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Transparencia para Juan y María
Por SAMUEL BONILLA NÚÑEZ
Abril 27, 2011.
[email protected]
Tan difícil sería encontrar en México alguien que no haya oído hablar de la transparencia gubernamental como a quien haya realizado más de una solicitud de información pública, no digamos encontrar a un número significativo de personas que crean en la transparencia del gobierno.
Los spots del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos) han cumplido su propósito del divulgar la idea de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, pero no podemos esperar que la propaganda haga algo más que eso, y justo eso es lo que se requiere: pasar del discurso y del spot a la formación de usuarios de las 33 leyes de transparencia que hay en el país.
De muy poco sirve a las personas saber que tienen el derecho constitucional de acceder a la información que posee el gobierno si desconocen los procedimientos para hacerlo y los medios de defensa. La mejor manera de que una persona tome conciencia del valor de un derecho es ejerciéndolo.
Fue comprensible que cuando nacieron las leyes de transparencia en México sus promotores expusieran ejemplos teóricos sobre la utilidad que podría tener este derecho y supuestos de cómo lo podríamos aprovechar. Pero nueve años después es exigible no sólo cambiar el discurso a casos reales, sino además generar recursos didácticos (comics, por ejemplo) que muestren una variada tipología de aplicaciones prácticas del acceso a la información basadas en casos específicos y verdaderos.
A largo plazo, sin renovadas evidencias de casos de éxito sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información pública, que alienten un mínimo de expectativas optimistas, la propaganda de la transparencia quedará opacada por realidades inmediatas al ciudadano en sentido opuesto al discurso de los órganos garantes de este derecho y tendrá un efecto contraproducente, de irritante ironía.
No podrá haber discursos triunfalistas sobre la consolidación de este derecho sin su apropiación activa y efectiva por parte de amplios y diversos sectores de la población.
Para ello no bastará con aumentar los dígitos del padrón de usuarios de las leyes de transparencia y que se eleve el número de solicitudes de información. Es necesario que el grueso de los integrantes de esa nueva base de usuarios haga algo mucho más significativo que oprimir el botón de “enviar” una solicitud desde una computadora, es necesario que le encuentre sentido a este derecho, experimentando en carne propia sus bondades o al menos siendo testigo de primera fila de su utilidad tangible en su grupo de aprendizaje, de trabajo o de vecinos.
En tanto este derecho no cobre sentido para el ciudadano de a pie no le significará absolutamente nada, será una ley más que sólo genera más gasto público.
Si en nuestra Constitución el acceso a la información es un derecho, en la práctica se trata de un privilegio de unos cientos de miles de personas. Y hay que considerar que un número significativo de esos privilegiados sólo han hecho una petición de información y permanecen en un estado de usuarios inactivos o que desistieron.
Y éste debiera ser un reto de máxima prioridad en la agenda de los órganos garantes de la transparencia, hacer del derecho de acceso a la información pública una realidad para toda persona.
Resulta entonces necesario construir estrategias para expandir el ejercicio de este derecho así como desarrollar modelos didácticos para la formación de usuarios de las leyes de transparencia, que atiendan a grupos poblacionales tan variados como los que pueden encontrarse entre los 113 millones de habitantes del país; considerando, desde luego, a sectores marginados, indígenas, analfabetos y minusválidos.
A partir de experiencias ciudadanas en este campo se puede decir que la formación de usuarios del derecho de acceso a la información pública comprende literalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no porque éste ocurra en forma unidireccional, sino porque quien enseña termina aprendiendo también.
Enseñanza que se genera para dotar a los aprendices de los conocimientos y habilidades, pero principalmente actitudes, sobre el ejercicio de este derecho; y aprendizaje que experimentan los conductores de la formación a partir de la aplicación personal que cada aprendiz da a este derecho y de los resultados que obtiene.
Y en esto último radica quizás la mayor riqueza de estos procesos de formación, en el descubrimiento de nuevas aplicaciones que puede tener este derecho en la vida cotidiana de personas ordinarias, lo que a su vez adquiere un gran valor didáctico para persuadir de su utilidad a futuros aprendices.
Sería como un carpintero que enseña los fundamentos de su oficio a personas que construirán muebles a la medida de sus necesidades.
Había un maestro que en sus inicios decía en tono de broma a sus alumnos que al dar sus clases era más lo que aprendía que lo que enseñaba. Años después sigue diciendo lo mismo, pero ahora sin el menor asomo de broma. Y ello ocurre en buena medida cuando estamos atentos a cómo se apropian los alumnos de los aprendizajes que adquieren.
Pero hay otros alcances que puede tener el derecho de acceso a la información más allá de la sola respuesta recibida o del efecto que la solicitud haya producido en una oficina de gobierno, pero para ello se requiere el ejercicio o el reclamo de otros derechos. Pero en este nivel el solicitante promedio requiere de apoyo, de asesoría, para poder continuar. ¿Quién se la está proporcionando?, o al menos ¿quién lo está orientando sobre dónde conseguir ese apoyo?
Cuando un ciudadano –tradicionalmente escéptico de la transparencia gubernamental, de la eficacia de las leyes de transparencia y de los órganos garantes de este derecho– se enfrenta a la falta de respuesta, a una respuesta insatisfactoria o a la ausencia de asesoría y orientación para que el derecho a la información le sirva para ejercer otros derechos, desiste y abandona no sólo su solicitud sino el tema por completo. Y suele convertirse en un eficaz detractor de la transparencia.
Más que formar solicitantes de información en un par de sesiones, es necesario formar usuarios de este derecho en un proceso integral en el que ellos tengan el acompañamiento calificado desde la formulación de sus solicitudes (cómo redactarlas y a quién dirigirlas), hasta la interpretación de las respuestas (es una necesidad frecuente), la interposición de recursos de revisión (cómo hacerlo) o en su caso de amparo, hasta el cómo poder utilizar la información para satisfacer la necesidad de cada usuario.
Se trata de una tarea que rebasa a los órganos garantes de la transparencia, pero que ineludiblemente les corresponde a ellos emprender, con toda formalidad y prontitud, porque embarga un impacto social de alcances insospechados, y cualquiera de ellos puede dar testimonio de ello.
Para hacer factible tal cometido es deseable el concurso de Instituciones públicas del perfil de Sedesol, Indesol, SEP, Conaculta, SCT, además de los gobiernos estatales y municipales; y desde luego organizaciones de la sociedad civil con la capacidad de cultivar esta alfabetización sobre el aprovechamiento derecho de acceso a la información pública desde una perspectiva netamente ciudadana e integral (acceso a la información federal, estatal y municipal).
También podremos decidir, por la vía de la omisión, no hacer nada. Entonces, María, Juan, Pedro, Guille, Raquel y millones de mexicanos más acaso sabrán por los mensajes propagandísticos que éste es un derecho garantizado por la Constitución, el cual jamás podrán ejercer para mejorar sus condiciones de vida.
Abril 27, 2011.
[email protected]
Tan difícil sería encontrar en México alguien que no haya oído hablar de la transparencia gubernamental como a quien haya realizado más de una solicitud de información pública, no digamos encontrar a un número significativo de personas que crean en la transparencia del gobierno.
Los spots del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos) han cumplido su propósito del divulgar la idea de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, pero no podemos esperar que la propaganda haga algo más que eso, y justo eso es lo que se requiere: pasar del discurso y del spot a la formación de usuarios de las 33 leyes de transparencia que hay en el país.
De muy poco sirve a las personas saber que tienen el derecho constitucional de acceder a la información que posee el gobierno si desconocen los procedimientos para hacerlo y los medios de defensa. La mejor manera de que una persona tome conciencia del valor de un derecho es ejerciéndolo.
Fue comprensible que cuando nacieron las leyes de transparencia en México sus promotores expusieran ejemplos teóricos sobre la utilidad que podría tener este derecho y supuestos de cómo lo podríamos aprovechar. Pero nueve años después es exigible no sólo cambiar el discurso a casos reales, sino además generar recursos didácticos (comics, por ejemplo) que muestren una variada tipología de aplicaciones prácticas del acceso a la información basadas en casos específicos y verdaderos.
A largo plazo, sin renovadas evidencias de casos de éxito sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información pública, que alienten un mínimo de expectativas optimistas, la propaganda de la transparencia quedará opacada por realidades inmediatas al ciudadano en sentido opuesto al discurso de los órganos garantes de este derecho y tendrá un efecto contraproducente, de irritante ironía.
No podrá haber discursos triunfalistas sobre la consolidación de este derecho sin su apropiación activa y efectiva por parte de amplios y diversos sectores de la población.
Para ello no bastará con aumentar los dígitos del padrón de usuarios de las leyes de transparencia y que se eleve el número de solicitudes de información. Es necesario que el grueso de los integrantes de esa nueva base de usuarios haga algo mucho más significativo que oprimir el botón de “enviar” una solicitud desde una computadora, es necesario que le encuentre sentido a este derecho, experimentando en carne propia sus bondades o al menos siendo testigo de primera fila de su utilidad tangible en su grupo de aprendizaje, de trabajo o de vecinos.
En tanto este derecho no cobre sentido para el ciudadano de a pie no le significará absolutamente nada, será una ley más que sólo genera más gasto público.
Si en nuestra Constitución el acceso a la información es un derecho, en la práctica se trata de un privilegio de unos cientos de miles de personas. Y hay que considerar que un número significativo de esos privilegiados sólo han hecho una petición de información y permanecen en un estado de usuarios inactivos o que desistieron.
Y éste debiera ser un reto de máxima prioridad en la agenda de los órganos garantes de la transparencia, hacer del derecho de acceso a la información pública una realidad para toda persona.
Resulta entonces necesario construir estrategias para expandir el ejercicio de este derecho así como desarrollar modelos didácticos para la formación de usuarios de las leyes de transparencia, que atiendan a grupos poblacionales tan variados como los que pueden encontrarse entre los 113 millones de habitantes del país; considerando, desde luego, a sectores marginados, indígenas, analfabetos y minusválidos.
A partir de experiencias ciudadanas en este campo se puede decir que la formación de usuarios del derecho de acceso a la información pública comprende literalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no porque éste ocurra en forma unidireccional, sino porque quien enseña termina aprendiendo también.
Enseñanza que se genera para dotar a los aprendices de los conocimientos y habilidades, pero principalmente actitudes, sobre el ejercicio de este derecho; y aprendizaje que experimentan los conductores de la formación a partir de la aplicación personal que cada aprendiz da a este derecho y de los resultados que obtiene.
Y en esto último radica quizás la mayor riqueza de estos procesos de formación, en el descubrimiento de nuevas aplicaciones que puede tener este derecho en la vida cotidiana de personas ordinarias, lo que a su vez adquiere un gran valor didáctico para persuadir de su utilidad a futuros aprendices.
Sería como un carpintero que enseña los fundamentos de su oficio a personas que construirán muebles a la medida de sus necesidades.
Había un maestro que en sus inicios decía en tono de broma a sus alumnos que al dar sus clases era más lo que aprendía que lo que enseñaba. Años después sigue diciendo lo mismo, pero ahora sin el menor asomo de broma. Y ello ocurre en buena medida cuando estamos atentos a cómo se apropian los alumnos de los aprendizajes que adquieren.
Pero hay otros alcances que puede tener el derecho de acceso a la información más allá de la sola respuesta recibida o del efecto que la solicitud haya producido en una oficina de gobierno, pero para ello se requiere el ejercicio o el reclamo de otros derechos. Pero en este nivel el solicitante promedio requiere de apoyo, de asesoría, para poder continuar. ¿Quién se la está proporcionando?, o al menos ¿quién lo está orientando sobre dónde conseguir ese apoyo?
Cuando un ciudadano –tradicionalmente escéptico de la transparencia gubernamental, de la eficacia de las leyes de transparencia y de los órganos garantes de este derecho– se enfrenta a la falta de respuesta, a una respuesta insatisfactoria o a la ausencia de asesoría y orientación para que el derecho a la información le sirva para ejercer otros derechos, desiste y abandona no sólo su solicitud sino el tema por completo. Y suele convertirse en un eficaz detractor de la transparencia.
Más que formar solicitantes de información en un par de sesiones, es necesario formar usuarios de este derecho en un proceso integral en el que ellos tengan el acompañamiento calificado desde la formulación de sus solicitudes (cómo redactarlas y a quién dirigirlas), hasta la interpretación de las respuestas (es una necesidad frecuente), la interposición de recursos de revisión (cómo hacerlo) o en su caso de amparo, hasta el cómo poder utilizar la información para satisfacer la necesidad de cada usuario.
Se trata de una tarea que rebasa a los órganos garantes de la transparencia, pero que ineludiblemente les corresponde a ellos emprender, con toda formalidad y prontitud, porque embarga un impacto social de alcances insospechados, y cualquiera de ellos puede dar testimonio de ello.
Para hacer factible tal cometido es deseable el concurso de Instituciones públicas del perfil de Sedesol, Indesol, SEP, Conaculta, SCT, además de los gobiernos estatales y municipales; y desde luego organizaciones de la sociedad civil con la capacidad de cultivar esta alfabetización sobre el aprovechamiento derecho de acceso a la información pública desde una perspectiva netamente ciudadana e integral (acceso a la información federal, estatal y municipal).
También podremos decidir, por la vía de la omisión, no hacer nada. Entonces, María, Juan, Pedro, Guille, Raquel y millones de mexicanos más acaso sabrán por los mensajes propagandísticos que éste es un derecho garantizado por la Constitución, el cual jamás podrán ejercer para mejorar sus condiciones de vida.