Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
En seguridad, grillas sucesorias
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Julio 19, 2012
El artero atentado del que fue víctima el comandante José Julián Rojas Hernández, deja al descubierto que el Estado ha fracasado en el urgente desafío de depurar los cuerpos policíacos. Cuando un policía atenta contra la vida de otro policía, es que algo nauseabundo está ocurriendo.
Y mientras desde altas esferas de gobierno, que bien podrían radicar en la Secretaría General se impulsa la idea de que llegue José Luis Urban a la Secretaría de Seguridad Pública, conviene recordar que las políticas públicas en materia de seguridad no debieran admitir grillas sucesorias.
Algunos datos para documentar.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí es una de las cinco entidades federativas en el país, cuyo grado de avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza, es apenas de entre el 15 y el 25 por ciento.
Para el caso de San Luis Potosí, el estatus que guarda hasta el mes de junio, es mínimo al colocarse entre los que están en “proceso de certificación”.
El Secretariado presenta en su portal de internet un documento en el que se señalan las doce entidades de la república con mayor avance en la evaluación a elementos estatales y municipales, así como a aquellos de reciente ingreso. San Luis Potosí ni siquiera aparece en los listados.
En el documento de Evaluaciones de Control y Confianza, mandos medios y superiores, estatales y municipales, San Luis Potosí reporta un universo total de 516 elementos, 308 de ellos estatales y 208 municipales.
El 61 por ciento de los mandos medios y superiores estatales aun no han sido evaluados, mientras que a nivel municipal el rezago en la evaluación es del 46 por ciento.
Respecto del Sistema Integral de Desarrollo Policial que considera la carrera policial, régimen disciplinario, esquemas de profesionalización y certificación, San Luis Potosí está entre las 23 entidades federativas que no reportan avances.
Ese esquema a nivel municipal tampoco ha encontrado eco en ayuntamientos potosinos que reciben recursos del SUBSEMUN, pues la capital del estado, Matehuala, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez no han enviado a la federación informes del avance de ese Sistema Integral de Desarrollo Policial a nivel municipio.
Lo anterior demuestra el desinterés de las autoridades locales para cumplir con su compromiso de profesionalizar a las policías.
“La profesionalización de las instituciones de seguridad pública tiene como objetivos que las actividades de las corporaciones policiales, se realice con servidores públicos que, estando debidamente capacitados en relación con las funciones propias de su cargo, por vocación, las realicen con especial dedicación y aplicación, con interés y afecto, logrando así la eficacia de la actividad estatal de brindar seguridad pública”.
El Estado y los municipios de San Luis Potosí han fallado en ese propósito central, según el cual, para combatir con mayor eficiencia a la delincuencia, en primer lugar está el contar con policías profesionales con competencias, conocimientos, habilidades y capacidades para el mejor cumplimiento de sus tareas en beneficio de la sociedad.
San Luis Potosí cuenta con siete mil 873 policías, lo que representa 305 elementos por cada cien mil habitantes de la entidad. Aunque el número de elementos estatales y municipales es importante, la cobertura resulta insuficiente pues por citar solo un dato, la media nacional es de 354 policías por cada cien mil habitantes.
Como lo ha mostrado el suceso en el que el comandante Rojas perdió la vida, el número de elementos es lo de menos, pues lo que preocupa es que fueron policías los que lo ejecutaron, lo que evidencia su precaria profesionalización, su nulo sentido de la solidaridad y de su vocación de servicio.
Pero no se limita tampoco a eso, sino también al hecho de que existiendo compromisos de los gobiernos estatales y municipales con la federación para mejorar la calidad de las policías, las autoridades hagan poco por cumplirlos.
Los responsables materiales de ese crimen están detenidos, uno de la policía municipal capitalina y dos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Pero detrás de ellos hay responsabilidades de quienes, desde los manos medios y superiores no han sabido cumplir con los acuerdos nacionales.
El gobierno de Fernando Toranzo, asumió hace ya casi tres años el compromiso principal de recobrar la paz y la tranquilidad para los potosinos. Eso no se ha logrado porque, para empezar, ni siquiera se ha limpiado la casa de los malos elementos.
Declaraciones de funcionarios públicos de los distintos niveles de la actual administración han llenado planas y planas en los periódicos en el sentido de que se combate con toda la fuerza del Estado a los delincuentes, pero del dicho al hecho el trecho es bastante amplio.
Y ahora, con la ejecución del Comandante en la colonia las Julias a unos metros de su domicilio, se pregona que no habrá impunidad, que se investigará hasta sus últimas consecuencias.
Sin embargo, se podrá resolver el crimen, pero seguirá pendiente el fondo del problema pues se mantienen corporaciones policiales improvisadas; elementos mal pagados y mal equipados que, terminan cediendo a la tentación de involucrarse en actividades ilícitas.
Los programas diseñados desde la federación no han sido atendidos ya sea por irresponsabilidad u omisión política.
El primer semestre del año acumula ya más de 200 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Eso asusta a la sociedad, a una sociedad que ahora, sorprendida, atestigua como, entre policías se matan.
Ante ese panorama, se sabe que aprovechando el asesinato del comandante, se filtra el nombre de José Luis Urban para suceder en el cargo a Heliodoro Guerrero, quien por otra parte, ha venido trabajando con el acierto que se puede frente a obstáculos que se plantan desde el propio gobierno.
Quien o quienes impulsan a Urban Ocampo, deberían revisar la Ley de Seguridad Pública aprobada en marzo pasado. El artículo trece, señala que el secretario de Seguridad deberá ser potosino y/o tener al menos tres años de residencia efectiva en la entidad y parece que ahí el actual director de Seguridad Pública no cabe.
Julio 19, 2012
El artero atentado del que fue víctima el comandante José Julián Rojas Hernández, deja al descubierto que el Estado ha fracasado en el urgente desafío de depurar los cuerpos policíacos. Cuando un policía atenta contra la vida de otro policía, es que algo nauseabundo está ocurriendo.
Y mientras desde altas esferas de gobierno, que bien podrían radicar en la Secretaría General se impulsa la idea de que llegue José Luis Urban a la Secretaría de Seguridad Pública, conviene recordar que las políticas públicas en materia de seguridad no debieran admitir grillas sucesorias.
Algunos datos para documentar.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí es una de las cinco entidades federativas en el país, cuyo grado de avance en la creación y/o fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza, es apenas de entre el 15 y el 25 por ciento.
Para el caso de San Luis Potosí, el estatus que guarda hasta el mes de junio, es mínimo al colocarse entre los que están en “proceso de certificación”.
El Secretariado presenta en su portal de internet un documento en el que se señalan las doce entidades de la república con mayor avance en la evaluación a elementos estatales y municipales, así como a aquellos de reciente ingreso. San Luis Potosí ni siquiera aparece en los listados.
En el documento de Evaluaciones de Control y Confianza, mandos medios y superiores, estatales y municipales, San Luis Potosí reporta un universo total de 516 elementos, 308 de ellos estatales y 208 municipales.
El 61 por ciento de los mandos medios y superiores estatales aun no han sido evaluados, mientras que a nivel municipal el rezago en la evaluación es del 46 por ciento.
Respecto del Sistema Integral de Desarrollo Policial que considera la carrera policial, régimen disciplinario, esquemas de profesionalización y certificación, San Luis Potosí está entre las 23 entidades federativas que no reportan avances.
Ese esquema a nivel municipal tampoco ha encontrado eco en ayuntamientos potosinos que reciben recursos del SUBSEMUN, pues la capital del estado, Matehuala, Ciudad Valles y Soledad de Graciano Sánchez no han enviado a la federación informes del avance de ese Sistema Integral de Desarrollo Policial a nivel municipio.
Lo anterior demuestra el desinterés de las autoridades locales para cumplir con su compromiso de profesionalizar a las policías.
“La profesionalización de las instituciones de seguridad pública tiene como objetivos que las actividades de las corporaciones policiales, se realice con servidores públicos que, estando debidamente capacitados en relación con las funciones propias de su cargo, por vocación, las realicen con especial dedicación y aplicación, con interés y afecto, logrando así la eficacia de la actividad estatal de brindar seguridad pública”.
El Estado y los municipios de San Luis Potosí han fallado en ese propósito central, según el cual, para combatir con mayor eficiencia a la delincuencia, en primer lugar está el contar con policías profesionales con competencias, conocimientos, habilidades y capacidades para el mejor cumplimiento de sus tareas en beneficio de la sociedad.
San Luis Potosí cuenta con siete mil 873 policías, lo que representa 305 elementos por cada cien mil habitantes de la entidad. Aunque el número de elementos estatales y municipales es importante, la cobertura resulta insuficiente pues por citar solo un dato, la media nacional es de 354 policías por cada cien mil habitantes.
Como lo ha mostrado el suceso en el que el comandante Rojas perdió la vida, el número de elementos es lo de menos, pues lo que preocupa es que fueron policías los que lo ejecutaron, lo que evidencia su precaria profesionalización, su nulo sentido de la solidaridad y de su vocación de servicio.
Pero no se limita tampoco a eso, sino también al hecho de que existiendo compromisos de los gobiernos estatales y municipales con la federación para mejorar la calidad de las policías, las autoridades hagan poco por cumplirlos.
Los responsables materiales de ese crimen están detenidos, uno de la policía municipal capitalina y dos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Pero detrás de ellos hay responsabilidades de quienes, desde los manos medios y superiores no han sabido cumplir con los acuerdos nacionales.
El gobierno de Fernando Toranzo, asumió hace ya casi tres años el compromiso principal de recobrar la paz y la tranquilidad para los potosinos. Eso no se ha logrado porque, para empezar, ni siquiera se ha limpiado la casa de los malos elementos.
Declaraciones de funcionarios públicos de los distintos niveles de la actual administración han llenado planas y planas en los periódicos en el sentido de que se combate con toda la fuerza del Estado a los delincuentes, pero del dicho al hecho el trecho es bastante amplio.
Y ahora, con la ejecución del Comandante en la colonia las Julias a unos metros de su domicilio, se pregona que no habrá impunidad, que se investigará hasta sus últimas consecuencias.
Sin embargo, se podrá resolver el crimen, pero seguirá pendiente el fondo del problema pues se mantienen corporaciones policiales improvisadas; elementos mal pagados y mal equipados que, terminan cediendo a la tentación de involucrarse en actividades ilícitas.
Los programas diseñados desde la federación no han sido atendidos ya sea por irresponsabilidad u omisión política.
El primer semestre del año acumula ya más de 200 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Eso asusta a la sociedad, a una sociedad que ahora, sorprendida, atestigua como, entre policías se matan.
Ante ese panorama, se sabe que aprovechando el asesinato del comandante, se filtra el nombre de José Luis Urban para suceder en el cargo a Heliodoro Guerrero, quien por otra parte, ha venido trabajando con el acierto que se puede frente a obstáculos que se plantan desde el propio gobierno.
Quien o quienes impulsan a Urban Ocampo, deberían revisar la Ley de Seguridad Pública aprobada en marzo pasado. El artículo trece, señala que el secretario de Seguridad deberá ser potosino y/o tener al menos tres años de residencia efectiva en la entidad y parece que ahí el actual director de Seguridad Pública no cabe.