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Uso y abuso de las aeronaves de gobierno
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 31, 2010
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 31, 2010
Humberto Picharra Carrete, ex oficial mayor del gobierno de Marcelo de los Santos no se atrevió a desobedecer a su jefe y menos a renunciarle, aunque lo que le ordenara fuera ilegal y abusivo. Se trata de un empleado de todas las confianzas del ex gobernador que le sirvió fielmente desde que era alcalde de la capital. Es uno de los ex funcionarios marcelistas que nunca ostentó riqueza no obstante que manejaba un presupuesto millonario y era el encargado de comprar los bienes y servicios de las dependencias del gobierno. Su casa habitación se localiza en la sección más pobre del fraccionamiento Las Lomas, en el que desencajan algunas viviendas de interés social como la suya. Su incondicional sometimiento y el trato déspota y autoritario del ex gobernador lo doblegaron al permitir que los aviones del gobierno que estaban bajo su custodia los utilizaran pasajeros, cuyos nombres se resiste a revelar, para transportarlos a destinos que dolosamente ocultó porque sabía que esos desplazamientos nada tenían que ver con los asuntos de carácter oficial de la administración pública. Nadie, más que Marcelo podía ordenarle que esos viajeros utilizaran las aeronaves del gobierno. El administrador del transporte aéreo escondió o destruyó las bitácoras de decenas de vuelos injustificados y subrepticios. El costo de las horas vuelo, el pago de los servicios en los aeropuertos y hangares, los sueldos de los pilotos, el combustible, las refacciones y el mantenimiento de los aeronaves que se usaron al margen de la Ley deben cuantificarse para determinar los daños y perjuicios que sufrió el erario público, y de esta manera fijarle responsabilidades.
A los pocos meses de haberse iniciado esta administración se sabía que los aviones del gobierno los estaban utilizando selectos pasajeros para llevarlos a playas mexicanas y ciudades fronterizas en los Estados Unidos. En el 2004 se le solicitó a Picharra una copia de la bitácora de vuelos correspondiente al primer año de ejercicio. Lo que nos entregó era impecable: todos los vuelos se referían a lugares del interior del estado o a otras entidades en las que si ningún problema podía haber acreditado actividades relacionadas con asuntos públicos.
En el 2005 el Gobierno del Estado firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un flamante aparato King Air B-200, por el que erogaría 4.5 millones de dólares en pagos mensuales durante 4 años. Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, la Oficialía Mayor tenía en su nómina a 7 pilotos, 1 copiloto y 1 coordinador de vuelos para 3 aeronaves: un helicóptero Bell 412, un avión King Air B-200, y un avión Cessna 206.
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), le contabilizó al gobierno potosino 3,056 vuelos del 26 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2009, y le sumó otro helicóptero a su inventario, un Ecureuil AS350 B que inexplicablemente no reportó Picharra en su informe. En el ejercicio 2008 erogó $1,376,704.00 por concepto de turbosina. Para el mantenimiento de las aeronaves desembolsó $4,377,756.00. No se precisa cuánto le costaron los seguros. Ese año, para capacitar a los pilotos pagó $1,029,463.00. Un servicio demasiado caro como para andar paseando a un montón de gorrones. El gobierno de Fernando Toranzo, el de la austeridad, presupuestó para el 2010 un gasto de $2,198,352.00 para comprar turbosina.
Transcurrieron varios años para volver a solicitar las bitácoras de vuelo, y ahora también, pedíamos la identidad de los viajeros. Empleados del aeropuerto nos aseguraban que los aviones se usaban a discreción los fines de semana para transportar pasajeros y que algunos de ellos no eran los que habitualmente los utilizaban. Por eso, el 10 de febrero de 2009 se le solicitó al oficial mayor la bitácora de todas las aeronaves desde el 26 de septiembre de 2003 hasta esa fecha y la lista de las personas transportadas. Después de un largo litigio, el oficial mayor le informó a la CEGAIP que le estaba entregando al peticionario de manera gratuita y en versión pública la lista de los transportados en las aeronaves correspondientes a los años 2007, 2008 y el mes de enero del 2009; y por lo que se refería al período comprendido del 26 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre de 2006, le aseguraba que no existía información de los viajeros. Una vez más, los informes parecían incuestionables, todos los que se subían eran funcionarios o invitados que podían acreditar que su presencia era necesaria para gestionar o apoyar algún asunto oficial. Su uso parecía racional: las rutas no se podían cuestionar, los tiempos de vuelo eran los apropiados. Sólo había uno que no cuadraba: el 26 de junio de 2004, el King Air voló a Guatemala y ese mismo día regresó a su base. Con cualquier cuento podían haber justificado ese movimiento y optamos por indagar en otros lugares. Era comprensible que los vuelos que reportó a las ciudades fronterizas de Texas eran para el mantenimiento de las aeronaves.
La información del oficial mayor no era confiable, y por eso, el 1 de junio de 2009 se la solicitamos al gobierno federal a través de la SENEAM, que también lleva un registro oficial de los vuelos. El 18 de junio nos la entregó incompleta por lo que recurrimos al IFAI que resolvió a nuestro favor. Aún así, la información era muy reveladora. Corroborábamos que la que habíamos recibido del oficial mayor era falsa porque ocultaba un número importante de vuelos a destinos que difícilmente podía justificar, como a Zihuatanejo, Puerto Vallarta y Playa Azul y por lo menos 10 vuelos internacionales a Estados Unidos, Colombia, Argentina y Bahamas, entre otros no reportados. Humberto Picharra sabía las identidades de los viajeros que se desplazaron a esos lugares, y las ocultó. Algo parecido ocurrió en Querétaro en el 2009, el gobernador Francisco Garrido fue exhibido a nivel nacional por el diario “Reforma” porque sólo declaró 13 de los 54 vuelos que su avión operó en Texas. Le gustaba ir de shopping a Estados Unidos. Ese año los panistas perdieron la gubernatura.
A los pocos meses de haberse iniciado esta administración se sabía que los aviones del gobierno los estaban utilizando selectos pasajeros para llevarlos a playas mexicanas y ciudades fronterizas en los Estados Unidos. En el 2004 se le solicitó a Picharra una copia de la bitácora de vuelos correspondiente al primer año de ejercicio. Lo que nos entregó era impecable: todos los vuelos se referían a lugares del interior del estado o a otras entidades en las que si ningún problema podía haber acreditado actividades relacionadas con asuntos públicos.
En el 2005 el Gobierno del Estado firmó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un flamante aparato King Air B-200, por el que erogaría 4.5 millones de dólares en pagos mensuales durante 4 años. Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, la Oficialía Mayor tenía en su nómina a 7 pilotos, 1 copiloto y 1 coordinador de vuelos para 3 aeronaves: un helicóptero Bell 412, un avión King Air B-200, y un avión Cessna 206.
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), le contabilizó al gobierno potosino 3,056 vuelos del 26 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2009, y le sumó otro helicóptero a su inventario, un Ecureuil AS350 B que inexplicablemente no reportó Picharra en su informe. En el ejercicio 2008 erogó $1,376,704.00 por concepto de turbosina. Para el mantenimiento de las aeronaves desembolsó $4,377,756.00. No se precisa cuánto le costaron los seguros. Ese año, para capacitar a los pilotos pagó $1,029,463.00. Un servicio demasiado caro como para andar paseando a un montón de gorrones. El gobierno de Fernando Toranzo, el de la austeridad, presupuestó para el 2010 un gasto de $2,198,352.00 para comprar turbosina.
Transcurrieron varios años para volver a solicitar las bitácoras de vuelo, y ahora también, pedíamos la identidad de los viajeros. Empleados del aeropuerto nos aseguraban que los aviones se usaban a discreción los fines de semana para transportar pasajeros y que algunos de ellos no eran los que habitualmente los utilizaban. Por eso, el 10 de febrero de 2009 se le solicitó al oficial mayor la bitácora de todas las aeronaves desde el 26 de septiembre de 2003 hasta esa fecha y la lista de las personas transportadas. Después de un largo litigio, el oficial mayor le informó a la CEGAIP que le estaba entregando al peticionario de manera gratuita y en versión pública la lista de los transportados en las aeronaves correspondientes a los años 2007, 2008 y el mes de enero del 2009; y por lo que se refería al período comprendido del 26 de septiembre de 2003 al 31 de diciembre de 2006, le aseguraba que no existía información de los viajeros. Una vez más, los informes parecían incuestionables, todos los que se subían eran funcionarios o invitados que podían acreditar que su presencia era necesaria para gestionar o apoyar algún asunto oficial. Su uso parecía racional: las rutas no se podían cuestionar, los tiempos de vuelo eran los apropiados. Sólo había uno que no cuadraba: el 26 de junio de 2004, el King Air voló a Guatemala y ese mismo día regresó a su base. Con cualquier cuento podían haber justificado ese movimiento y optamos por indagar en otros lugares. Era comprensible que los vuelos que reportó a las ciudades fronterizas de Texas eran para el mantenimiento de las aeronaves.
La información del oficial mayor no era confiable, y por eso, el 1 de junio de 2009 se la solicitamos al gobierno federal a través de la SENEAM, que también lleva un registro oficial de los vuelos. El 18 de junio nos la entregó incompleta por lo que recurrimos al IFAI que resolvió a nuestro favor. Aún así, la información era muy reveladora. Corroborábamos que la que habíamos recibido del oficial mayor era falsa porque ocultaba un número importante de vuelos a destinos que difícilmente podía justificar, como a Zihuatanejo, Puerto Vallarta y Playa Azul y por lo menos 10 vuelos internacionales a Estados Unidos, Colombia, Argentina y Bahamas, entre otros no reportados. Humberto Picharra sabía las identidades de los viajeros que se desplazaron a esos lugares, y las ocultó. Algo parecido ocurrió en Querétaro en el 2009, el gobernador Francisco Garrido fue exhibido a nivel nacional por el diario “Reforma” porque sólo declaró 13 de los 54 vuelos que su avión operó en Texas. Le gustaba ir de shopping a Estados Unidos. Ese año los panistas perdieron la gubernatura.