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Transparencia de élite
Por SAMUEL BONILLA NÚÑEZ
Coordinador de Información y Sociedad, Iniciativa Ciudadana.
[email protected]
Junio 5, 2012. Muchas personas no usan las leyes de transparencia porque no saben de su existencia, otras más porque no saben cómo, y muchas más porque no saben para qué, no le encuentran sentido a un discurso que se ha vaciado de significado al paso de 10 años de ser repetido insistentemente: la transparencia y el acceso a la información pública sirven para la rendición de cuentas (¿qué es eso y para qué me sirve?), para el combate a la corrupción (¡ajá!) y para lo toma de decisiones personales (¿cuáles y cómo?, por ejemplo).
Salvo para pequeños segmentos del sector académico, político, burocrático, de las OSC y acaso periodístico, la transparencia sólo es una palabra que se ha puesto de moda bajo un nuevo significado que pretende vender la desconfiable idea de que el gobierno practica una auténtica apertura informativa.
Año tras año, evento tras evento de transparencia, las ideas centrales son las mismas: rendición de cuentas, combate a la corrupción y toma de decisiones personales; los lugares son los mismos: grandes ciudades, auditorios institucionales, hoteles de lujo o universidades; las audiencias son las mismas: servidores públicos, a varios de ellos se les pide asistir, algunos docentes, estudiantes universitarios y un puñado de ciudadanos interesados en la transparencia; y hasta los ponentes son los mismos, con alguna rotación.
¿Dónde queda el panel de transparencia para campesinos, con campesinos, sobre campesinos y en el campo? ¿Dónde está el foro para juntas vecinales, con sus integrantes y en las colonias? ¿Dónde está el taller para organizaciones ciudadanas, activistas y promotores sociales? ¿Dónde está el curso para padres de familia que buscan becas u oportunidades de trabajo para sus hijos o para ser beneficiarios de programas sociales? ¿Dónde es el foro de usuarios de la transparencia para intercambiar experiencias, resultados y sugerencias? ¿Dónde está el ABC y la utilidad de la transparencia para los sectores populares, para los marginados, para los indígenas, para los discapacitados, para los migrantes, para los desempleados, para los chavos banda, para quienes ven sus derechos atropellados o sus poblaciones olvidadas de la mano gubernamental?
¿El derecho de acceso a la información es en realidad un derecho humano, una garantía constitucional o un derecho de élite? ¿En los hechos está al alcance de cualquier persona?
Y en un siguiente nivel cabría preguntarnos ¿quién está capacitando a los usuarios de leyes de transparencia sobre qué hacer con la información que reciben para alcanzar finalmente el beneficio que pretenden? ¿Quién los está asesorando para usar adecuadamente la información que reciben del gobierno para hacer exigibles otros derechos que merecen gozar? ¿Qué están haciendo al respecto los órganos garantes de la transparencia –de magros presupuestos y elevados sueldos para sus comisionados– y las universidades públicas que pretenden mayor vinculación social y anualmente tienen ejércitos de prestadores de servicio social?
¿Cuál es la composición social del grupo de usuarios del derecho de acceso a la información pública en cada estado del país?, ¿cuáles son los perfiles dominantes en la base de usuarios de la transparencia?, ¿Cuál es el crecimiento y diversificación de los usuarios de este derecho en los estados en los últimos cinco años? ¿Qué programas de apropiación ciudadana del derecho de acceso a la información pública hay en cada estado?
Un septuagenario, al que un órgano garante estatal de transparencia le ayudó a formular una solicitud de información por Infomex (Internet), buscaba afanosamente más ayuda porque el apoyo que recibió de esa instancia estatal se acabó debido a que su solicitud fue federal, al Seguro Social. Él pretendía cierta información para hacer exigible la pensión por invalidez de un familiar. Cuando una biblioteca pública le facilitó la computadora e Internet, y recibió la asesoría para encontrar la respuesta del Seguro Social, sólo meneó la cabeza diciendo: “¡Jamás yo hubiera podido por mi cuenta encontrar la respuesta aquí! (en la computadora). ¡Jamás!”
La transparencia en México ha avanzado mucho, a niveles que ni algunos de sus promotores más entusiastas hubiesen imaginado hace diez años. Pero su uso está enquistado en un sector social –y su aprovechamiento en un grupo aún menor– que si bien puede tener cierta diversidad en su composición no incluye de manera significativa a integrantes sectores rurales o marginados.
¿Quién va a exigir un derecho que no sabe que existe?, o ¿quién va a ejercer un derecho del que desconoce sus procedimientos y medios de defensa? ¿Quién va a desear un derecho al que no le encuentra utilidad para sus circunstancias? ¿Quién va a aprovechar un derecho que en el mejor de los casos lo único que le aportaría es información y no necesariamente la solución del problema que le interesa resolver?
¿Quién está ayudando a los ciudadanos de a pie a traducir los problemas sociales que viven en necesidades informativas, y a plantear éstas en términos de solicitudes de información, y a conectar la información pública que obtengan con posibles soluciones a esos problemas? ¿Quién está enseñando a usar esos “transformadores informativos” que han permitido a ciertos usuarios cambiar un problema o una necesidad social en una solución gracias a una respuesta del gobierno?
Hagamos un ejercicio mental. Supongamos que los puestos de consejeros o comisionados de los órganos de transparencia fuesen cargos de elección popular, y que los aspirantes a ocuparlos debieran hacer campaña electoral. ¿Puede usted imaginar la naturaleza y tipo de propuestas y compromisos de los candidatos que requieren el voto de la población para ganar la elección?
Bien, sin necesidad de que eso ocurra (aunque la idea puede no ser mala), es fácil encontrar en este ejercicio de imaginación varias ideas que pueden estar en sintonía con las necesidades e intereses informativos que la población esperaría satisfacer con una buena ley de transparencia, y con un órgano garante que haga valer el derecho de acceso a la información pública para todos, no sólo para quienes tienen a su alcance la posibilidad de ejercerlo.
México ha iniciado su segunda década con leyes de acceso a la información pública. Es justo que los beneficios de ésta también lleguen ya a otros niveles de la población, a los sectores más necesitados.
Mientras eso no ocurra la transparencia seguirá siendo un derecho de élite. Sólo eso.
Coordinador de Información y Sociedad, Iniciativa Ciudadana.
[email protected]
Junio 5, 2012. Muchas personas no usan las leyes de transparencia porque no saben de su existencia, otras más porque no saben cómo, y muchas más porque no saben para qué, no le encuentran sentido a un discurso que se ha vaciado de significado al paso de 10 años de ser repetido insistentemente: la transparencia y el acceso a la información pública sirven para la rendición de cuentas (¿qué es eso y para qué me sirve?), para el combate a la corrupción (¡ajá!) y para lo toma de decisiones personales (¿cuáles y cómo?, por ejemplo).
Salvo para pequeños segmentos del sector académico, político, burocrático, de las OSC y acaso periodístico, la transparencia sólo es una palabra que se ha puesto de moda bajo un nuevo significado que pretende vender la desconfiable idea de que el gobierno practica una auténtica apertura informativa.
Año tras año, evento tras evento de transparencia, las ideas centrales son las mismas: rendición de cuentas, combate a la corrupción y toma de decisiones personales; los lugares son los mismos: grandes ciudades, auditorios institucionales, hoteles de lujo o universidades; las audiencias son las mismas: servidores públicos, a varios de ellos se les pide asistir, algunos docentes, estudiantes universitarios y un puñado de ciudadanos interesados en la transparencia; y hasta los ponentes son los mismos, con alguna rotación.
¿Dónde queda el panel de transparencia para campesinos, con campesinos, sobre campesinos y en el campo? ¿Dónde está el foro para juntas vecinales, con sus integrantes y en las colonias? ¿Dónde está el taller para organizaciones ciudadanas, activistas y promotores sociales? ¿Dónde está el curso para padres de familia que buscan becas u oportunidades de trabajo para sus hijos o para ser beneficiarios de programas sociales? ¿Dónde es el foro de usuarios de la transparencia para intercambiar experiencias, resultados y sugerencias? ¿Dónde está el ABC y la utilidad de la transparencia para los sectores populares, para los marginados, para los indígenas, para los discapacitados, para los migrantes, para los desempleados, para los chavos banda, para quienes ven sus derechos atropellados o sus poblaciones olvidadas de la mano gubernamental?
¿El derecho de acceso a la información es en realidad un derecho humano, una garantía constitucional o un derecho de élite? ¿En los hechos está al alcance de cualquier persona?
Y en un siguiente nivel cabría preguntarnos ¿quién está capacitando a los usuarios de leyes de transparencia sobre qué hacer con la información que reciben para alcanzar finalmente el beneficio que pretenden? ¿Quién los está asesorando para usar adecuadamente la información que reciben del gobierno para hacer exigibles otros derechos que merecen gozar? ¿Qué están haciendo al respecto los órganos garantes de la transparencia –de magros presupuestos y elevados sueldos para sus comisionados– y las universidades públicas que pretenden mayor vinculación social y anualmente tienen ejércitos de prestadores de servicio social?
¿Cuál es la composición social del grupo de usuarios del derecho de acceso a la información pública en cada estado del país?, ¿cuáles son los perfiles dominantes en la base de usuarios de la transparencia?, ¿Cuál es el crecimiento y diversificación de los usuarios de este derecho en los estados en los últimos cinco años? ¿Qué programas de apropiación ciudadana del derecho de acceso a la información pública hay en cada estado?
Un septuagenario, al que un órgano garante estatal de transparencia le ayudó a formular una solicitud de información por Infomex (Internet), buscaba afanosamente más ayuda porque el apoyo que recibió de esa instancia estatal se acabó debido a que su solicitud fue federal, al Seguro Social. Él pretendía cierta información para hacer exigible la pensión por invalidez de un familiar. Cuando una biblioteca pública le facilitó la computadora e Internet, y recibió la asesoría para encontrar la respuesta del Seguro Social, sólo meneó la cabeza diciendo: “¡Jamás yo hubiera podido por mi cuenta encontrar la respuesta aquí! (en la computadora). ¡Jamás!”
La transparencia en México ha avanzado mucho, a niveles que ni algunos de sus promotores más entusiastas hubiesen imaginado hace diez años. Pero su uso está enquistado en un sector social –y su aprovechamiento en un grupo aún menor– que si bien puede tener cierta diversidad en su composición no incluye de manera significativa a integrantes sectores rurales o marginados.
¿Quién va a exigir un derecho que no sabe que existe?, o ¿quién va a ejercer un derecho del que desconoce sus procedimientos y medios de defensa? ¿Quién va a desear un derecho al que no le encuentra utilidad para sus circunstancias? ¿Quién va a aprovechar un derecho que en el mejor de los casos lo único que le aportaría es información y no necesariamente la solución del problema que le interesa resolver?
¿Quién está ayudando a los ciudadanos de a pie a traducir los problemas sociales que viven en necesidades informativas, y a plantear éstas en términos de solicitudes de información, y a conectar la información pública que obtengan con posibles soluciones a esos problemas? ¿Quién está enseñando a usar esos “transformadores informativos” que han permitido a ciertos usuarios cambiar un problema o una necesidad social en una solución gracias a una respuesta del gobierno?
Hagamos un ejercicio mental. Supongamos que los puestos de consejeros o comisionados de los órganos de transparencia fuesen cargos de elección popular, y que los aspirantes a ocuparlos debieran hacer campaña electoral. ¿Puede usted imaginar la naturaleza y tipo de propuestas y compromisos de los candidatos que requieren el voto de la población para ganar la elección?
Bien, sin necesidad de que eso ocurra (aunque la idea puede no ser mala), es fácil encontrar en este ejercicio de imaginación varias ideas que pueden estar en sintonía con las necesidades e intereses informativos que la población esperaría satisfacer con una buena ley de transparencia, y con un órgano garante que haga valer el derecho de acceso a la información pública para todos, no sólo para quienes tienen a su alcance la posibilidad de ejercerlo.
México ha iniciado su segunda década con leyes de acceso a la información pública. Es justo que los beneficios de ésta también lleguen ya a otros niveles de la población, a los sectores más necesitados.
Mientras eso no ocurra la transparencia seguirá siendo un derecho de élite. Sólo eso.