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Sirviendo a dos amos
Quinta parte
Que no se le olvide al doctor Toranzo que el gobierno de Florencio Salazar cayó por torpe y represor.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 1, 2010
El gobierno de Marcelo de los Santos tiró a la basura el millón 724 mil pesos que le pagó a Ritch Mueller, S.C., por asesorarlo en la subasta pública a la que convocó para la venta de los Invernaderos de Santa Rita. Igual suerte tuvo el millón 380 mil pesos que le cobró la empresa Protego Asesores, S. de R.L., del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, por la asesoría financiera que le brindó para ese mismo negocio; así como los 225 mil 400 pesos que desembolsó para cubrir los honorarios de Transparencia Mexicana, A.C., del columnista político Federico Reyes Heroles, quien fungió como testigo social de la fallida operación de compra venta.
En los compromisos de pago al 26 de septiembre de 2009 que dio a conocer el Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, a un peticionario de información pública, manifestó que a la SEDARH le rebotaron dos cheques por fondos insuficientes que suman dos millones de pesos que se pagaron a un perito valuador de apellido Montejano por el avalúo que le practicó a los activos de Santa Rita. Sin embargo la SEDARH sólo reportó un pago de 380 mil pesos por ese concepto. Ni el auditor ni Jesús Conde han aclarado esa diferencia. Habría que sumar todos estos números para calcular el dinero que se dilapidó irresponsablemente en esa licitación. Lo cierto es que la subasta se declaró vacía, no porque no hubiera postores como oficialmente se justificó el gobierno panista, sino porque la subasta se les “cayó” en virtud de que no podía venderse Santa Rita porque en el decreto 558 que expidió la anterior legislatura, sólo le autorizaba al Titular del Poder Ejecutivo la enajenación de ese centro de producción agrícola a un tercero interesado, pero nada decía del permiso que se requería para la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria que denominaron “Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.”, que al efecto se formalizó. De esta manera, la enajenación era inviable pues la convocatoria de la licitación puso a la venta el paquete de las acciones especiales serie “A”, que sólo podían suscribir y adquirir el gobierno federal, el estatal o municipal u organismos descentralizados; pero nunca los particulares. El auditor señaló la omisión en su listado de observaciones cualitativas, pero no sancionó a ninguno de los responsables por el daño patrimonial que le ocasionaron a la hacienda pública, y menos les reclamó los pagos indebidos que realizaron. Las empresas asesoras no reintegraron los recursos que recibieron, se quedaron con el dinero, y no le advirtieron a su cliente la falla que existía. El auditor también observó –sin consecuencia alguna- que el Ejecutivo del Estado no cumplió con la obligación de informarle al Congreso del Estado sobre la situación que guardaba el proceso de enajenación autorizado.
En este asunto, el ex gobernador Marcelo de los Santos tiene responsabilidad directa y personal, aunque no haya manejado la chequera, lo mismo que el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara; junto con el ex secretario general de Gobierno, Héctor Vega Robles y Roberto Oliva Pué, coordinador general del SIFIDE, porque constituyeron una sociedad mercantil sin cumplir con ese requisito. Esta empresa fue la que adquirió todos los bienes, muebles e inmuebles del Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial para enseguida ponerlos a la venta.
La permanencia del contador Héctor Mayorga al frente de la Auditoría Superior del Estado es insostenible. No tiene credibilidad. Sus días están contados. Ya no le es útil al gobernador del Estado -le ha perdido toda la confianza- porque sabe que sus lealtades están con el ex gobernador. La confrontación tuvo su origen por el dictamen que emitió en el que hizo constar que su administración recibió y gastó indebidamente 561 millones de pesos del préstamo que obtuvo el ex gobernador Marcelo de los Santos. A este conflicto habría que sumarle la denuncia que presentó el director del INVIES, Roberto Naif Kury, en la que señala que el auditor desatendió la revisión de un fideicomiso en el que se comprometió el patrimonio inmobiliario del Estado para garantizar obligaciones crediticias de un grupo de constructores a los que se les asignó el primer paquete de viviendas del proyecto habitacional Ciudad Satélite. También desatendió otros contratos que se derivaron de este mismo asunto. En los términos del artículo 31 de la Ley de Auditoría, cualquier ciudadano puede presentar ante el Congreso del Estado, denuncia escrita por la que solicite su remoción en virtud de que incumplió con su obligación de determinar los daños y perjuicios que este y otros asuntos que se han señalado le ocasionaron al erario público.
Miente Mayorga cuando asegura que no existen omisiones en la fiscalización de la cuenta pública del INVIES, y concretamente en el fideicomiso en cuestión que “se encuentra completamente observado”. Sólo observó 74 millones 259 mil pesos del “Fideicomiso I Bansefi, S.N.C.” porque no se justificó ese movimiento contable y por carecer de documentos. Sus observaciones no incluyeron las garantías fiduciarias que se otorgaron para soportar el préstamo que Banco Interacciones les dio a ese grupo de constructores, ni tampoco hace referencia a las actas del consejo de administración del organismo que reclama Naif Kury, y que no aparecen. El monto total de las observaciones que se le fincaron suman más de 312 millones de pesos originadas por diversos conceptos. El informe completo de la auditoría se puede consultar aquí. No es posible que en la siguiente fase procesal de la auditoría se desahoguen observaciones que no fueron señaladas en su oportunidad, el principio de definitividad no lo permite. Lo que en todo caso se podría ordenar es que se reabra la cuenta pública del INVIES correspondiente a ese ejercicio fiscal porque el proyecto de Ciudad Satélite abarca para su ejecución y pago los siguientes ejercicios.
Que no se le olvide al doctor Toranzo que el gobierno de Florencio Salazar cayó por torpe y represor.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 1, 2010
El gobierno de Marcelo de los Santos tiró a la basura el millón 724 mil pesos que le pagó a Ritch Mueller, S.C., por asesorarlo en la subasta pública a la que convocó para la venta de los Invernaderos de Santa Rita. Igual suerte tuvo el millón 380 mil pesos que le cobró la empresa Protego Asesores, S. de R.L., del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, por la asesoría financiera que le brindó para ese mismo negocio; así como los 225 mil 400 pesos que desembolsó para cubrir los honorarios de Transparencia Mexicana, A.C., del columnista político Federico Reyes Heroles, quien fungió como testigo social de la fallida operación de compra venta.
En los compromisos de pago al 26 de septiembre de 2009 que dio a conocer el Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, a un peticionario de información pública, manifestó que a la SEDARH le rebotaron dos cheques por fondos insuficientes que suman dos millones de pesos que se pagaron a un perito valuador de apellido Montejano por el avalúo que le practicó a los activos de Santa Rita. Sin embargo la SEDARH sólo reportó un pago de 380 mil pesos por ese concepto. Ni el auditor ni Jesús Conde han aclarado esa diferencia. Habría que sumar todos estos números para calcular el dinero que se dilapidó irresponsablemente en esa licitación. Lo cierto es que la subasta se declaró vacía, no porque no hubiera postores como oficialmente se justificó el gobierno panista, sino porque la subasta se les “cayó” en virtud de que no podía venderse Santa Rita porque en el decreto 558 que expidió la anterior legislatura, sólo le autorizaba al Titular del Poder Ejecutivo la enajenación de ese centro de producción agrícola a un tercero interesado, pero nada decía del permiso que se requería para la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria que denominaron “Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.”, que al efecto se formalizó. De esta manera, la enajenación era inviable pues la convocatoria de la licitación puso a la venta el paquete de las acciones especiales serie “A”, que sólo podían suscribir y adquirir el gobierno federal, el estatal o municipal u organismos descentralizados; pero nunca los particulares. El auditor señaló la omisión en su listado de observaciones cualitativas, pero no sancionó a ninguno de los responsables por el daño patrimonial que le ocasionaron a la hacienda pública, y menos les reclamó los pagos indebidos que realizaron. Las empresas asesoras no reintegraron los recursos que recibieron, se quedaron con el dinero, y no le advirtieron a su cliente la falla que existía. El auditor también observó –sin consecuencia alguna- que el Ejecutivo del Estado no cumplió con la obligación de informarle al Congreso del Estado sobre la situación que guardaba el proceso de enajenación autorizado.
En este asunto, el ex gobernador Marcelo de los Santos tiene responsabilidad directa y personal, aunque no haya manejado la chequera, lo mismo que el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara; junto con el ex secretario general de Gobierno, Héctor Vega Robles y Roberto Oliva Pué, coordinador general del SIFIDE, porque constituyeron una sociedad mercantil sin cumplir con ese requisito. Esta empresa fue la que adquirió todos los bienes, muebles e inmuebles del Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial para enseguida ponerlos a la venta.
La permanencia del contador Héctor Mayorga al frente de la Auditoría Superior del Estado es insostenible. No tiene credibilidad. Sus días están contados. Ya no le es útil al gobernador del Estado -le ha perdido toda la confianza- porque sabe que sus lealtades están con el ex gobernador. La confrontación tuvo su origen por el dictamen que emitió en el que hizo constar que su administración recibió y gastó indebidamente 561 millones de pesos del préstamo que obtuvo el ex gobernador Marcelo de los Santos. A este conflicto habría que sumarle la denuncia que presentó el director del INVIES, Roberto Naif Kury, en la que señala que el auditor desatendió la revisión de un fideicomiso en el que se comprometió el patrimonio inmobiliario del Estado para garantizar obligaciones crediticias de un grupo de constructores a los que se les asignó el primer paquete de viviendas del proyecto habitacional Ciudad Satélite. También desatendió otros contratos que se derivaron de este mismo asunto. En los términos del artículo 31 de la Ley de Auditoría, cualquier ciudadano puede presentar ante el Congreso del Estado, denuncia escrita por la que solicite su remoción en virtud de que incumplió con su obligación de determinar los daños y perjuicios que este y otros asuntos que se han señalado le ocasionaron al erario público.
Miente Mayorga cuando asegura que no existen omisiones en la fiscalización de la cuenta pública del INVIES, y concretamente en el fideicomiso en cuestión que “se encuentra completamente observado”. Sólo observó 74 millones 259 mil pesos del “Fideicomiso I Bansefi, S.N.C.” porque no se justificó ese movimiento contable y por carecer de documentos. Sus observaciones no incluyeron las garantías fiduciarias que se otorgaron para soportar el préstamo que Banco Interacciones les dio a ese grupo de constructores, ni tampoco hace referencia a las actas del consejo de administración del organismo que reclama Naif Kury, y que no aparecen. El monto total de las observaciones que se le fincaron suman más de 312 millones de pesos originadas por diversos conceptos. El informe completo de la auditoría se puede consultar aquí. No es posible que en la siguiente fase procesal de la auditoría se desahoguen observaciones que no fueron señaladas en su oportunidad, el principio de definitividad no lo permite. Lo que en todo caso se podría ordenar es que se reabra la cuenta pública del INVIES correspondiente a ese ejercicio fiscal porque el proyecto de Ciudad Satélite abarca para su ejecución y pago los siguientes ejercicios.