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Sirviendo a dos amos
Tercera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 18, 2010
El partido que obtuviera la primera minoría en la elección del 5 de julio de 2009 tenía el derecho de proponerle al gobernador electo el nombre de la persona que fungiría como contralor general del Estado durante los siguientes seis años. El vencedor estaba obligado moral y políticamente a cumplir el compromiso. Los tres candidatos que contendieron en esa elección suscribieron un documento el 31 de marzo de ese año en el que se comprometían, entre otros asuntos, a que esa altísima responsabilidad quedaría en manos de la oposición. El logro era histórico, los integrantes de Acción Ciudadana que promovimos el acuerdo no lo podíamos creer. No recordábamos ningún otro antecedente en la vida política del país en el que se hubiera pactado una concesión de tal naturaleza. Cuando nuestra organización invitó a los contendientes a aceptar el reto, el candidato del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, parecía inalcanzable, le llevaba una buena ventaja a su rival más cercano, Fernando Toranzo Fernández, por lo que los riesgos de colocar en esa posición a una persona que podía resultar especialmente incómoda pesaban sobre la balanza del candidato puntero. Toranzo calculó que nada perdería y firmó el acuerdo.
El hecho de que una persona ajena a las confianzas e intereses del gobernador vigile que todos los funcionarios estatales cumplan con las normas establecidas, y que transparenten y administren correctamente los recursos que se ponen a su disposición, es uno de los idearios más ambiciosos del navismo. Creíamos que por fin habíamos concretado ese sueño. Colocar a una persona con esas características para que atendiera las quejas y denuncias ciudadanas derivadas de las actividades de los servidores públicos del Estado era algo extraordinario; quien además tendría la obligación de publicar con toda veracidad el resultado final de sus trabajos de evaluación y fiscalización; y tendría dientes que le permitirían aplicar sanciones administrativas y presentar las denuncias y querellas penales que resultaran en nombre del Estado. Un personaje así de perturbador estaría facultado para abrir y husmear todos los rincones y cajones de los empleados del Estado, incluidos los del propio gobernador.
El Partido Acción Nacional perdió la elección. Ganó el PRI. Pero ni a Alejandro Zapata ni a Héctor Mendizábal, presidente estatal del Comité Directivo del PAN, les interesó hacer efectivo el compromiso y proponerle al gobernador electo a la persona indicado para ocupar esa posición. Era tal el enojo y frustración del ex candidato panista por el resultado electoral que no quería tener ningún contacto con el priísta. Tampoco quiso operar para que su partido –a quien formalmente le correspondía ejercer ese derecho- hiciera la propuesta. Y así se perdió una oportunidad histórica para que alguien en serio, y no un pelele, ocupara esa responsabilidad. El 24 de agosto de 2009, estos panistas se dirigieron a los miembros de Acción Ciudadana en una misiva en la que nos comunicaban que “…hemos decidido delegar esa prerrogativa a favor de la propia agrupación Acción Ciudadana, a efecto de que sean ustedes quienes se encarguen de proponer ante quien corresponda, la persona para ocupar el cargo de Contralor General del Estado”.
De inmediato nos entrevistamos con el doctor con el propósito de rescatar el compromiso y proponerle una terna con los mejores perfiles. No la aceptó, nos dijo que ese derecho era intransferible, y que ni el PAN ni su candidato podían cederlo. Le hicimos ver las ventajas de que la contraloría la ocupara alguien que en realidad le sirviera a él y a los potosinos. Alguien independiente, con valor y conocimientos en la materia que ejerciera a plenitud la función. No nos hizo caso, seguramente que para esas alturas ya le había hecho la invitación al ex empleado de la Coca Cola, Alfonso Anaya, primo de Guillermina Anaya, cónyuge de Marcelo de los Santos, quien apareció por primera vez en la escena pública con Teófilo Torres Corzo, a quien acompañó en su violenta incursión a Palacio de Gobierno en octubre de 1992, lastimando a los navistas que bloqueábamos la puerta principal para impedirle el paso al interino del interino cuyo nombramiento estaba viciado de origen y no reconocíamos.
El primo Alfonso fue el responsable de recibir todos los bienes y documentos del gobierno de su primo político al inicio de la nueva administración. Tenía la obligación de fincarles responsabilidades a todos aquellos funcionarios salientes que ocultaron información, y, en su caso, denunciar penalmente a aquellos que hubieran incurrido en algún delito. Y no lo hizo. Han transcurrido casi diez meses del proceso de entrega recepción, y parece que lo único que encontró este talento del gobierno torancista, es una operación de compra venta en la que ex secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcena Pous, enajenó un terreno de la zona industrial a Juan Carlos Payán en 32 millones de pesos, cuando el avalúo catastral reportaba un valor de más de 68 millones, con el agravante de que el dinero no ingresó a las arcas de la Secretaría de Finanzas porque dispuso de esa cantidad para pagar las obras y servicios que demandan los empresarios de esa zona de la ciudad, según consta en la doble contabilidad que se lleva en esa oficina. Es cierto que se trata de una irregularidad administrativa que se ha tolerado desde hace varios años, pero lo más grave sería que en el clausulado de la escritura, que seguramente firmó el ex gobernador y su secretario de gobierno, no se hubiera pactado la condición de que no se podía especular con el inmueble y que el comprador se obligaba a realizar inversiones millonarias para crear cientos de trabajos en esa superficie de más de 20 hectáreas sobre la carretera 57 que compró a 16 pesos el metro cuadrado. El contralor cacareó el hallazgo como si hubiera descifrado el enigma del destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos; o como si hubiera dado a conocer el monto real de los pasivos del gobierno.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 18, 2010
El partido que obtuviera la primera minoría en la elección del 5 de julio de 2009 tenía el derecho de proponerle al gobernador electo el nombre de la persona que fungiría como contralor general del Estado durante los siguientes seis años. El vencedor estaba obligado moral y políticamente a cumplir el compromiso. Los tres candidatos que contendieron en esa elección suscribieron un documento el 31 de marzo de ese año en el que se comprometían, entre otros asuntos, a que esa altísima responsabilidad quedaría en manos de la oposición. El logro era histórico, los integrantes de Acción Ciudadana que promovimos el acuerdo no lo podíamos creer. No recordábamos ningún otro antecedente en la vida política del país en el que se hubiera pactado una concesión de tal naturaleza. Cuando nuestra organización invitó a los contendientes a aceptar el reto, el candidato del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, parecía inalcanzable, le llevaba una buena ventaja a su rival más cercano, Fernando Toranzo Fernández, por lo que los riesgos de colocar en esa posición a una persona que podía resultar especialmente incómoda pesaban sobre la balanza del candidato puntero. Toranzo calculó que nada perdería y firmó el acuerdo.
El hecho de que una persona ajena a las confianzas e intereses del gobernador vigile que todos los funcionarios estatales cumplan con las normas establecidas, y que transparenten y administren correctamente los recursos que se ponen a su disposición, es uno de los idearios más ambiciosos del navismo. Creíamos que por fin habíamos concretado ese sueño. Colocar a una persona con esas características para que atendiera las quejas y denuncias ciudadanas derivadas de las actividades de los servidores públicos del Estado era algo extraordinario; quien además tendría la obligación de publicar con toda veracidad el resultado final de sus trabajos de evaluación y fiscalización; y tendría dientes que le permitirían aplicar sanciones administrativas y presentar las denuncias y querellas penales que resultaran en nombre del Estado. Un personaje así de perturbador estaría facultado para abrir y husmear todos los rincones y cajones de los empleados del Estado, incluidos los del propio gobernador.
El Partido Acción Nacional perdió la elección. Ganó el PRI. Pero ni a Alejandro Zapata ni a Héctor Mendizábal, presidente estatal del Comité Directivo del PAN, les interesó hacer efectivo el compromiso y proponerle al gobernador electo a la persona indicado para ocupar esa posición. Era tal el enojo y frustración del ex candidato panista por el resultado electoral que no quería tener ningún contacto con el priísta. Tampoco quiso operar para que su partido –a quien formalmente le correspondía ejercer ese derecho- hiciera la propuesta. Y así se perdió una oportunidad histórica para que alguien en serio, y no un pelele, ocupara esa responsabilidad. El 24 de agosto de 2009, estos panistas se dirigieron a los miembros de Acción Ciudadana en una misiva en la que nos comunicaban que “…hemos decidido delegar esa prerrogativa a favor de la propia agrupación Acción Ciudadana, a efecto de que sean ustedes quienes se encarguen de proponer ante quien corresponda, la persona para ocupar el cargo de Contralor General del Estado”.
De inmediato nos entrevistamos con el doctor con el propósito de rescatar el compromiso y proponerle una terna con los mejores perfiles. No la aceptó, nos dijo que ese derecho era intransferible, y que ni el PAN ni su candidato podían cederlo. Le hicimos ver las ventajas de que la contraloría la ocupara alguien que en realidad le sirviera a él y a los potosinos. Alguien independiente, con valor y conocimientos en la materia que ejerciera a plenitud la función. No nos hizo caso, seguramente que para esas alturas ya le había hecho la invitación al ex empleado de la Coca Cola, Alfonso Anaya, primo de Guillermina Anaya, cónyuge de Marcelo de los Santos, quien apareció por primera vez en la escena pública con Teófilo Torres Corzo, a quien acompañó en su violenta incursión a Palacio de Gobierno en octubre de 1992, lastimando a los navistas que bloqueábamos la puerta principal para impedirle el paso al interino del interino cuyo nombramiento estaba viciado de origen y no reconocíamos.
El primo Alfonso fue el responsable de recibir todos los bienes y documentos del gobierno de su primo político al inicio de la nueva administración. Tenía la obligación de fincarles responsabilidades a todos aquellos funcionarios salientes que ocultaron información, y, en su caso, denunciar penalmente a aquellos que hubieran incurrido en algún delito. Y no lo hizo. Han transcurrido casi diez meses del proceso de entrega recepción, y parece que lo único que encontró este talento del gobierno torancista, es una operación de compra venta en la que ex secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcena Pous, enajenó un terreno de la zona industrial a Juan Carlos Payán en 32 millones de pesos, cuando el avalúo catastral reportaba un valor de más de 68 millones, con el agravante de que el dinero no ingresó a las arcas de la Secretaría de Finanzas porque dispuso de esa cantidad para pagar las obras y servicios que demandan los empresarios de esa zona de la ciudad, según consta en la doble contabilidad que se lleva en esa oficina. Es cierto que se trata de una irregularidad administrativa que se ha tolerado desde hace varios años, pero lo más grave sería que en el clausulado de la escritura, que seguramente firmó el ex gobernador y su secretario de gobierno, no se hubiera pactado la condición de que no se podía especular con el inmueble y que el comprador se obligaba a realizar inversiones millonarias para crear cientos de trabajos en esa superficie de más de 20 hectáreas sobre la carretera 57 que compró a 16 pesos el metro cuadrado. El contralor cacareó el hallazgo como si hubiera descifrado el enigma del destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos; o como si hubiera dado a conocer el monto real de los pasivos del gobierno.