Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Conviviendo con el enemigo
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Febrero 7, 2010
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Febrero 7, 2010
Aquella imagen bonachona y confiable que proyectó el doctor Fernando Toranzo durante su campaña a la gubernatura se ha transformado en un rostro angustiado e irascible por el peso abrumador de los conflictos que se le suman todos los días y que no sabe cómo resolverlos: sin dinero, sin obras, con peticiones por todos lados y con muy pocos colaboradores que realmente le sirvan; habrá que añadirle ahora las acciones delictivas de alto impacto que en los últimos días han estremecido a los potosinos, como la balacera que ocurrió el pasado domingo en el fraccionamiento Campestre Morales, entre militares -que no han exhibido los impactos de las balas que recibieron sus vehículos- y presuntos delincuentes que viajaban en una camioneta BMW, en la que resultaron 3 muertos y el decomiso de armas de fuego; o la manta encontrada frente al seminario mayor, en la que se convocaba a la población a unirse a una banda de sicarios; o el cuerpo decapitado de un hombre que se localizó el pasado lunes a un costado de la carretera a Villa de Reyes, y cuya cabeza no ha sido ubicada; o el “levantón” que sufrió un conocido comerciante que después de pagar el rescate lo regresaron malherido; o la alevosa ejecución de un líder taxista y su esposa frente a su domicilio en Ciudad Valles; o la denuncia de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que acusan a efectivos de la 12ª zona militar de privarlos de su libertad y torturarlos en ese cuartel; o el comando que irrumpió violentamente en la colonia Providencia de esta ciudad para “levantar” a una maestra y a sus dos hijos, y que desde octubre pasado nada sabemos de su paradero.
A un gobernador que en cuatro meses de gestión no haya conseguido los recursos que se necesitan para que funcione el Hospital General de Soledad que le dejó sin médicos ni mobiliario su antecesor, no se le puede exigir que enfrente con éxito a la delincuencia organizada. A un gobernador que se abruma con pequeñeces como conseguir 100 millones de pesos para solventar los gastos más apremiantes de su inicio, o que convoca a una rueda de prensa para promover una pelea de box profesional en la que calcula recaudar 700 mil pesos para cubrir un déficit de 90 millones que pesan sobre las finanzas del Hospital Central, y que resulta un rotundo fracaso, no se le puede pedir que nos procure seguridad y confianza. A un gobernador que no sabe cómo organizar a la sociedad civil para que lo auxilie a combatir esta lacra, no se le pueden demandar resultados concretos para mejorar los niveles de vida de sus gobernados. A un gobernador que no sabe cómo hacerle para que ICA le entregue la cárcel distrital de Ciudad Valles o el Centro de Convenciones, no se le puede reclamar la solución de asuntos mayores. A un gobernador que ha sido incapaz de detallar los pasivos que le heredaron y que no sabe en qué se gastó el último préstamo por 1,500 millones de pesos, no se le puede creer ni seguir apoyando.
No le deseamos que le vaya mal a Toranzo, porque sabemos que si a él le va mal, le va a ir peor al resto de los potosinos. Creemos que todavía está a tiempo de enderezar el curso de su gobierno. No todo está mal, reconocemos como acertadas algunas acciones de su administración, como el haber designado a funcionarios con residencia y raíces en San Luís para encargarse de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Creemos que sus titulares tienen los atributos que se requieren para atender esas tareas. Aplaudimos también la reapertura de la Academia de Seguridad Pública del Estado, indispensable para capacitar y profesionalizar a la policía, entre otros logros.
Los escenarios de seguridad pública en el Estado son muy desalentadores, pues percibíamos que había un acuerdo tácito o entendimiento, un modus viviendi entre los jefes del crimen organizado y las autoridades estatales en las que éstas se hacían las desentendidas, como que no veían ni escuchaban para que los primeros operaran impunemente en algunas actividades ilícitas, como el narcomenudeo, la extorsión a lenones, agiotistas, contrabandistas y otros giros negros; todo esto mientras que no incurrieran en delitos de alto impacto. Parecía que tal arreglo estaba funcionando, por lo menos en el último año del gobierno panista. Se estimaba que si el gobierno federal había fracasado en su lucha por exterminar a esas organizaciones, el del Estado no tenía nada que hacer para enfrentarlas.
Las críticas más severas en materia de seguridad que se le hicieron al ex gobernador Marcelo de los Santos se las acomodó Horacio Sánchez Unzueta, aquel que le dijo que por su culpa San Luís Potosí se había convertido en un nicho de oportunidades para el crimen organizado y a quien conceptuó como un gobernador incapaz de preservar la vida y el patrimonio de los potosino. Ahora no critica, se queda callado, y eso que lo que ha ocurrido durante estos últimos días rebasa con mucho el promedio de conflictos en materia de seguridad que sufrimos los potosinos en el sexenio que acaba de concluir. Es cierto que no hemos tenido otra balacera en el centro histórico pero las hemos tenido en otros rumbos de la ciudad y del Estado, e igual o peor de traumáticas.
Tenemos la impresión de que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente está ocurriendo en nuestra entidad, y que los asuntos indelegables de la responsabilidad del ex gobernador que cedió son desatendidos o ignorados por las instancias federales, como ocurrió con el expediente del asesinato de Jaime Flores Escamilla, del que nos enteraron que lo habían “congelado” y que ni siquiera lo habían remitido a esas jurisdicciones; como nos informamos también que una buena parte de los recursos federales que se le enviaron para fortalecer al sistema de seguridad en el Estado no se ejercieron y fueron devueltos; o que el caso de la estudiante masacrada en el Salesiano no había sido consignado a un juez hasta que llegó el nuevo procurador. Entorpecer la justicia de esta manera es criminal y es causa más que suficiente para fincarles un juicio político a los responsables de la obstrucción.
A un gobernador que en cuatro meses de gestión no haya conseguido los recursos que se necesitan para que funcione el Hospital General de Soledad que le dejó sin médicos ni mobiliario su antecesor, no se le puede exigir que enfrente con éxito a la delincuencia organizada. A un gobernador que se abruma con pequeñeces como conseguir 100 millones de pesos para solventar los gastos más apremiantes de su inicio, o que convoca a una rueda de prensa para promover una pelea de box profesional en la que calcula recaudar 700 mil pesos para cubrir un déficit de 90 millones que pesan sobre las finanzas del Hospital Central, y que resulta un rotundo fracaso, no se le puede pedir que nos procure seguridad y confianza. A un gobernador que no sabe cómo organizar a la sociedad civil para que lo auxilie a combatir esta lacra, no se le pueden demandar resultados concretos para mejorar los niveles de vida de sus gobernados. A un gobernador que no sabe cómo hacerle para que ICA le entregue la cárcel distrital de Ciudad Valles o el Centro de Convenciones, no se le puede reclamar la solución de asuntos mayores. A un gobernador que ha sido incapaz de detallar los pasivos que le heredaron y que no sabe en qué se gastó el último préstamo por 1,500 millones de pesos, no se le puede creer ni seguir apoyando.
No le deseamos que le vaya mal a Toranzo, porque sabemos que si a él le va mal, le va a ir peor al resto de los potosinos. Creemos que todavía está a tiempo de enderezar el curso de su gobierno. No todo está mal, reconocemos como acertadas algunas acciones de su administración, como el haber designado a funcionarios con residencia y raíces en San Luís para encargarse de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Creemos que sus titulares tienen los atributos que se requieren para atender esas tareas. Aplaudimos también la reapertura de la Academia de Seguridad Pública del Estado, indispensable para capacitar y profesionalizar a la policía, entre otros logros.
Los escenarios de seguridad pública en el Estado son muy desalentadores, pues percibíamos que había un acuerdo tácito o entendimiento, un modus viviendi entre los jefes del crimen organizado y las autoridades estatales en las que éstas se hacían las desentendidas, como que no veían ni escuchaban para que los primeros operaran impunemente en algunas actividades ilícitas, como el narcomenudeo, la extorsión a lenones, agiotistas, contrabandistas y otros giros negros; todo esto mientras que no incurrieran en delitos de alto impacto. Parecía que tal arreglo estaba funcionando, por lo menos en el último año del gobierno panista. Se estimaba que si el gobierno federal había fracasado en su lucha por exterminar a esas organizaciones, el del Estado no tenía nada que hacer para enfrentarlas.
Las críticas más severas en materia de seguridad que se le hicieron al ex gobernador Marcelo de los Santos se las acomodó Horacio Sánchez Unzueta, aquel que le dijo que por su culpa San Luís Potosí se había convertido en un nicho de oportunidades para el crimen organizado y a quien conceptuó como un gobernador incapaz de preservar la vida y el patrimonio de los potosino. Ahora no critica, se queda callado, y eso que lo que ha ocurrido durante estos últimos días rebasa con mucho el promedio de conflictos en materia de seguridad que sufrimos los potosinos en el sexenio que acaba de concluir. Es cierto que no hemos tenido otra balacera en el centro histórico pero las hemos tenido en otros rumbos de la ciudad y del Estado, e igual o peor de traumáticas.
Tenemos la impresión de que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente está ocurriendo en nuestra entidad, y que los asuntos indelegables de la responsabilidad del ex gobernador que cedió son desatendidos o ignorados por las instancias federales, como ocurrió con el expediente del asesinato de Jaime Flores Escamilla, del que nos enteraron que lo habían “congelado” y que ni siquiera lo habían remitido a esas jurisdicciones; como nos informamos también que una buena parte de los recursos federales que se le enviaron para fortalecer al sistema de seguridad en el Estado no se ejercieron y fueron devueltos; o que el caso de la estudiante masacrada en el Salesiano no había sido consignado a un juez hasta que llegó el nuevo procurador. Entorpecer la justicia de esta manera es criminal y es causa más que suficiente para fincarles un juicio político a los responsables de la obstrucción.