los Santos y de Toranzo comparten responsabilidades en esta operación; el primero por contraer deudas que no estaban autorizadas; y el segundo, por su incapacidad para negociar la entrega del edificio.
La situación de la nueva cárcel distrital de Ciudad Valles es todavía peor, pues un funcionario de la SEDUVOP reveló que desde septiembre del 2009, se le están pagando a la arrendadora, una filial de ICA, más de 3 millones de pesos mensuales por concepto de arrendamiento, sin que el inmueble haya sido formalmente entregado, y sin que a sus inquilinos los hayan trasladado a ese lugar. Son más de 30 millones de pesos tirados a la basura, y el auditor no los reporta. Se está investigando de qué Secretaría sale el dinero. Este encubrimiento sería suficiente para que el Congreso del Estado iniciara un juicio político en su contra para cesarlo del cargo y exigirle responsabilidades.