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Prensa y Poder Público
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Octubre 25, 2011.
Las relaciones entre el poder público y los medios de comunicación nunca se han limitado al aspecto comercial. Hay en esa relación, en ocasiones perversa, intricadas redes de intereses políticos e ideológicos que van más allá de lo mercantil.
Sin bien se puede anotar avances sustanciales en el proceso democrático en el país, en cuyo caso, la libertad de prensa y la existencia de medios de comunicación ajenos a los intereses del gobierno, han sido factores fundamentales para generar una opinión pública más y mejor informada; es indudable que existe aún mucho por avanzar.
Como es natural, cada medio de comunicación informa de acuerdo con una determina línea editorial basada en determinados conceptos que van de lo político y económico, pasando por una intencionalidad de carácter ideológico.
Se entiende que cada medio proporciona información a sus lectores y audiencias, de acuerdo con lo que ese medio considera de interés general, sin embargo, es ahí donde la relación medios y poder público interfiere en lo que se conoce como responsabilidad social de la prensa.
De ese modo, el poder público con todos los recursos de que dispone busca acuerdos con los medios de comunicación para la difusión de información que al poder le interesa publicitar.
Para tal efecto, están los convenios de publicidad que signan los gobiernos e instituciones públicas con los medios de comunicación. Tales convenios, incluyen ahora no solo la publicación ocasional de informaciones oficiales, sino que se ha llegado al extremo de comprar la cobertura de una fuente.
Es el caso de los convenios de Gobierno del Estado con distintos medios de comunicación que incluyen entrevistas, cobertura informativa y la publicación inmediata de lo que el Gobierno considere prudente hacer público.
Por eso, el proceso legal que se sigue en contra de María Luisa Paulín Hernández, adquiere relevancia ya que toca uno de los nervios más sensibles de la disfuncional relación entre medios y Poder.
A la ex vocera de Marcelo de los Santos se le acusa de diversos delitos como resultado de la firma de convenios de publicidad con diversos medios informativos impresos y electrónicos.
Desde hace muchos años, existen convenios de publicidad, paquetes publicitarios que el Gobierno adquiere por anualidad. No es novedad el hecho de que en cada administración existan medios preferidos que gozan de paquetes más gordos, así como otros a los que prácticamente se les dan limosnas y otros más a los que simplemente se les ignora. Están vetados.
Año con año, los propietarios de los medios de comunicación, algunos en lo personal y otros a través de sus empleados, se acercan a la oficina de prensa del Gobierno para presentar sus propuestas de publicación a fin de que se les contrate.
Muchos quedan dentro y otros quedan a fuera, pues se supone que se contratan los paquetes de acuerdo con el nivel de influencia del medio, de su tirada de ejemplares o por el nivel de audiencia que se tenga. La cobertura es fundamental.
También es cierto que eso tampoco es regla y que siempre ha existido la propensión a dar la mano a los amigos, aunque esos medios sean materialmente desconocidos y en algunos casos, aunque ni existan.
Eso no es de ahora, así ha sido eso gracias a esa oscura relación entre medios y gobierno.
El punto nodal para conseguir un contrato publicitario es comprometerse a pie juntillas, a no pegarle al gobernador. Si el medio accede, es casi seguro que le den publicidad.
La negativa a alterar la línea informativa de un medio a cambio de un contrato, representa a ese medio la condena a no recibir una sola línea de publicidad.
Si la pretensión del gobierno en el caso de Paulín Hernández es la de iniciar un proceso de limpieza a fin de transparentar su relación comercial con los medios de comunicación, en hora buena y que así sea.
En ese sentido, lo deseable es que los convenios signados por la actual administración con los medios, se sometan al escrutinio público, así como a una auditoría a fin de comprobar que ya no se repitan casos como los que forman parte de la acusación a la directora general de Código San Luis.
Ora que si se trata de un mero asunto de índole política, ese ya sería un tema para comentar aparte.
Octubre 25, 2011.
Las relaciones entre el poder público y los medios de comunicación nunca se han limitado al aspecto comercial. Hay en esa relación, en ocasiones perversa, intricadas redes de intereses políticos e ideológicos que van más allá de lo mercantil.
Sin bien se puede anotar avances sustanciales en el proceso democrático en el país, en cuyo caso, la libertad de prensa y la existencia de medios de comunicación ajenos a los intereses del gobierno, han sido factores fundamentales para generar una opinión pública más y mejor informada; es indudable que existe aún mucho por avanzar.
Como es natural, cada medio de comunicación informa de acuerdo con una determina línea editorial basada en determinados conceptos que van de lo político y económico, pasando por una intencionalidad de carácter ideológico.
Se entiende que cada medio proporciona información a sus lectores y audiencias, de acuerdo con lo que ese medio considera de interés general, sin embargo, es ahí donde la relación medios y poder público interfiere en lo que se conoce como responsabilidad social de la prensa.
De ese modo, el poder público con todos los recursos de que dispone busca acuerdos con los medios de comunicación para la difusión de información que al poder le interesa publicitar.
Para tal efecto, están los convenios de publicidad que signan los gobiernos e instituciones públicas con los medios de comunicación. Tales convenios, incluyen ahora no solo la publicación ocasional de informaciones oficiales, sino que se ha llegado al extremo de comprar la cobertura de una fuente.
Es el caso de los convenios de Gobierno del Estado con distintos medios de comunicación que incluyen entrevistas, cobertura informativa y la publicación inmediata de lo que el Gobierno considere prudente hacer público.
Por eso, el proceso legal que se sigue en contra de María Luisa Paulín Hernández, adquiere relevancia ya que toca uno de los nervios más sensibles de la disfuncional relación entre medios y Poder.
A la ex vocera de Marcelo de los Santos se le acusa de diversos delitos como resultado de la firma de convenios de publicidad con diversos medios informativos impresos y electrónicos.
Desde hace muchos años, existen convenios de publicidad, paquetes publicitarios que el Gobierno adquiere por anualidad. No es novedad el hecho de que en cada administración existan medios preferidos que gozan de paquetes más gordos, así como otros a los que prácticamente se les dan limosnas y otros más a los que simplemente se les ignora. Están vetados.
Año con año, los propietarios de los medios de comunicación, algunos en lo personal y otros a través de sus empleados, se acercan a la oficina de prensa del Gobierno para presentar sus propuestas de publicación a fin de que se les contrate.
Muchos quedan dentro y otros quedan a fuera, pues se supone que se contratan los paquetes de acuerdo con el nivel de influencia del medio, de su tirada de ejemplares o por el nivel de audiencia que se tenga. La cobertura es fundamental.
También es cierto que eso tampoco es regla y que siempre ha existido la propensión a dar la mano a los amigos, aunque esos medios sean materialmente desconocidos y en algunos casos, aunque ni existan.
Eso no es de ahora, así ha sido eso gracias a esa oscura relación entre medios y gobierno.
El punto nodal para conseguir un contrato publicitario es comprometerse a pie juntillas, a no pegarle al gobernador. Si el medio accede, es casi seguro que le den publicidad.
La negativa a alterar la línea informativa de un medio a cambio de un contrato, representa a ese medio la condena a no recibir una sola línea de publicidad.
Si la pretensión del gobierno en el caso de Paulín Hernández es la de iniciar un proceso de limpieza a fin de transparentar su relación comercial con los medios de comunicación, en hora buena y que así sea.
En ese sentido, lo deseable es que los convenios signados por la actual administración con los medios, se sometan al escrutinio público, así como a una auditoría a fin de comprobar que ya no se repitan casos como los que forman parte de la acusación a la directora general de Código San Luis.
Ora que si se trata de un mero asunto de índole política, ese ya sería un tema para comentar aparte.