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Va p'atrás, diputados
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 23, 2011
4.- La Ley Electoral establece la obligación de formar una comisión especial de diputados para la integración del Consejo Electoral. No existió tal acuerdo. A los diputados se les hizo fácil encargarle esa tarea a una Comisión que ya existía, la de Reforma del Estado, como se les pudo haber ocurrido encomendársela a la de Hacienda, Ecología o a cualquier otra.
5.- Arbitrariamente la Comisión envió al pleno una lista de once candidatos propietarios y diez suplentes, casi el número exacto que se requería para ocupar esas posiciones, lo que implicó una imposición y no una elección. Al extremo que para cumplir con la cuota de género no hubo ninguna propuesta que eliminar porque se les envió el nombre de las tres mujeres que había que designar, ni una más ni una menos. El quejoso insiste en que debió enviarse una lista hasta con el doble de consejeros a elegir para que de esa manera escogieran a los 9 consejeros propietarios y 8 suplentes entre los 34 nombres sugeridos que tuvieran las mejores aptitudes para ocupar esos cargos. Abundando más en el tema anterior, Oskar Kalisto, insiste en que la palabra “elegir” significa tener dos o más opciones, de tal manera que si se tenían que elegir a 17 consejeros para tener una opción por cada uno era indispensable que se necesitaran otras 17 personas, ya que de lo contrario no podemos hablar de una elección, sino de una imposición que fue lo que finalmente ocurrió. No había alternativa de elección. La Comisión se justifica con el argumento de que la Ley les permite proponer hasta el doble de los consejeros a elegir, esto quiere decir que la Ley establece un máximo pero no un mínimo. Su interpretación gramatical en este caso no es la fuente de la verdad porque hay otros criterios de interpretación que tenían que haberse aplicado. De ser así hubiera bastado con que la Comisión pasara al pleno los 17 nombres que se requerían para integrar el Consejo. El diputado Oscar Vera denunció en el Pleno que los trabajos de la Comisión estaban mal hechos y que dos de sus compañeros -Cepeda y Bautista- se habían repartido todo el botín. Sus colegas Manuel Lozano y Beatriz Benavente también manifestaron su inconformidad desde esa tribuna por las arbitrariedades cometidas.
6.- Oskar Calixto, el también ex presidente consejero del séptimo distrito electoral, quien en la elección anterior resistió los embates de Rodolfo Aguilar porque le exigió que renunciara a su cargo por no permitir que Convergencia registrara fuera del término legal a uno de sus candidatos a diputado, se queja de que antes de que se conociera el resultado de la votación, el diputado Pedro Pablo Cepeda declaró que las mejores puntuaciones en la evaluación de los candidatos las habían obtenido Alfonso Normandía, Patricio Rubio y Miguel Maya, opinión que debió reservarse hasta que se emitiera oficialmente un dictamen de todos los participantes, y a partir de ese momento incluyeron también como finalistas a Pedro Morales Sifuentes y Flor de María Salazar Mendoza, adelantándose el sentido de la resolución en forma parcial y selectiva. Agrega que el diputado Cepeda no tenía porque convencer a nadie que estas personas tenían los mejores perfiles por ser académicos cuando en la convocatoria nunca se exigió ese requisito, sino el de experiencia electoral que en todo caso lo tenían los cuatro presidentes de las comisiones distritales que compitieron y que fueron desechados.
7.- Otra violación de garantías es la que se refiere a la aceptación incondicional y obligatoria de todos y cada uno de los términos y condiciones de la convocatoria que tuvieron que suscribir los candidatos para poder participar en la contienda, pues era irrenunciable el derecho de inconformarse por alguna ilegalidad del procedimiento.
8.- Se incurrió en el error de presentar al Pleno dos listas, una de propietarios y otra de suplentes, cuando debería ser sólo una colocando en orden a los candidatos que la Comisión consideró más aptos y así sucesivamente a los que obtuvieron menores calificaciones.
9.- El promovente impugna especialmente los nombramientos de Rosa Jimena Gómez, Pedro Morales Sifuentes y Fernando Navarro, la primera porque su nombre aparecía en la página web del PAN como militante de ese partido. Verifiqué lo anterior y no la encontré en el listado. De cualquier manera sería recomendable que la consejera aclarara su situación; el segundo por sus nexos con un presunto delincuente al haberle expedido una credencial como policía cuando se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Rioverde; y el tercero porque la Ley no le permite ser consejero por tercera ocasión. Omitió señalar a la ex directora del Archivo Histórico del Estado, Flor de María Salazar, sobre quien pesa una acusación del actual director, Rafael Morales Bocardo, en el sentido de ser la responsable de la desaparición de varios documentos históricos cuando se desempeñaba en ese cargo.
Si por alguna circunstancia no se repone el proceso de selección, -aunque lo más apropiado sería que todos los consejeros renunciaran antes de que el Tribunal se pronuncie- creo que los potosinos ya salimos ganando, pues por lo menos cinco de ellos parecen ser una garantía de que no permitirán que el presidente concejal actúe en forma arbitraria en la dirección del organismo, como se comportó su siniestro antecesor. El también rotario y fabricante de colchones, quien no tiene la malicia ni los alcances de Aguilar, tendrá verdaderos contrapesos en el ejercicio de su cargo, y eso es muy saludable para la democracia en San Luis Potosí, pues de esta manera se podrían evitar los excesos en que incurren los dirigentes de los partidos políticos.
Consejeros como Patricio Rubio, Armando Normandía, Miguel Maya, Rosa Jimena Gómez y Cosme Robledo se disputarán el liderazgo del Consejo, y creo que no permitirán que las decisiones del presidente ni las del secretario ejecutivo, Héctor Cruz, y menos las del secretario de actas, Rafael Rentaría, que fueron ratificados en sus cargos, les sean impuestas. Confiamos en que los nuevos consejeros rescaten la dignidad y esencia ciudadana de esa institución.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 23, 2011
4.- La Ley Electoral establece la obligación de formar una comisión especial de diputados para la integración del Consejo Electoral. No existió tal acuerdo. A los diputados se les hizo fácil encargarle esa tarea a una Comisión que ya existía, la de Reforma del Estado, como se les pudo haber ocurrido encomendársela a la de Hacienda, Ecología o a cualquier otra.
5.- Arbitrariamente la Comisión envió al pleno una lista de once candidatos propietarios y diez suplentes, casi el número exacto que se requería para ocupar esas posiciones, lo que implicó una imposición y no una elección. Al extremo que para cumplir con la cuota de género no hubo ninguna propuesta que eliminar porque se les envió el nombre de las tres mujeres que había que designar, ni una más ni una menos. El quejoso insiste en que debió enviarse una lista hasta con el doble de consejeros a elegir para que de esa manera escogieran a los 9 consejeros propietarios y 8 suplentes entre los 34 nombres sugeridos que tuvieran las mejores aptitudes para ocupar esos cargos. Abundando más en el tema anterior, Oskar Kalisto, insiste en que la palabra “elegir” significa tener dos o más opciones, de tal manera que si se tenían que elegir a 17 consejeros para tener una opción por cada uno era indispensable que se necesitaran otras 17 personas, ya que de lo contrario no podemos hablar de una elección, sino de una imposición que fue lo que finalmente ocurrió. No había alternativa de elección. La Comisión se justifica con el argumento de que la Ley les permite proponer hasta el doble de los consejeros a elegir, esto quiere decir que la Ley establece un máximo pero no un mínimo. Su interpretación gramatical en este caso no es la fuente de la verdad porque hay otros criterios de interpretación que tenían que haberse aplicado. De ser así hubiera bastado con que la Comisión pasara al pleno los 17 nombres que se requerían para integrar el Consejo. El diputado Oscar Vera denunció en el Pleno que los trabajos de la Comisión estaban mal hechos y que dos de sus compañeros -Cepeda y Bautista- se habían repartido todo el botín. Sus colegas Manuel Lozano y Beatriz Benavente también manifestaron su inconformidad desde esa tribuna por las arbitrariedades cometidas.
6.- Oskar Calixto, el también ex presidente consejero del séptimo distrito electoral, quien en la elección anterior resistió los embates de Rodolfo Aguilar porque le exigió que renunciara a su cargo por no permitir que Convergencia registrara fuera del término legal a uno de sus candidatos a diputado, se queja de que antes de que se conociera el resultado de la votación, el diputado Pedro Pablo Cepeda declaró que las mejores puntuaciones en la evaluación de los candidatos las habían obtenido Alfonso Normandía, Patricio Rubio y Miguel Maya, opinión que debió reservarse hasta que se emitiera oficialmente un dictamen de todos los participantes, y a partir de ese momento incluyeron también como finalistas a Pedro Morales Sifuentes y Flor de María Salazar Mendoza, adelantándose el sentido de la resolución en forma parcial y selectiva. Agrega que el diputado Cepeda no tenía porque convencer a nadie que estas personas tenían los mejores perfiles por ser académicos cuando en la convocatoria nunca se exigió ese requisito, sino el de experiencia electoral que en todo caso lo tenían los cuatro presidentes de las comisiones distritales que compitieron y que fueron desechados.
7.- Otra violación de garantías es la que se refiere a la aceptación incondicional y obligatoria de todos y cada uno de los términos y condiciones de la convocatoria que tuvieron que suscribir los candidatos para poder participar en la contienda, pues era irrenunciable el derecho de inconformarse por alguna ilegalidad del procedimiento.
8.- Se incurrió en el error de presentar al Pleno dos listas, una de propietarios y otra de suplentes, cuando debería ser sólo una colocando en orden a los candidatos que la Comisión consideró más aptos y así sucesivamente a los que obtuvieron menores calificaciones.
9.- El promovente impugna especialmente los nombramientos de Rosa Jimena Gómez, Pedro Morales Sifuentes y Fernando Navarro, la primera porque su nombre aparecía en la página web del PAN como militante de ese partido. Verifiqué lo anterior y no la encontré en el listado. De cualquier manera sería recomendable que la consejera aclarara su situación; el segundo por sus nexos con un presunto delincuente al haberle expedido una credencial como policía cuando se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Rioverde; y el tercero porque la Ley no le permite ser consejero por tercera ocasión. Omitió señalar a la ex directora del Archivo Histórico del Estado, Flor de María Salazar, sobre quien pesa una acusación del actual director, Rafael Morales Bocardo, en el sentido de ser la responsable de la desaparición de varios documentos históricos cuando se desempeñaba en ese cargo.
Si por alguna circunstancia no se repone el proceso de selección, -aunque lo más apropiado sería que todos los consejeros renunciaran antes de que el Tribunal se pronuncie- creo que los potosinos ya salimos ganando, pues por lo menos cinco de ellos parecen ser una garantía de que no permitirán que el presidente concejal actúe en forma arbitraria en la dirección del organismo, como se comportó su siniestro antecesor. El también rotario y fabricante de colchones, quien no tiene la malicia ni los alcances de Aguilar, tendrá verdaderos contrapesos en el ejercicio de su cargo, y eso es muy saludable para la democracia en San Luis Potosí, pues de esta manera se podrían evitar los excesos en que incurren los dirigentes de los partidos políticos.
Consejeros como Patricio Rubio, Armando Normandía, Miguel Maya, Rosa Jimena Gómez y Cosme Robledo se disputarán el liderazgo del Consejo, y creo que no permitirán que las decisiones del presidente ni las del secretario ejecutivo, Héctor Cruz, y menos las del secretario de actas, Rafael Rentaría, que fueron ratificados en sus cargos, les sean impuestas. Confiamos en que los nuevos consejeros rescaten la dignidad y esencia ciudadana de esa institución.