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Tres veces p'atras
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 7, 2011
No me cabe la menor duda que la tercera –y seguramente la última- lista de consejeros electorales que apruebe el pleno del Congreso del Estado será de nueva cuenta impugnada por algunos de los aspirantes rechazados, que falsa o fundadamente sienten que sus derechos político electorales han sido vulnerados, argumentando que son mejores que los electos o que algunos de éstos no debieron ser considerados para ocupar esas posiciones porque no cumplen con los requisitos de la convocatoria; aunque en esta ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no ordenará la reposición del procedimiento, sino la instalación de un consejo electoral integrado por ciudadanos insaculados entre los candidatos que resulten elegibles de los que oportunamente se registraron, pues estamos a menos de 54 días de que se inicie el proceso electoral del 2012, y para salvaguardar el estado de derecho y mantener el orden público, puede repetirse lo que ocurrió en el estado de Yucatán el 27 de diciembre del 2000, cuando el TEPJF concedió 48 horas a los diputados yucatecos para que celebraran una sesión plenaria en la que deberían elegir a los consejeros ciudadanos, ya que de lo contrario se les aplicarían los medios de apremio que señala la Ley, independientemente de que incurrirían en las responsabilidades que pudieran derivarse por su desobediencia. No obstante lo anterior los integrantes de esa Legislatura desacataron la resolución por lo que se llegó a los extremos de que el propio Tribunal insaculara a los consejeros.
Creo que los interesados en estos asuntos públicos podríamos orientar a los abrumados diputados potosinos que no atinan cómo integrar las nuevas listas de candidatos, si coadyuvamos en este trabajo elaborando nuestras propias propuestas con base en los lineamientos de la última sentencia que emitió el máximo tribunal electoral del país. Los diputados no saben qué fórmula deben aplicar para evaluar a los aspirantes que quedaron en la recta final y qué calificación asignarles por los méritos y trayectoria de su experiencia laboral y/o conocimientos académicos en materia electoral como lo manda la sentencia judicial.
En este ejercicio ciudadano quiero empezar por delinear la cuota de género que garantiza como mínimo tres espacios en el organismo electoral; y que, como siempre, corresponderá a las mujeres. Considero que las más viables y con más merecimientos para ocupar los cargos de consejeras propietarias, de acuerdo a las reglas señaladas, y no a mis simpatías personales o políticas, son Silvia del Carmen Martínez Méndez, María de la Luz Galván Salazar y María del Carmen Haro Aranda, con la advertencia de que algunas otras aspirantes pudieron haber omitido alguna información valiosa en los currículos que presentaron y que a estas alturas ya no se puede tomar en cuenta, pues en muchos ocasiones el solicitante de un empleo no sabe cómo ofertarse, o bien, pudo haber ocurrido que los dictaminadores del Congreso del Estado hayan inventado algunos méritos y actividades a los candidatos preferidos para otorgarles calificaciones más altas, como fue el caso del ex presidente concejal, Fernando Navarro González, quien en su solicitud de registro, que tuve a la vista, aclaró que no había terminado sus estudios de Licenciado en Mercadotecnia, y sin embargo, en el dictamen que elaboró la Comisión Especial le dieron el título para sumarle algunos puntos que le permitieron calificar como consejero propietario.
La primera candidata que analizo destaca por ser una persona muy trabajadora e inteligente, como la conceptúan sus compañeros en el IFE, hija de don Álvaro Martínez Silva, quien también se inscribió en esta competencia y al que en la síntesis de su currículo se le suprimió dolosamente su formación y experiencia electoral para que no calificara, no obstante que es uno de los mejores y más completos perfiles para ocupar una consejería. El diputado Alfonso Castillo Machuca, como presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, deberá responder por este ilícito, lo mismo que Pedro Pablo Cepeda, quien de plano le pidió que desistiera de su empeño sabiendo que obtendría las mejores calificaciones. Difícilmente podrían ser seleccionados los dos –aunque no hay impedimento legal- para formar parte del mismo Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). La abogada Martínez Méndez cuenta con una maestría en política criminal que de acuerdo a las reglas de la sentencia del Tribunal no tiene relevancia alguna para ser elegida. Es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del IFE, lo que le ha permitido recorrer todo el estado y conocer a todos los funcionarios electorales. No se le conoce preferencia partidista alguna.
La segunda de la lista cuenta con una maestría en educación. Ha participado en cursos y seminarios relacionados con procesos electorales y derecho electoral. Se inició como funcionaria de casilla hasta alcanzar en el 2005 una consejería electoral en el Consejo Local del IFE en San Luis Potosí. Conoce bien los entresijos de los organismos electorales. A la ex consejera Galván se le señala que de ser una crítica de los excesos en que incurren sus superiores pasó a ser una incondicional de Sergio Aispuro, vocal ejecutivo del IFE en el estado. Sus simpatías por el PRI son inocultables.
La tercera aspirante que veo con posibilidades para acceder a una consejería es la maestra María del Carmen Haro Aranda, hermana del ex dirigente priista Bernardo de los mismos apellidos, vinculado estrechamente al vilipendiado ex presidente estatal del PRI, Adolfo Micalco. Tiene formación electoral como ex consejera propietaria del CEEPAC. Habría que revisar sus actuaciones para determinar qué tanto le afectó en su imparcialidad el hecho de que su hermano representara al PRI en el Consejo. Toleró, como todos los otros consejeros electorales, que Rodolfo Aguilar dispusiera libremente de los recursos del organismo y lo administrara como si se tratara de un negocio de su propiedad.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 7, 2011
No me cabe la menor duda que la tercera –y seguramente la última- lista de consejeros electorales que apruebe el pleno del Congreso del Estado será de nueva cuenta impugnada por algunos de los aspirantes rechazados, que falsa o fundadamente sienten que sus derechos político electorales han sido vulnerados, argumentando que son mejores que los electos o que algunos de éstos no debieron ser considerados para ocupar esas posiciones porque no cumplen con los requisitos de la convocatoria; aunque en esta ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no ordenará la reposición del procedimiento, sino la instalación de un consejo electoral integrado por ciudadanos insaculados entre los candidatos que resulten elegibles de los que oportunamente se registraron, pues estamos a menos de 54 días de que se inicie el proceso electoral del 2012, y para salvaguardar el estado de derecho y mantener el orden público, puede repetirse lo que ocurrió en el estado de Yucatán el 27 de diciembre del 2000, cuando el TEPJF concedió 48 horas a los diputados yucatecos para que celebraran una sesión plenaria en la que deberían elegir a los consejeros ciudadanos, ya que de lo contrario se les aplicarían los medios de apremio que señala la Ley, independientemente de que incurrirían en las responsabilidades que pudieran derivarse por su desobediencia. No obstante lo anterior los integrantes de esa Legislatura desacataron la resolución por lo que se llegó a los extremos de que el propio Tribunal insaculara a los consejeros.
Creo que los interesados en estos asuntos públicos podríamos orientar a los abrumados diputados potosinos que no atinan cómo integrar las nuevas listas de candidatos, si coadyuvamos en este trabajo elaborando nuestras propias propuestas con base en los lineamientos de la última sentencia que emitió el máximo tribunal electoral del país. Los diputados no saben qué fórmula deben aplicar para evaluar a los aspirantes que quedaron en la recta final y qué calificación asignarles por los méritos y trayectoria de su experiencia laboral y/o conocimientos académicos en materia electoral como lo manda la sentencia judicial.
En este ejercicio ciudadano quiero empezar por delinear la cuota de género que garantiza como mínimo tres espacios en el organismo electoral; y que, como siempre, corresponderá a las mujeres. Considero que las más viables y con más merecimientos para ocupar los cargos de consejeras propietarias, de acuerdo a las reglas señaladas, y no a mis simpatías personales o políticas, son Silvia del Carmen Martínez Méndez, María de la Luz Galván Salazar y María del Carmen Haro Aranda, con la advertencia de que algunas otras aspirantes pudieron haber omitido alguna información valiosa en los currículos que presentaron y que a estas alturas ya no se puede tomar en cuenta, pues en muchos ocasiones el solicitante de un empleo no sabe cómo ofertarse, o bien, pudo haber ocurrido que los dictaminadores del Congreso del Estado hayan inventado algunos méritos y actividades a los candidatos preferidos para otorgarles calificaciones más altas, como fue el caso del ex presidente concejal, Fernando Navarro González, quien en su solicitud de registro, que tuve a la vista, aclaró que no había terminado sus estudios de Licenciado en Mercadotecnia, y sin embargo, en el dictamen que elaboró la Comisión Especial le dieron el título para sumarle algunos puntos que le permitieron calificar como consejero propietario.
La primera candidata que analizo destaca por ser una persona muy trabajadora e inteligente, como la conceptúan sus compañeros en el IFE, hija de don Álvaro Martínez Silva, quien también se inscribió en esta competencia y al que en la síntesis de su currículo se le suprimió dolosamente su formación y experiencia electoral para que no calificara, no obstante que es uno de los mejores y más completos perfiles para ocupar una consejería. El diputado Alfonso Castillo Machuca, como presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, deberá responder por este ilícito, lo mismo que Pedro Pablo Cepeda, quien de plano le pidió que desistiera de su empeño sabiendo que obtendría las mejores calificaciones. Difícilmente podrían ser seleccionados los dos –aunque no hay impedimento legal- para formar parte del mismo Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). La abogada Martínez Méndez cuenta con una maestría en política criminal que de acuerdo a las reglas de la sentencia del Tribunal no tiene relevancia alguna para ser elegida. Es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local Ejecutiva del IFE, lo que le ha permitido recorrer todo el estado y conocer a todos los funcionarios electorales. No se le conoce preferencia partidista alguna.
La segunda de la lista cuenta con una maestría en educación. Ha participado en cursos y seminarios relacionados con procesos electorales y derecho electoral. Se inició como funcionaria de casilla hasta alcanzar en el 2005 una consejería electoral en el Consejo Local del IFE en San Luis Potosí. Conoce bien los entresijos de los organismos electorales. A la ex consejera Galván se le señala que de ser una crítica de los excesos en que incurren sus superiores pasó a ser una incondicional de Sergio Aispuro, vocal ejecutivo del IFE en el estado. Sus simpatías por el PRI son inocultables.
La tercera aspirante que veo con posibilidades para acceder a una consejería es la maestra María del Carmen Haro Aranda, hermana del ex dirigente priista Bernardo de los mismos apellidos, vinculado estrechamente al vilipendiado ex presidente estatal del PRI, Adolfo Micalco. Tiene formación electoral como ex consejera propietaria del CEEPAC. Habría que revisar sus actuaciones para determinar qué tanto le afectó en su imparcialidad el hecho de que su hermano representara al PRI en el Consejo. Toleró, como todos los otros consejeros electorales, que Rodolfo Aguilar dispusiera libremente de los recursos del organismo y lo administrara como si se tratara de un negocio de su propiedad.