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A los diputados de oposición
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 23, 2012
La reglamentación de las candidaturas independientes será una de las materias más controvertidas y de mayor relevancia de la reforma política que debe quedar aprobada antes de que se inicie el proceso electoral del 2015, y en la que es previsible que los diputados se vean presionados por sus propios partidos para imponerles un sinnúmero de requisitos que desalienten las pretensiones de los ciudadanos de participar por un puesto de elección popular al margen de la tutela de los partidos políticos, como actualmente obliga la Ley. Los diputados de San Luis Potosí también deberán adecuar la Ley Electoral del Estado a esta transformación política nacional. El monto del financiamiento público a que tendrán derecho los candidatos independientes y el número de electores que deben acompañar su solicitud de registro serán las barreras con las que evitarán que cualquier aventurero les quiera hacer la competencia.
Los diputados de oposición deben denunciar los ilícitos en que incurrió la administración municipal de Victoria Labastida al no haber solicitado ni obtenido la autorización del Congreso del Estado para enajenar varios inmuebles, con el pretexto de que si el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor un caso especial que le permitía prescindir de este requisito, entonces, esta sentencia le valdría para que todos los otros asuntos que tuvieran alguna similitud con el anterior corrieran con la misma suerte. Criterio que aplicaron a sabiendas que violaban la Constitución del Estado y otras leyes, y nada les hubiera costado haber obtenido los permisos correspondientes. Los notarios que formalizaron estas operaciones –que son nulas- también deben ser sancionados.
Los diputados de oposición deben denunciar el ilícito en que incurrió la administración de Victoria Labastida al haber aplicado más de 20 millones de pesos de recursos federales en la construcción de la Subcomandancia Regional Poniente, ubicada en el fraccionamiento San Ángel de esta ciudad, sin que el Ayuntamiento cuente con el título de propiedad que lo ampare como propietaria, y por la inseguridad jurídica de que la adquisición se encuentra en trámite ante diversas instancias que aún no se han pronunciado.
Los diputados de oposición que forman parte de la Comisión de Vigilancia deben publicar en sus sitios de internet los informes finales de las auditorías de las cuentas públicas tan pronto como se los entregue el auditor, lo mismo que los informes financieros trimestrales con todos sus anexos. Es una aberración que las comisiones dictaminadoras de la anterior Legislatura hayan desechado la iniciativa de la diputada priista Bernardina Lara que proponía modificar la Ley de la Auditoría Superior del Estado para que los informes del auditor tuvieran carácter público a partir de la fecha de su recepción. Con argumentos absurdos que violan la Constitución del Estado y la Ley de Transparencia, el contador Héctor Mayorga enredó a los diputados con sus falaces observaciones, de tal manera que sin ninguna otra opinión ni estudio rechazaron la propuesta de la priista de transparentar el gasto público.
Los diputados de oposición deben entender que la Comisión de Vigilancia quedó reducida a un mero elemento decorativo dentro del aparato de fiscalización y que difícilmente pueden intervenir en las tareas de revisión que le corresponden a este organismo, pues su participación en los informes finales de las cuentas públicas que practica la Auditoría Superior del Estado está circunscrita únicamente a establecer si ésta las realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia, es decir si se cuidaron las formas, pero sin modificar el fondo y sus resultados. Sin embargo están facultados para solicitar los pliegos de las observaciones que detectaron los auditores con el objeto de analizar las irregularidades administrativas y daños patrimoniales asentados en sus hojas de trabajo; y en su caso, cómo fueron solventadas. A Héctor Mayorga se le deben fincar responsabilidades por haberse apropiado del importe de las multas que en los últimos años cobró a varios funcionarios públicos, pero que no entregó a la Secretaría de Finanzas como lo obliga la Ley. Este ilícito -que tenemos debidamente documentado- sería suficiente para demandar su cese.
Antes del 16 de noviembre, los nuevos diputados recibirán por parte del gobernador del Estado la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2013, en el que deberán estar incluidos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la de los organismos constitucionales autónomos, para ser sometidos a su consideración. Esta es la oportunidad para que los diputados de oposición fijen una postura congruente con la situación económica que vive la mayoría de la población reduciendo a la mitad las remuneraciones del gobernador y de la alta burocracia, en el entendido de que nadie, ni los diputados o presidentes municipales puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. Es también la oportunidad para sumar todos los ingresos que reciben estos funcionarios por diferentes conceptos y presentarlos en una cifra total que registre el ingreso anual sin trampas ni ocultamientos distinguiendo muy bien los apoyos y gastos a que tienen derecho, y que en todo caso no forman parte de sus remuneraciones.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 23, 2012
La reglamentación de las candidaturas independientes será una de las materias más controvertidas y de mayor relevancia de la reforma política que debe quedar aprobada antes de que se inicie el proceso electoral del 2015, y en la que es previsible que los diputados se vean presionados por sus propios partidos para imponerles un sinnúmero de requisitos que desalienten las pretensiones de los ciudadanos de participar por un puesto de elección popular al margen de la tutela de los partidos políticos, como actualmente obliga la Ley. Los diputados de San Luis Potosí también deberán adecuar la Ley Electoral del Estado a esta transformación política nacional. El monto del financiamiento público a que tendrán derecho los candidatos independientes y el número de electores que deben acompañar su solicitud de registro serán las barreras con las que evitarán que cualquier aventurero les quiera hacer la competencia.
Los diputados de oposición deben denunciar los ilícitos en que incurrió la administración municipal de Victoria Labastida al no haber solicitado ni obtenido la autorización del Congreso del Estado para enajenar varios inmuebles, con el pretexto de que si el Poder Judicial de la Federación resolvió a su favor un caso especial que le permitía prescindir de este requisito, entonces, esta sentencia le valdría para que todos los otros asuntos que tuvieran alguna similitud con el anterior corrieran con la misma suerte. Criterio que aplicaron a sabiendas que violaban la Constitución del Estado y otras leyes, y nada les hubiera costado haber obtenido los permisos correspondientes. Los notarios que formalizaron estas operaciones –que son nulas- también deben ser sancionados.
Los diputados de oposición deben denunciar el ilícito en que incurrió la administración de Victoria Labastida al haber aplicado más de 20 millones de pesos de recursos federales en la construcción de la Subcomandancia Regional Poniente, ubicada en el fraccionamiento San Ángel de esta ciudad, sin que el Ayuntamiento cuente con el título de propiedad que lo ampare como propietaria, y por la inseguridad jurídica de que la adquisición se encuentra en trámite ante diversas instancias que aún no se han pronunciado.
Los diputados de oposición que forman parte de la Comisión de Vigilancia deben publicar en sus sitios de internet los informes finales de las auditorías de las cuentas públicas tan pronto como se los entregue el auditor, lo mismo que los informes financieros trimestrales con todos sus anexos. Es una aberración que las comisiones dictaminadoras de la anterior Legislatura hayan desechado la iniciativa de la diputada priista Bernardina Lara que proponía modificar la Ley de la Auditoría Superior del Estado para que los informes del auditor tuvieran carácter público a partir de la fecha de su recepción. Con argumentos absurdos que violan la Constitución del Estado y la Ley de Transparencia, el contador Héctor Mayorga enredó a los diputados con sus falaces observaciones, de tal manera que sin ninguna otra opinión ni estudio rechazaron la propuesta de la priista de transparentar el gasto público.
Los diputados de oposición deben entender que la Comisión de Vigilancia quedó reducida a un mero elemento decorativo dentro del aparato de fiscalización y que difícilmente pueden intervenir en las tareas de revisión que le corresponden a este organismo, pues su participación en los informes finales de las cuentas públicas que practica la Auditoría Superior del Estado está circunscrita únicamente a establecer si ésta las realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia, es decir si se cuidaron las formas, pero sin modificar el fondo y sus resultados. Sin embargo están facultados para solicitar los pliegos de las observaciones que detectaron los auditores con el objeto de analizar las irregularidades administrativas y daños patrimoniales asentados en sus hojas de trabajo; y en su caso, cómo fueron solventadas. A Héctor Mayorga se le deben fincar responsabilidades por haberse apropiado del importe de las multas que en los últimos años cobró a varios funcionarios públicos, pero que no entregó a la Secretaría de Finanzas como lo obliga la Ley. Este ilícito -que tenemos debidamente documentado- sería suficiente para demandar su cese.
Antes del 16 de noviembre, los nuevos diputados recibirán por parte del gobernador del Estado la iniciativa del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2013, en el que deberán estar incluidos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la de los organismos constitucionales autónomos, para ser sometidos a su consideración. Esta es la oportunidad para que los diputados de oposición fijen una postura congruente con la situación económica que vive la mayoría de la población reduciendo a la mitad las remuneraciones del gobernador y de la alta burocracia, en el entendido de que nadie, ni los diputados o presidentes municipales puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. Es también la oportunidad para sumar todos los ingresos que reciben estos funcionarios por diferentes conceptos y presentarlos en una cifra total que registre el ingreso anual sin trampas ni ocultamientos distinguiendo muy bien los apoyos y gastos a que tienen derecho, y que en todo caso no forman parte de sus remuneraciones.